La seguridad pública se transformó en uno de los ejes centrales del gobierno de Gabriel Boric, pese a no haber sido una prioridad explícita al inicio de su mandato. La tarde del 11 de marzo de 2022, desde el balcón del Palacio de La Moneda, el recién asumido Presidente pronunció su primer discurso como Jefe de Estado y mencionó solo una vez la palabra “seguridad”. Con el paso de los meses, sin embargo, ese tema se convertiría en la principal preocupación de su administración y en uno de los factores que más marcarían su legado.
El giro en seguridad durante el gobierno de Boric
El cambio de rumbo fue abrupto. A poco andar, Boric debió ceder en una de sus promesas de campaña y decretar estado de excepción en la Macrozona Sur, pese a haber planteado la desmilitarización de La Araucanía. Aquella medida, inicialmente transitoria, se transformó en permanente y continúa vigente hasta hoy.
Este viraje se profundizó durante todo su mandato y contrasta con el escenario que enfrentará su sucesor, el Presidente electo José Antonio Kast, quien llegó a La Moneda tras una campaña fuertemente centrada en la seguridad, el tema que encabeza las preocupaciones ciudadanas según las encuestas.
De acuerdo con expertos consultados, el contexto en que Boric asumió es distinto al que enfrentará Kast, tanto por la evolución de los delitos como por los cambios institucionales y legislativos impulsados desde 2022.
Un escenario delictual en alza al inicio del mandato
La administración Boric asumió en medio de una tendencia creciente de la criminalidad, acentuada tras la pandemia. Uno de los hitos más graves ocurrió en 2022, cuando Chile registró 1.330 homicidios, la cifra más alta desde que existen registros, con una tasa de 6,7 fallecidos por cada 100 mil habitantes, muy por encima del 4,5 de 2018, año en que comenzó la escalada.
Ese año se cometieron, en promedio, 3,6 homicidios diarios. Paralelamente, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) del INE reveló que el 21,8% de los hogares tuvo al menos una víctima de delito, mientras que el 90,6% de los encuestados consideró que la delincuencia había aumentado, consolidando una percepción de inseguridad histórica.
Según Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, el auge de los delitos violentos responde a tres factores clave:
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Mayor participación de menores de edad, con conductas más violentas.
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Incremento en el uso de armas de fuego.
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Expansión del crimen organizado, tanto nacional como internacional.
Crimen organizado y delitos emergentes
Desde 2023, se comenzó a observar un aumento significativo de delitos como secuestros y extorsiones. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, ese año se inició un alza que alcanzó un peak de 868 casos en 2024.
Un informe del Ministerio Público detectó entre 2023 y 2024 la presencia de al menos 10 organizaciones criminales extranjeras operando en Chile, entre ellas el Tren de Aragua (Venezuela) y Los Pulpos (Perú). El documento subraya que estas bandas no estaban presentes en el Chile prepandemia.
Johnson explica que el Estado no estaba preparado para este fenómeno, aunque destaca que ha existido una reacción institucional relevante, con capacidades para identificar, desarticular y encarcelar a miembros de estas organizaciones.
Reacción del Estado y cambios legislativos
El punto de inflexión se produjo en 2023, tras los asesinatos de los carabineros Álex Salazar (Concepción), Rita Olivares (Quilpué) y Daniel Palma (Santiago). Estos hechos obligaron al Ejecutivo a impulsar con urgencia una agenda legislativa en seguridad.
Entre las principales medidas destacan:
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Aprobación de la Ley Nain-Retamal, que fortaleció la protección y atribuciones policiales.
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Dos “fast track legislativos” acordados con el Congreso, que permitieron aprobar decenas de leyes de seguridad.
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Implementación del Plan Calles Sin Violencia, orientado a frenar el alza de homicidios.
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Creación del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.
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Puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública.
A esto se sumó una renovación histórica del parque vehicular de Carabineros, la compra de vehículos blindados, nueva indumentaria, mayor uso de tecnología, y un presupuesto récord en seguridad.
“Este gobierno ha puesto un fuerte acento en generar institucionalidad para enfrentar la inseguridad”, afirma Johnson, destacando una toma de conciencia transversal entre las distintas instituciones del Estado.
¿Un descenso sostenido de los delitos?
Según Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Justicia & Sociedad de la UC, el escenario reciente muestra estabilidad con leves señales de mejora, especialmente en homicidios. No obstante, advierte que el panorama sigue siendo complejo.
Durante el primer semestre de 2025, algunos delitos registraron descensos:
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Secuestros: -2,1% según la Fiscalía.
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Homicidios: -13,8% según el Observatorio de Homicidios.
Sin embargo, los expertos coinciden en que no se puede hablar aún de una tendencia consolidada, ya que las cifras siguen siendo altas y los delitos son altamente variables.
La investigadora de Athenalab, Pilar Giannini, señala que estas bajas podrían responder a estrategias focalizadas, dinámicas internas de las bandas o factores coyunturales, y advierte que es prematuro asumir que el descenso será permanente.
Persisten el crimen organizado y la percepción de inseguridad
Giannini advierte que el crimen organizado transnacional tiende a persistir, especialmente mientras existan mercados de droga activos, fronteras vulnerables, marginalidad urbana y corrupción.
En cuanto a delitos como robos violentos, cifras del CEAD muestran una leve caída en 2025, pasando de una tasa de 150,3 a 135 casos policiales, aunque siguen siendo elevados.
La percepción de inseguridad, pese a una leve baja reciente, continúa en niveles muy altos. Johnson anticipa que Chile enfrentará varios años más con sensación de inseguridad elevada, aunque difícilmente seguirá aumentando desde los niveles actuales.
La herencia para Kast y los desafíos pendientes
Según Giannini, el próximo gobierno heredará cifras delictivas elevadas, especialmente en homicidios, delitos con armas y crimen organizado, junto a altas expectativas ciudadanas.
Uno de los principales retos será consolidar el nuevo Ministerio de Seguridad, especialmente en su implementación territorial y coordinación interinstitucional, plantea Carvacho.
Además, los expertos coinciden en que el sistema penitenciario será uno de los mayores desafíos. La sobrepoblación carcelaria genera hacinamiento y facilita la expansión del crimen organizado dentro de las cárceles.
A ello se suman desafíos pendientes como:
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Reforma al sistema penitenciario.
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Fortalecimiento de la inteligencia policial y financiera.
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Control fronterizo más efectivo.
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Persecución del dinero del crimen organizado, más allá del último eslabón del delito.
“La gobernanza en seguridad requerirá un enfoque multidimensional, que combine control, prevención y recuperación de territorios”, concluye Giannini, marcando el complejo escenario que deberá enfrentar el gobierno entrante.
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