El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, calificó como “corrupción institucionalizada” el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios del sector público en el marco del reajuste salarial, apuntando a una cláusula que —a su juicio— busca “amarrar” empleos públicos e impedir que la próxima administración realice cambios en el aparato estatal.
Críticas de la oposición
Ramírez sostuvo que hablar de “amarre” resulta insuficiente. Explicó que la norma apunta a “quitarle la posibilidad al siguiente gobierno de poder poner en ciertos cargos que son importantes (…) para dejar puestos a personas que son partidarias tuyas, cercanas a ti, y que tú no quieres que pierdan la pega”.
El dirigente gremialista subrayó que la disposición no se limita a los cargos de exclusiva confianza presidencial —unos 2.700, según indicó—, sino que abarcaría un universo mucho mayor. “Acá estamos hablando de 350.000 cargos que quedarían amarrados”, sostuvo, cuestionando la motivación del Ejecutivo.
Las declaraciones se producen en medio de un rechazo transversal de la oposición al acuerdo de reajuste salarial alcanzado por el Gobierno, que contempla un incremento total de 3,4%, distribuido entre 2025 y 2026.
La cláusula cuestionada
Si bien el monto del reajuste no ha sido el foco de las críticas, sí lo ha sido una cláusula que establece que la no renovación de contratas deberá ser un acto fundado, con hechos y fundamentos de derecho, notificación previa y remisión a la Contraloría, además de permitir reclamaciones por vicios de legalidad para funcionarios con al menos dos años de servicio continuo.
Para Ramírez, la norma presenta además reparos constitucionales. “La Contraloría ha dicho que no debe ser así y además es un proyecto inconstitucional”, afirmó, recordando que el Tribunal Constitucional ha cuestionado reiteradamente la incorporación de normas ajenas al objeto principal de una ley. “Esta ley es de reajuste al sector público y te meten de contrabando un artículo que no tiene nada que ver con el reajuste”, señaló.
Respuesta del Gobierno
Desde el Ejecutivo han defendido en los últimos días el acuerdo, descartando que la medida busque blindar cargos políticos.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que los cargos de exclusiva confianza cesarán el 11 de marzo, con el cambio de mando. “En lo que respecta a los cargos de exclusiva confianza, el 11 de marzo son personas que han participado del gobierno producto de su compromiso con el proyecto del Presidente Boric y, por tanto, van a cesar en sus cargos todos con motivo del cambio de mando”, señaló en un punto de prensa en La Moneda.
Elizalde recalcó la distinción entre cargos de confianza y funcionarios de carrera, subrayando además que la disposición cuestionada deberá ser discutida y aprobada por el Congreso, en el marco del proyecto de ley de reajuste del sector público.
Posición del Ministerio de Hacienda
En la misma ocasión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostuvo que la medida no está pensada para autoridades ni equipos políticos. “La gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado vienen desde distintas administraciones, no necesariamente comparten la visión política con el gobierno de turno”, indicó.
Grau añadió que “en la eventualidad de que sean desvinculados (…) tiene que ser un acto fundado y esas personas tendrán el derecho de reclamar aquello en la Contraloría. Eso es todo lo que va a ir en la ley de reajuste y que fue parte del acuerdo que hicimos con la mesa del sector público”, afirmó.
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