En una decisión que marca un punto de inflexión en la política exterior hacia Venezuela, el gobierno de Estados Unidos ha incluido oficialmente al Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por Nicolás Maduro, en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). La medida, que entra en vigor este lunes, equipara legalmente a la estructura venezolana con grupos armados y extremistas reconocidos globalmente por su capacidad de desestabilización y violencia.
Esta designación abre la puerta a una nueva fase de presión política, económica y militar en la región, otorgando a Washington herramientas jurídicas sin precedentes para actuar contra la cúpula chavista.
Implicaciones legales y el «nuevo estatus»
La lista de FTO, gestionada por el Departamento de Estado, confiere facultades extraordinarias a la administración estadounidense. Más allá de las sanciones previas, este nuevo estatus permite imponer castigos severos, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona, banco, empresa o entidad internacional que colabore, directa o indirectamente, con el régimen venezolano o sus líderes.
El ahora secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la contundencia de la medida, señalando que el grupo «es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio». Rubio reiteró que la Casa Blanca identifica a Nicolás Maduro como el líder máximo de esta estructura criminal.
Según expertos consultados por agencias internacionales, la designación FTO refuerza el andamiaje legal existente por narcotráfico y corrupción, pero añade un componente crítico: las acciones de apoyo al grupo ahora podrán ser procesadas bajo las leyes antiterroristas de Estados Unidos. Esto eleva exponencialmente el riesgo para los aliados financieros y comerciales de Caracas.
Despliegue militar sin precedentes en el Caribe
Coincidiendo con la decisión política, Estados Unidos ha desplegado una fuerza militar histórica en la cuenca del Caribe. El portaviones USS Gerald R. Ford —el buque de guerra más grande de la flota norteamericana— lidera una operación aeronaval compuesta por más de una decena de barcos, aviones de combate y 12.000 efectivos.
El objetivo declarado es combatir a las organizaciones de narcotráfico que operan desde Venezuela. Los resultados preliminares de esta campaña, iniciada en septiembre, son contundentes:
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Se han hundido al menos 21 embarcaciones sospechosas.
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Se reportan más de 80 muertes en operaciones de interdicción.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó la designación FTO como un paso estratégico que brinda «toda una gama de alternativas legales». Aunque la legislación no explicita ataques armados inmediatos, los analistas militares advierten que este cambio jurídico podría justificar futuras operaciones quirúrgicas contra infraestructuras o activos del cartel situados fuera de zonas urbanas.
Asfixia económica y reacciones políticas
En el plano económico, la estrategia busca asfixiar financieramente al régimen, que ya enfrenta un escenario de hiperinflación y severas restricciones de mercado. Economistas citados por la agencia AFP proyectan que esta medida endurecerá el embargo petrolero vigente, forzando a Venezuela a vender su crudo con descuentos aún mayores y agravando la crisis humanitaria interna.
Por su parte, la dictadura venezolana ha rechazado categóricamente las acusaciones, sosteniendo que no existen pruebas públicas que la vinculen al narcotráfico. Nicolás Maduro, quien recientemente vio duplicada la recompensa por su captura a 50 millones de dólares, ha minimizado el impacto del anuncio. En actos públicos recientes, el mandatario aseguró que no se dejará «intimidar» por decisiones foráneas y exhibió el respaldo del alto mando militar venezolano.
¿Qué sigue para la región?
A pesar de la escalada, la designación como organización terrorista no implica necesariamente una invasión inminente. Su efecto inmediato es el incremento de los costos y riesgos transaccionales para cualquiera que opere con Caracas.
Analistas como el profesor Alexis Alzuru sugieren que las perspectivas de una negociación política entre Washington y el chavismo son remotas, salvo que se produzca una fractura interna en el régimen. Sin embargo, Estados Unidos admite que esta presión máxima podría ser el preludio para forzar un eventual diálogo, dependiendo de cómo evolucionen los intereses estratégicos.
En el corto plazo, la medida legitima una vigilancia más intensa y el bloqueo sistemático de recursos, complicando aún más la supervivencia del gobierno de Maduro en el escenario internacional.
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