Tras concluir la formalización de los imputados en el caso de Julia Chuñil, distintas autoridades se refirieron al avance del proceso investigativo, abordando tanto la búsqueda del cuerpo de la víctima como las medidas de protección otorgadas a un adulto mayor, quien habría sido asaltado por Javier Troncoso, presunto autor material del parricidio.
En un punto de prensa, el general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal, señaló que las diligencias continúan en el sitio del suceso, destacando que el trabajo ha sido complejo debido a las características geográficas del lugar.
“Seguimos trabajando en el sitio del suceso”, afirmó el jefe policial, agregando que se trata de una labor metódica y acuciosa, la cual se mantendrá en el tiempo. Asimismo, sostuvo que tras el análisis de los antecedentes reunidos, la investigación se encuentra bien encaminada. “Hoy uno de los objetivos principales de esta investigación es dar con el cuerpo de Julia Chuñil”, recalcó.
Respecto al uso del georradar en el operativo, Velasco indicó que este instrumento ha entregado antecedentes relevantes, lo que ha permitido iniciar trabajos de excavación en el sector. “Hay varios puntos de interés”, precisó, señalando que las labores se extenderán todo el tiempo que sea necesario, conforme a los análisis en curso.
Testigo con medidas de protección
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, Javier Troncoso —uno de los hijos de la víctima— habría llegado el 8 de noviembre, en estado de ebriedad, hasta la vivienda de Julia Chuñil.
Posteriormente, el imputado se habría dirigido a la residencia de un adulto mayor de 90 años, quien vivía en el mismo terreno, con la intención de robar su pensión de $212 mil.
En ese contexto, Julia Chuñil habría intervenido para evitar el delito, lo que derivó en un forcejeo entre madre e hijo, instancia en la que Troncoso presuntamente la habría ahorcado, causándole la muerte en el lugar.
Por su parte, la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, explicó que la existencia del adulto mayor —víctima del asalto que habría desencadenado el crimen— se conoció a fines del año pasado.
La persecutora indicó que, debido a las dinámicas de violencia intrafamiliar detectadas en el grupo familiar, el Ministerio Público debió aplicar el estatuto de protección de víctimas y testigos, ya que existe un riesgo real para la integridad del anciano.
“Es una víctima, y respecto de las víctimas tenemos no solo la obligación de darles atención y orientación, sino también el deber de brindarles protección”, concluyó Esquivel.
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