La sesión del miércoles en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos no fue un mero trámite legislativo, sino la materialización de una profunda fractura política que trasciende lo partidista para instalarse en el núcleo de la gestión económica del Estado. El rechazo inédito y en bloque de la oposición a 29 partidas y al articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 representa un golpe de fuerza estratégico, cuyo objetivo declarado es forzar una renegociación, pero que revela una crisis de confianza en las bases mismas de la propuesta gubernamental.
La Sombra del Antiguo Modelo: Marcel vs. Grau
El debate se vio marcado desde su inicio por una comparación que delata dos estilos antagónicos de gestión. La nostalgia expresada por el diputado Miguel Mellado —“Como se echa de menos al ministro Marcel. Él sabía llegar a acuerdos”— no es una mera anécdota, sino la constatación de un cambio de paradigma en la relación Ejecutivo-Legislativo. Esta percepción, reforzada por el diputado UDI Felipe Donoso —quien afirmó que “el estilo Grau resucita el frenteamplismo y hace olvidar el ánimo de llegar a acuerdos de Marcel”—, sitúa al actual ministro de Hacienda como la encarnación de una rigidez que, para la oposición, impide el diálogo. Frente a esto, la administración Boric parece enfrentar el desafío de equilibrar sus principios programáticos con la pragmática necesaria para la gobernabilidad.
El Muro de la Desconfianza: Transparencia y Sostenibilidad Fiscal
El núcleo del conflicto no radica únicamente en desacuerdos ideológicos, sino en una cuestionamiento fundamental a la solvencia de las proyecciones gubernamentales. La oposición articuló un discurso unificado en torno a la falta de transparencia y una supuesta sobreestimación de los ingresos. La senadora Ximena Rincón (Demócratas) argumentó que existe un “problema de falta de información o poca transparencia”, basándose en el incumplimiento de las estimaciones de años anteriores. Esta desconfianza se agrava con la advertencia del senador RN Rodrigo Galilea sobre el “ritmo preocupante” del endeudamiento, que superaría los límites recomendados y desviaría recursos de necesidades sociales hacia el pago de intereses, un argumento que busca conectar la disputa técnica con el impacto ciudadano.
La Batalla de las Propuestas: Recortes versus Gasto Social
La discusión dejó en evidencia la ausencia de un terreno común. La oposición, a través de una propuesta concreta del diputado republicano Agustín Romero, exigió un recorte cercano a los US$2.000 millones, aunque sin detallar su procedencia. Este vacío fue el principal flanco de ataque del oficialismo. El ministro Grau desestimó la propuesta con un contundente argumento de carga de la prueba: “Debe ser explicada al país. De dónde van a sacar todo lo que quieren recortar, para recortar la PGU, para recortar otros derechos sociales… Eso es justamente lo que nosotros no compartimos”. Esta réplica sitúa el debate en el campo de la protección social versus la austeridad fiscal, una dicotomía clásica pero con alta carga política.
La Retórica del Enfrentamiento: Estrategia Política versus Negociación
El lenguaje utilizado por los actores revela la profundidad del desencuentro. Para el ministro Grau, el rechazo masivo “defrauda al país” y responde a una “decisión política, probablemente con una motivación electoral, de rechazarlo todo”. Esta narrativa de un boicot premeditado fue secundada por diputadas oficialistas como Camila Rojas (Frente Amplio), quien criticó la falta de concreción de los recortes propuestos, y Gael Yeomans (Frente Amplio), quien acusó a la derecha de haber “dilatado” el proceso para llegar a un rechazo ya decidido de antemano.
Conclusión: Un Pulso Pospuesto para un Escenario Incierto
El rechazo del Presupuesto 2026 en comisión no es un final, sino la apertura de un pulso de mayor envergadura. La posposición de la discusión para después de las elecciones de noviembre transforma la ley de finanzas en un elemento central de la campaña y condiciona su tramitación a los resultados electorales. El gobierno enfrenta el desafío de reconstruir puentes con una oposición que ha demostrado su capacidad de acción unificada, mientras que la oposición carga con la responsabilidad de demostrar que su estrategia de bloqueo no es meramente obstructiva, sino que conduce a una propuesta alternativa viable. El legado de la administración Boric y la estabilidad fiscal del país se juegan en esta compleja ecuación, donde la técnica económica y la estrategia política están irrevocablemente entrelazadas.
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