El rechazo del Senado a los dos capítulos de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, constituye mucho más que el cierre de un trámite legislativo. Este episodio, desarrollado este miércoles, representa un revelador estudio de caso sobre los límites del instrumento de la acusación constitucional, la cohesión del oficialismo y, sobre todo, las profundas fracturas al interior de la oposición, cuya incapacidad para consolidar un bloque unificado resultó decisiva para la absolución del exsecretario de Estado.
El libelo, originado en la Cámara de Diputados como respuesta al malestar ciudadano por los cobros adicionales en las cuentas de luz —una consecuencia estructural del congelamiento tarifario de años anteriores—, buscaba imputar responsabilidad política a Pardow por una supuesta omisión ante un impacto económico previsible. Si bien la acusación fue aprobada en la Cámara Baja con 80 votos a favor, su llegada al Senado expuso la naturaleza esencialmente política del proceso, donde la defensa de la gestión técnica chocó con la demanda de rendición de cuentas.
La Estrategia y la Fractura Decisiva
Consciente de que la condena de Pardow —una figura cercana al Presidente Boric— representaría un golpe severo a la imagen del gobierno, el oficialismo desplegó una intensa estrategia de lobby en las últimas 48 horas, encabezada por ministros de Estado. Sin embargo, el desenlace no fue determinado únicamente por la disciplina oficialista, sino por la fragmentación en el bloque opositor.
La votación final fue elocuente. El primer capítulo fue rechazado de manera contundente (28 en contra, 17 a favor, 1 abstención), pero el segundo reveló la grieta crítica: con un resultado ajustado de 22 a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, su rechazo se selló por la decisión clave de senadores de la oposición de abstenerse o votar en contra. Figuras como Juan Castro Prieto (PSC), Sebastián Keitel (independiente ex Evópoli) y, crucialmente, Francisco Chahuán (RN), se abstuvieron en este segundo capítulo. A ellos se sumaron los votos en contra de Carmen Gloria Aravena (independiente ex republicana) y Manuel José Ossandón (RN), y la estratégica ausencia en la segunda votación de Gustavo Sanhueza (UDI).
El Debate de Fondo: Juridicidad vs. Responsabilidad Política
Los fundamentos de los senadores esbojan las dos concepciones antagónicas que se enfrentaron. Por un lado, prevaleció la tesis de la prudencia institucional, articulada por Chahuán, quien argumentó que la acusación constitucional es un recurso de «última ratio», cuyo uso indiscriminado podría generar «inestabilidad política o un parlamentarismo de facto». Esta visión, compartida por el oficialismo, fue reforzada por Ricardo Lagos Weber (PPD), quien advirtió del peligroso precedente de que ministros interfieran en organismos técnicos autónomos, y por Juan Luis Castro (PS), quien subrayó la ausencia de dolo o corrupción, reconociendo solo «discrepancias políticas profundas».
Frente a esto, la posición de los acusadores se centró en una lógica de responsabilidad política sustantiva. Para la senadora Ximena Rincón (Demócratas), «lo que falló aquí no fue una fórmula matemática, lo que falló fue el deber más básico del Estado: proteger a las personas». En esta misma línea, Rojo Edwards (Partido Libertad) acusó al gobierno de priorizar la «lealtad» por sobre la rendición de cuentas por «hechos bastante objetivos, verificables y muy graves».
Conclusión: Una Derrota con Implicaciones Estratégicas
El fallo absutorio, por tanto, no exonera al gobierno de la crisis de las tarifas eléctricas, pero sí marca una significativa victoria política al evitar una condena que habría debilitado su autoridad. El verdadero mensaje de esta jornada, sin embargo, es para la oposición: su falta de unidad en un objetivo común revela las tensiones ideológicas y estratégicas que dificultan su capacidad para ejercer un control político cohesivo y efectivo. La acusación contra Pardow no murió por su falta de méritos en el debate público, sino por la imposibilidad de la oposición de trasladar ese malestar en una mayoría senatorial disciplinada.
