La reciente jornada electoral presidencial configuró un escenario altamente competitivo, marcado por una intensa participación ciudadana y una diferencia mínima entre las principales candidaturas. El estrecho resultado confirma que el debate político seguirá abierto hasta el balotaje del 14 de diciembre, donde se medirán dos proyectos diametralmente distintos: Jeannette Jara, representante del oficialismo, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.

La sorpresa estratégica de la noche provino de Franco Parisi, abanderado del Partido de la Gente (PDG), quien logró instalarse en el tercer lugar, superando a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Su votación consolida nuevamente la capacidad del PDG de captar adhesiones fuera del sistema tradicional, tensionando el mapa electoral y obligando a las campañas finalistas a mirar con atención a ese electorado bisagra.


El Reembolso Electoral: Una Herramienta de Transparencia con Estrictas Condiciones

Tras el cierre de los comicios generales, las candidaturas pueden acceder a un mecanismo de reembolso por voto otorgado por el Servicio Electoral (Servel). Su objetivo no es premiar el rendimiento electoral, sino desincentivar el financiamiento irregular y garantizar cierta equidad entre campañas, siempre y cuando se cumplan criterios de rendición claramente establecidos.

Requisitos para acceder al reembolso

La normativa exige tres condiciones fundamentales:

  1. Aprobación previa de la cuenta electoral por parte del Servel, que verifica ingresos y gastos.

  2. No incluir recursos provenientes de vías no autorizadas, como aportes propios, créditos con mandato, terceros o aportes partidarios.

  3. Presentar boletas o facturas vigentes, correspondientes a gastos efectuados dentro del periodo de campaña autorizado.

Es decir, el reembolso no se otorga automáticamente por cada voto obtenido: solo se paga cuando la rendición cumple estrictamente con las reglas legales.


Cuánto paga el Estado por cada voto

La ley distingue distintos montos según la naturaleza de la elección:

  • 0,04 UF por voto en primera vuelta presidencial.

  • 0,01 UF por voto en el balotaje.

  • 0,01 UF adicionales por voto en el caso de candidatas a diputadas o senadoras.

El cálculo se realiza según la Unidad de Fomento (UF) vigente al momento en que el Consejo Directivo del Servel fija los límites de gasto electoral.

Con la UF a $39.643 al 17 de noviembre, cada voto de primera vuelta equivale aproximadamente a $1.585, mientras que el valor del voto en segunda vuelta ronda los $396. En paralelo, los partidos políticos reciben 0,015 UF por voto, cerca de $594.


Los montos estimados para las principales candidaturas

Con más de tres millones de votos cada uno, tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast figuran entre quienes podrían recibir los reembolsos más altos del proceso, siempre sujetos a la validación de sus gastos de campaña.

En tercer lugar, Franco Parisi —con 2.252.649 votos— podría acceder a una cifra que supera los $3.500 millones, dependiendo de qué gastos sean aprobados por el Servel.

En casos como los de Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, los reembolsos se sitúan en un rango que va desde los $ 130 millones a  los $240 millones, en correspondencia con sus votaciones más acotadas.


Un mecanismo acotado: no es dinero libre para los candidatos

Una confusión habitual es considerar el reembolso como ingreso directo o utilizable sin restricciones. En realidad, el sistema funciona como un reintegro de gastos comprobados, y su uso queda estrictamente delimitado.

Así lo explicó el académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, en declaraciones a Alianza Comprueba:

“Sí recibes dinero, pero es a cambio de prestaciones que gastaste en la campaña. Tú rindes con una factura al Servel y te paga esas prestaciones. No es que recibas efectivo directamente por haber participado en una campaña electoral”.

Este matiz es crucial: el reembolso electoral no premia la cantidad de votos, sino la capacidad de justificar y documentar adecuadamente los gastos, cerrando el paso a irregularidades y fortaleciendo la transparencia del proceso democrático.