La muerte de cinco turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine abrió un intenso debate sobre las responsabilidades del Estado en la gestión de uno de los destinos naturales más emblemáticos de Chile. La Cámara Nacional de Comercio (CNC) fue categórica: la tragedia no puede entenderse como un accidente aislado ni como la simple consecuencia de un clima adverso. Por el contrario, constituye —según el gremio— una “falla estructural del Estado”, producto de años de subfinanciamiento, insuficiente presencia operativa en terreno y una administración incapaz de responder a los estándares que exige un parque reconocido mundialmente.
En un comunicado público, la CNC afirmó que la ausencia de guardaparques en el momento crítico —provocada por un cambio de turno— retrasó la reacción inicial en un espacio donde el propio Estado impulsa activamente el turismo de aventura internacional. La entidad recordó que desde hace años se viene advirtiendo sobre un presupuesto insuficiente, dotaciones reducidas, infraestructura de seguridad precaria, información climática débil para los visitantes y una creciente presión sobre el sector privado para suplir funciones estatales esenciales. Aun cuando Torres del Paine recibe cientos de miles de visitantes cada año y genera empleo y desarrollo regional, “no es administrado como un activo estratégico, sino como un área protegida con recursos mínimos”.
Una crisis que coincide con la transición hacia el nuevo servicio de biodiversidad
La CNC también cuestionó la reciente implementación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Aunque reconoce que su objetivo es fortalecer la conservación, el gremio advierte que la reglamentación en curso no garantiza recursos suficientes para operar el parque con estándares acordes a su alta demanda internacional. El temor es que una transición burocrática lenta o un financiamiento insuficiente produzca un deterioro operativo que afecte la seguridad de los visitantes y la reputación turística del país.
Para el sector privado, la tragedia confirma la necesidad de que el Estado asuma de manera indelegable la administración de este destino natural de alta sensibilidad, particularmente cuando su prestigio internacional es un componente relevante del desarrollo económico de la Región de Magallanes. En palabras del gremio: “El sector privado ha hecho su trabajo; ahora es el Estado quien debe asumir su responsabilidad”.
La confirmación de Conaf: un punto crítico sin guardaparques
Las advertencias del sector privado se vieron reforzadas por las declaraciones del director regional de Conaf, Mauricio Ruiz, quien confirmó que durante las jornadas críticas del domingo y lunes no había personal en el campamento Los Perros, punto clave del circuito “O”. Desde allí partieron los cinco turistas —dos mexicanos, dos alemanes y una británica— antes de dirigirse al paso John Garner, uno de los tramos más exigentes y peligrosos del parque.
Ruiz explicó a 24 Horas que los dos funcionarios asignados al sector descendieron el día 16 hacia la portería de Laguna Amarga para ejercer su derecho a voto, en una jornada que además coincidía con cambio de turno. Esto implicó un desplazamiento extenso que les impidió regresar a tiempo al campamento, dejando desprotegida la zona más compleja de la montaña. “Ese día, efectivamente, estaba sin guardaparques en ese lugar”, reconoció la autoridad.
Mientras la Fuerza Aérea recuperaba los cuerpos y la Fiscalía iniciaba una investigación para determinar responsabilidades, quedó en evidencia que la ausencia de personal estatal en un punto estratégico del circuito no fue un fenómeno excepcional, sino una señal más de una estructura operativa debilitada.
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