Dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 21.717, que regula y califica los velatorios de “alto riesgo”, se realizó el primer “narcofuneral”. La mañana del 30 de mayo, se activaron todos los protocolos para concretar el entierro de Juan Luis Cornejo Saldívar, un joven de 28 años fallecido en circunstancias violentas en Estación Central.
A casi siete meses de la puesta en marcha de esta normativa, las delegaciones presidenciales han catalogado 127 funerales de alto riesgo, según información recopilada vía Transparencia y a través de las reparticiones del Ejecutivo en cada región.
Una ley para enfrentar los funerales de alto riesgo
La nueva normativa —anunciada por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública de 2023 y promulgada en noviembre del mismo año— establece un plazo máximo de 24 horas para materializar estos funerales, aumenta las penas para delitos cometidos en ese contexto y amplía las facultades de Carabineros, entre otras medidas.
El reglamento que operativiza el procedimiento “exprés” fue ingresado por el Ministerio del Interior en marzo, permitiendo que la ley entrara en vigencia el 28 de mayo.
Antes de la normativa, los llamados “narcofunerales” habían provocado serias interrupciones de la vida cotidiana, como ocurrió tras la muerte de Carlos Humberto Acevedo Ramírez, alias “el guatón mutema”, que paralizó Quilicura por varios días.
Radiografía a los funerales de alto riesgo
De los 127 funerales calificados desde el 28 de mayo, la Región Metropolitana (RM) concentra la mayoría de los casos, seguida por Biobío, Valparaíso y Coquimbo.
Región Metropolitana
La Delegación Presidencial Metropolitana informó que, hasta el 24 de noviembre, recibió 257 alertas de funerales, de las cuales 97 (37%) fueron catalogadas como de alto riesgo, vinculadas principalmente al crimen organizado.
Septiembre fue el mes con más casos (24).
El delegado presidencial, Gonzalo Durán, señaló que el 84,1% de estos funerales corresponden a homicidios por impactos balísticos, principalmente en comunas como La Pintana, Puente Alto y San Bernardo.
Durán destacó que gracias a la ley no se han registrado afectaciones a ceremonias fúnebres, ni suspensiones de clases u otros eventos que generen temor en la comunidad. “Declaramos nuestra absoluta satisfacción y orgullo por la implementación de esta importante ley”, afirmó.
Biobío y otras regiones
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Biobío registra 10 funerales, principalmente en San Pedro de la Paz, Coronel, Concepción y Hualqui.
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Valparaíso y Coquimbo acumulan seis casos cada una.
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O’Higgins, tres casos.
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Los Lagos y Ñuble, dos funerales cada una. En Ñuble, ambos ocurrieron en agosto (Chillán y Quirihue).
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Los Ríos registra un caso.
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Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Aysén y Magallanes no reportan funerales de alto riesgo.
Implicancias para la labor policial
Según el magíster en Criminología y general (r) Jorge Tobar, antes de la ley los riesgos eran altos debido a la falta de regulación, aunque Carabineros ya intervenía de forma especializada. Con la nueva normativa, sostiene, existe un abordaje intersectorial, con límites más claros para quienes organizan y participan en estos funerales.
Aunque los riesgos por uso injustificado de armas de fuego persisten, afirma que ahora se presentan “en un mucho menor grado”.
El general (r) Aldo Vidal, experto en seguridad, advierte que los riesgos de estos funerales se relacionan con el perfil de los asistentes, muchos de ellos potencialmente armados y vinculados al crimen organizado. Por ello, la planificación debe ser sofisticada e involucra unidades como GOPE, Control de Orden Público, Tránsito, SIP e Inteligencia.
Vidal advierte que esto implica destinar funcionarios que podrían estar realizando labores preventivas. Sin embargo, Tobar destaca que la mayoría del personal desplegado es especializado, lo que evita distraer recursos de las comisarías territoriales encargadas de la prevención del delito.
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