La tensión crece en Río de Janeiro tras la megaoperación policial en los complejos de favelas do Alemão y da Penha, que dejó decenas de muertos y ha desatado temores de represalias del Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.
El principal objetivo de la operación, Edgar Alves Andrade, alias “Doca da Penha” o “Urso”, uno de los líderes del grupo, sigue prófugo. Su paradero es desconocido, y las autoridades temen que pueda impulsar una venganza inminente, reavivando un escenario de violencia similar al vivido en San Pablo en 2006, cuando el Primer Comando de la Capital (PCC) desató una ola de ataques que dejó más de 500 muertos tras el traslado de cientos de reclusos a una prisión de máxima seguridad.
Refuerzo en las cárceles y traslado de la cúpula criminal
Ante la posibilidad de represalias, las autoridades brasileñas han reforzado la seguridad penitenciaria y ordenado el traslado de los principales líderes del Comando Vermelho a Bangu 1, una cárcel de máxima seguridad en Río, antes de enviarlos a prisiones federales más seguras.
Entre los trasladados figuran Marco Antonio Pereira Firmino, alias “My Thor”, y Rian Maurício Tavares Mota, conocido como “Da Marinha”, un experto en el uso de drones para operaciones criminales. La medida busca aislar a los cabecillas y cortar toda comunicación con los líderes ya encarcelados, como Fernandinho Beira-Mar y Marcinho VP.
Fuentes policiales informaron a Infobae que la reacción armada del Comando Vermelho, con drones bomba y fusiles de alto calibre, habría sido coordinada desde el interior de la prisión de Bangu III. El CV, al igual que el PCC, mantiene el control interno de los presidios, lo que aumenta el riesgo de revueltas carcelarias en los próximos días.
Polémica y denuncia de “masacre”
La operación ha generado indignación en las comunidades afectadas. En redes sociales vinculadas al entorno de Marcinho VP, se calificó la acción policial como una “masacre”. “Hoy Río se ha convertido en escenario de luto e indignación. La favela pide paz”, se lee en una publicación en Instagram acompañada de imágenes de las víctimas.
Según informes, más de 70 cuerpos fueron trasladados en las últimas horas y expuestos públicamente en una plaza del Complexo da Penha. El secretario de Policía Civil, Felipe Curi, anunció una investigación por fraude procesal, señalando que los cadáveres “aparecieron sin equipo militar, a pesar de haber sido hallados con chalecos antibalas y trajes de camuflaje”.
Reacciones del Gobierno de Río y tensiones con Lula
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro (Partido Liberal), defendió la operación, calificándola como “un éxito” y afirmando que “las únicas víctimas fueron policías”. Castro aprovechó para criticar al Gobierno federal, acusándolo de falta de apoyo logístico.
El mandatario regional sostuvo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva le negó en tres ocasiones el uso de vehículos blindados de la Marina, por temor a que pudieran ser robados por los narcotraficantes. Según el portal Poder360, para autorizar su uso Lula habría tenido que firmar una Garantía de la Ley y el Orden (GLO), medida que implica movilizar a las Fuerzas Armadas y asumir altos costos operativos.
En medio de la crisis, el gobernador de Pará, Helder Barbalho (MDB), confirmó que Lula planea decretar una GLO durante la COP30, la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Brasil.
Crisis política y respuesta del Gobierno federal
Tras la operación, se llevó a cabo una reunión de emergencia en el Palacio de la Alvorada, encabezada por ministros y el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. Este último confirmó que la Policía Militar de Río había contactado a la institución “a nivel operativo” sobre una gran intervención en la ciudad.
Sin embargo, altos mandos de la Policía Federal consideraron que la operación no era razonable ni se ajustaba a su protocolo de actuación. El analista de Globo, Octavio Guedes, señaló que “el Gobierno federal no sabe cómo reaccionar; se encuentra políticamente acorralado tras la operación más letal con repercusión internacional en años”.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, junto al gobernador Castro, anunció la creación de una oficina de emergencia para la lucha contra el crimen organizado, aunque no se han entregado detalles sobre su funcionamiento.
Lula opta por el silencio público
El presidente Lula da Silva evitó pronunciarse directamente sobre la tragedia durante la toma de posesión de Guilherme Boulos como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Según el diario O Globo, se temía que un comentario pudiera inflamar la disputa política.
Horas más tarde, el mandatario publicó un mensaje en X (Twitter):
“No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y difundiendo drogas y violencia en las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que golpee la columna vertebral del narcotráfico sin poner en peligro a policías, niños y familias inocentes”, escribió.
Repercusiones internacionales y presión de Estados Unidos
El caso ya tiene repercusiones internacionales. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó la operación y pidió “investigaciones rápidas y eficaces”, recordando el historial de brutalidad policial en Brasil.
En tanto, Estados Unidos ha emitido una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Río, advirtiendo que “la situación está evolucionando rápidamente”.
El Gobierno de Washington ha reiterado su solicitud a Brasilia de designar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas, algo que Lula ha rechazado por considerar que “no poseen motivación ideológica, sino criminal”. No obstante, la crisis en Río podría reavivar la presión diplomática.
El abogado estadounidense Martin De Luca, cercano a Donald Trump, publicó en X que “lo que está sucediendo en Río era inevitable; el Gobierno federal se ha negado a enfrentar al PCC y al Comando Vermelho en nombre de la soberanía”, y concluyó: “Brasil debe decidir si quiere una soberanía que proteja a los ciudadanos o a los criminales”.
Investigación parlamentaria y judicial
El Congreso brasileño ha anunciado la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para analizar la operación. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre (Unión Brasil), informó que los trabajos comenzarán el 4 de noviembre, con el objetivo de “investigar la estructura y expansión del crimen organizado y las milicias”.
Paralelamente, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, citó al gobernador Cláudio Castro para el 3 de noviembre, a fin de explicar los detalles de la operación a petición del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
El “caso Río de Janeiro” podría convertirse en uno de los mayores desafíos políticos y de seguridad del Gobierno de Lula, con potencial impacto en las elecciones presidenciales del próximo año, donde la seguridad pública promete ser uno de los temas centrales del debate nacional.
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