El futuro de Venezuela se proyecta desde Washington bajo un esquema tripartito y tutelar, según el plan detallado por el secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Congreso estadounidense. Esta hoja de ruta, delineada tras la captura de Nicolás Maduro, trasciende la coyuntura para esbozar una intervención estructurada y prolongada sobre la soberanía y los recursos de la nación sudamericana.
Rubio expuso un proceso donde Estados Unidos ejerce un “control y capacidad de presión tremendos”, subrayando una supervisión férrea sobre las futuras autoridades provisionales. Acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth –figura clave en el grupo de coordinación designado por Donald Trump–, Rubio matizó que, no obstante, “al final, dependerá del pueblo de Venezuela el transformar su país”, en una aparente delegación final que contrasta con la injerencia explícita de las fases previas.
La fase inicial de estabilización tiene como eje central el petróleo, articulándose a través de la “cuarentena” al crudo y su red de exportación. Este mecanismo coercitivo, que ya incluye la incautación de buques, busca otorgar a Washington el control total del recurso. “Estamos a punto de poner en marcha un acuerdo para hacernos con todo el petróleo”, declaró Rubio, anunciando la transferencia de entre treinta y cincuenta millones de barriles. La comercialización a “precios de mercado” –no con descuentos– y la gestión centralizada de los fondos bajo supervisión estadounidense, configuran un modelo que, según el secretario de Energía, Chris Wright, se plantea “indefinidamente”. Este esquema, sin embargo, choca con el marco constitucional estadounidense, que reserva al Congreso la potestad sobre el gasto público.
La segunda fase, de recuperación, promete la rehabilitación del sector petrolero y las instituciones tras “tres décadas de chavismo”. Su motor sería la inversión extranjera, garantizando “acceso justo” al mercado venezolano para empresas estadounidenses y occidentales. Paralelamente, se iniciaría un inespecífico proceso de “reconciliación nacional”.
La tercera y última etapa de transición se centraría en la reconstrucción de la sociedad civil y la transición hacia un gobierno democrático, incluyendo posibles amnistías. Rubio se mostró optimista –“creemos que estamos avanzando… de modo muy positivo”–, aunque omitió detalles operativos y plazos concretos, dejando en la nebulosa la materialización de esta fase.
La revelación del plan ha evidenciado una fractura partidista en el Capitolio. Mientras los republicanos, como el senador Roger Marshall, elogian la “gran capacidad de presión” de la cuarentena petrolera, voces demócratas han denunciado la propuesta. El senador Chris Murphy la calificó de “insensata”, acusándola de pretender “robar el petróleo de Venezuela a punta de pistola durante un tiempo indefinido” y de ejercer un control minucioso sobre el país, un planteamiento que, a su juicio, resulta “completamente chocante” en su ambición y despropósito.
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/Gap
