La emisión de Licencias Médicas Electrónicas (LME) por enfermedad o accidente común registra este año una de las caídas más pronunciadas desde que existen cifras comparables. Mientras en 2022 el promedio mensual alcanzó las 823 mil licencias, en 2023 —ya sin el efecto de la pandemia— descendió a 682 mil, y en 2024 llegó a 692 mil. En lo que va de 2025, la cifra cayó aún más, a 607 mil licencias por mes.
La baja se acentuó tras el escándalo destapado por la Contraloría General de la República (CGR), que el 20 de mayo publicó el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC). El informe reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica durante 2023 y 2024.
Desde entonces, se encadenaron cuatro meses consecutivos con niveles inferiores a las 600 mil licencias mensuales —entre junio y septiembre—, cifras consideradas inusualmente bajas para el sistema. Todos esos meses registraron caídas interanuales de dos dígitos, según los datos publicados por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
En septiembre, se emitieron 565.810 licencias, una disminución de 12% respecto del mismo mes del año anterior. Además, el trimestre terminado ese mes acumuló 1.717.966 licencias, el nivel más bajo desde que existen registros comparables (enero de 2022).
La Suseso atribuye la reducción no solo al impacto del informe de Contraloría, sino también al bloqueo preventivo de profesionales de la salud con comportamientos considerados sospechosos. Según el organismo, a septiembre se habían aplicado inhabilitaciones preventivas a 735 profesionales, además de 97 suspensiones durante 2025.
La superintendenta (s), Patricia Soto, explicó que “entre mayo y septiembre la emisión fue, en promedio, un 17% inferior a la registrada en 2024”, y advirtió que aún es temprano para definir un nivel estable para este año. “En 2024 se emitían cerca de 700 mil licencias mensuales; hoy estamos del orden de 600 mil”, señaló.
Desde el mundo académico, la economista de Horizontal, Soledad Hormazábal, considera positiva la disminución: “Claramente ha incidido la fiscalización de Contraloría. Sin embargo, el control debe ser constante para evitar que el efecto se diluya”. Además, recalcó la urgencia de aprobar el proyecto que equipara las condiciones de las licencias médicas entre sector público y privado, lo que permitiría reducir espacios de abuso de manera permanente.
La economista de la salud Daniela Sugg, socia de Sugg y Asociados, subrayó que la caída coincide con un contexto de mayores controles, llamados de atención públicos y la salida de diversas autoridades. A su juicio, la reducción cercana al 10% en lo que va del año, respecto de 2024, responde a un proceso de “depuración y mayor racionalidad en la emisión”, más que a un aumento en las tasas de rechazo.
Pese a ello, Sugg advirtió que persisten asimetrías en la evaluación entre sistemas: mientras Fonasa rechaza un 5,9% de licencias en primera instancia, las isapres llegan a un 22,1%. “Se requieren ajustes normativos para mayor coherencia y transparencia”, afirmó.
Hacia adelante, proyecta que las cifras deberían estabilizarse, con un incremento estacional entre mayo y julio por virus respiratorios, pero sin nuevas caídas relevantes. No obstante, enfatizó que este escenario solo se sostendrá si las autoridades mantienen una fiscalización robusta y permanente. “Cuando el foco se diluye, las malas prácticas tienden a reaparecer”, advirtió.
/psg
