La mañana de este jueves marcó el inicio de un operativo de desalojo en el Cerro Centinela de San Antonio, uno de los asentamientos irregulares más extensos del país, acción que trasciende el mero despliegue policial para situarse en la encrucijada de la propiedad privada, las políticas de vivienda y la fractura social. El procedimiento se concentró inicialmente en el sector Plaza de los Corazones, en Cartagena, donde se estableció un puesto de mando conjunto entre la Delegación Presidencial Regional, Carabineros y otros servicios públicos.
En el marco del despliegue, Carabineros confirmó tres detenciones. La general Patricia Vásquez, jefa de la Zona de Valparaíso, detalló la aprehensión de dos mujeres chilenas que se movilizaban en una camioneta con «una gran cantidad de neumáticos, los que pueden ser ocupados para hacer barricadas». Además, el vehículo mantenía encargo por robo. Un tercer individuo fue detenido por infracción a la Ley Antibarricadas en las inmediaciones del asentamiento.
La jornada estuvo marcada por la resistencia. Radio Biobío registró enfrentamientos entre pobladores y policías, y que decenas de habitantes habrían trabado parcialmente el desalojo, permitiendo solo el ingreso de efectivos de Orden Público.
El trasfondo jurídico y territorial. El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, contextualizó el operativo: “Se van a ocupar alrededor de 110 hectáreas para un proyecto habitacional, y por lo tanto el resto del terreno (111 hectáreas)… se va a hacer la desocupación”. Estimó que cerca de 2 mil familias quedarían fuera del plan y serán desalojadas en un proceso que “considera un tiempo de varias semanas, de varios meses”.
Diego Pereira-Fonfach, abogado de la propietaria, Inmobiliaria y Constructora San Antonio, expuso la perspectiva legal: “Tras seis años de ardua batalla judicial… la empresa es testigo del intento de desalojo que le permitirá recuperar una parte de su propiedad usurpada”. Relató que, tras un fallo de la Corte Suprema en 2024 y una fracasada negociación de compraventa con el Gobierno, este resolvió expropiar parte del terreno. La empresa se comprometió a cerrar y demoler las estructuras en la porción no expropiada, labor complicada porque “fue quemada una máquina” y los operarios locales se negaron a ir por temor.
La expropiación y el debate de fondo. El Gobierno anunció la expropiación de 100 hectáreas por $11 mil millones (0,23 UF/m²), precio que los dueños impugnarán al pedir 0,40 UF/m². Esta modalidad, según expertos citados, es considerada un estímulo para nuevas usurpaciones y perjudica a familias que buscan vivienda dentro del marco legal.
La incertidumbre habitacional y el perfil de la toma. La solución transitoria es el gimnasio del Colegio España, un albergue con capacidad para 36 familias por máximo cinco días, según el alcalde Omar Vera Castro. Gloria Maira, delegada del Minvu, detalló el perfil: un 90% de población chilena y un 10% de extranjeros regulares, mayoritariamente haitianos, con una edad promedio de 39 años y 3 mil niños. De 4100 familias, 3200 están en cooperativas. Sobre la presencia de narcotráfico, señaló: “El cerro no escapa a la realidad del país… Es un estigma”.
Internamente, la megatoma presenta un universo segmentado: desde casas consolidadas hasta sectores controlados por el narcotráfico, con áreas de acceso restringido como “La Frontera”. Un catastro reveló porcentajes significativos de viviendas deshabitadas (9,3% en Centinela, 12,2% en Fuerza Guerra) y una densidad poblacional (48 hab/ha) menor a la de otros campamentos.
El dirigente Mario Reyes expresó la decepción de muchos: “Esperaba algo diferente de Boric… nos dijo que estaba consciente… que no iba a haber ningún desalojo sin solución”. Su testimonio encapsula la brecha entre las promesas políticas y una realidad que se resuelve, tensamente, entre retroexcavadoras y barricadas.
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