La organización Transparencia Venezuela denunció que las criptomonedas se han convertido en el principal canal de corrupción financiera y evasión de sanciones internacionales por parte del régimen de Nicolás Maduro, involucrando a altos funcionarios del chavismo, empresas privadas y bancos nacionales que operan bajo protección estatal.
De acuerdo con el informe presentado por la ONG, el sistema criptográfico nacional, que el gobierno de Caracas promovió como un símbolo de “soberanía digital”, ha sido manipulado para desviar miles de millones de dólares en fondos públicos y blanquear activos mediante operaciones opacas y carentes de supervisión.
El Petro: fachada de una trama multimillonaria
Entre los hallazgos más relevantes, el informe detalla que, entre 2017 y 2025, el régimen utilizó el criptoactivo Petro como fachada para realizar ventas ilegales de petróleo y esquivar sanciones internacionales.
La investigación identifica la llamada “trama PDVSA–Cripto”, encabezada por el ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo Tareck El Aissami —actualmente detenido—, junto con el ex superintendente de criptoactivos Joselit Ramírez. Ambos habrían facilitado un desfalco de al menos 16.950 millones de dólares, apoyados en una red institucional creada para blindar y manipular operaciones financieras, incluyendo la Sunacrip, la Tesorería de Criptoactivos y diversas plataformas de minería controladas por el Estado.
El informe subraya que el Petro nunca funcionó como una criptomoneda descentralizada, sino como un instrumento de control político y financiero, que permitió al régimen ocultar transacciones petroleras y cambiarias fuera del radar fiscal y judicial, tanto nacional como internacional.
El paso a las stablecoins: un nuevo mecanismo de opacidad
Tras el colapso del Petro en 2024, el chavismo habría iniciado una nueva fase basada en el uso de stablecoins, principalmente USDC y USDT, en colaboración con empresas privadas con licencias estatales, entre ellas Kontigo y Crixto Pay.
Estas compañías, según Transparencia Venezuela, gestionan millones de dólares en transacciones sin controles efectivos de origen o verificación de identidad. La compra de stablecoins a tasa oficial y su posterior reventa a precios del mercado paralelo habría generado un circuito de arbitraje y lavado digital, capaz de convertir activos ilícitos en divisas “legítimas” respaldadas institucionalmente.
El esquema, que involucra a bancos privados como Bancamiga, Banco Plaza y Banco Activo, permitió —según el informe— recargas mensuales de hasta 100.000 USDC en efectivo, sin trazabilidad ni verificación sobre los beneficiarios finales.
Tecnología blockchain al servicio de la corrupción
El modus operandi descrito recuerda al antiguo sistema del dólar preferencial, aunque repotenciado con tecnología blockchain y con aún menos controles regulatorios.
Transparencia Venezuela advierte que esta nueva triangulación financiera mantiene la misma lógica de opacidad: recursos estatales canalizados a manos privadas, reconvertidos mediante plataformas cripto que permiten transferencias internacionales sin supervisión.
“El proyecto de modernización financiera que el gobierno prometió no ha sido más que un mecanismo sofisticado para sostener la corrupción sistémica y eludir sanciones internacionales”, señala el informe.
Conclusiones: una “reinvención” del saqueo estatal
La ONG concluye que la reinvención del sistema financiero venezolano bajo el chavismo representa una profundización de los mecanismos tradicionales de desfalco, ahora camuflados detrás de plataformas digitales y empresas cripto protegidas oficialmente.
Asimismo, Transparencia Venezuela exhortó a la comunidad internacional a reforzar los controles financieros y exigir transparencia real en las operaciones venezolanas, con el fin de evitar que las criptomonedas continúen siendo utilizadas como herramientas de corrupción, lavado de dinero y evasión de sanciones.
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