Tras 43 días de parálisis gubernamental, el Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que pone fin al cierre federal más prolongado de la historia del país, una crisis institucional que dejó en evidencia las profundas divisiones partidistas y el alto costo económico del enfrentamiento político entre republicanos y demócratas.
La Cámara de Representantes otorgó la aprobación final con 222 votos a favor y 209 en contra, después de seis semanas de negociaciones trabadas en torno al futuro del programa de salud Obamacare, convertido una vez más en el eje de disputa ideológica entre ambos partidos. El Senado ya había dado su visto bueno, permitiendo así el envío del texto al presidente Donald Trump para su promulgación inmediata.
El acuerdo establece un nuevo límite de financiación hasta el 30 de enero y asegura recursos para agencias clave durante el resto del año fiscal 2026, evitando de momento nuevas confrontaciones presupuestarias. Sin embargo, más que un consenso duradero, la medida parece funcionar como una tregua temporal dentro de una pugna más amplia sobre el papel del Estado en materia social y sanitaria.
Las consecuencias del cierre fueron severas. Cientos de miles de empleados federales quedaron sin percibir salario por más de un mes, mientras que sectores como el transporte aéreo, la seguridad y los servicios públicos sufrieron interrupciones críticas. Viajeros varados en aeropuertos, familias recurriendo a bancos de alimentos y oficinas paralizadas se convirtieron en imágenes recurrentes del costo humano de la crisis.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el cierre provocó una pérdida de crecimiento económico cercana a los 14.000 millones de dólares, afectando tanto el consumo interno como la productividad de agencias gubernamentales esenciales.
En la Cámara Baja, el apoyo al texto fue mayoritariamente republicano, aunque un pequeño grupo de demócratas moderados también respaldó el acuerdo. La oposición provino, en su mayoría, del sector progresista demócrata, que calificó el compromiso como una “concesión política sin contrapartida social”, al no incluir la extensión de un crédito fiscal sanitario destinado a reducir el costo del seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
El paquete aprobado garantiza la financiación de la construcción militar, los programas para veteranos, el Departamento de Agricultura y el propio Congreso hasta el otoño de 2026, mientras que el resto de las agencias federales operarán con recursos asegurados solo hasta finales de enero.
Con la entrada en vigor de la ley, cerca de 670.000 trabajadores públicos suspendidos podrán reincorporarse a sus funciones, y otro número similar —entre ellos más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad aeroportuaria— recibirá los salarios atrasados.
Aun así, el episodio deja una lección estructural: el prolongado cierre no fue solo un impasse presupuestario, sino un síntoma de la creciente disfuncionalidad política de Washington, donde las negociaciones se transforman en escenarios de desgaste institucional y los acuerdos, en simples parches de supervivencia legislativa.
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