La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicará el próximo 30 de enero el Informe de Ejecución Fiscal de diciembre, documento que permitirá conocer el cierre preliminar de las cuentas públicas de 2025. Se tratará de la primera radiografía fiscal que tendrá el nuevo gobierno, que asumirá el 11 de marzo de 2026, respecto de la situación que deberá enfrentar al inicio de su mandato. El cierre definitivo, en tanto, se conocerá recién entre fines de marzo y comienzos de abril.
La atención del equipo económico que encabezará Jorge Quiroz estará puesta especialmente en los resultados del déficit fiscal —tanto efectivo como estructural—, la evolución de la deuda pública y el desempeño de los ingresos fiscales, variables que definirán el estrecho margen de maniobra con que contará la próxima administración.
Según la última proyección oficial de la Dipres, liderada por Javiera Martínez, contenida en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre, los ingresos fiscales de 2025 alcanzarían los $75.010.477 millones, equivalentes al 22,4% del PIB, lo que implicaría un crecimiento real anual de 6,8% respecto de 2024. Los ingresos estructurales, en tanto, se estimaron en $74.044.006 millones.
No obstante, esta proyección ya incorporó un ajuste a la baja respecto del escenario considerado al fijarse la meta fiscal, equivalente a 0,2% del PIB, explicado principalmente por menores ingresos ligados al cobre. Por el lado del gasto público, Hacienda proyectó un aumento de 2,6% real anual.
Con estos supuestos, la Dipres estimó un déficit fiscal efectivo de $6.581.385 millones, equivalente al 2% del PIB, mientras que el déficit estructural se ubicó en -2,2% del PIB. Esta última cifra representa un deterioro significativo frente a la estimación inicial del gobierno, que apuntaba a -1,1% del PIB, luego revisada sucesivamente a -1,6%, -1,8% y finalmente -2,2% en septiembre, superando incluso el -1,6% consignado en el decreto de política fiscal.
Sin embargo, el escenario fiscal podría ser aún peor. Las cifras de ejecución a noviembre muestran que los ingresos fiscales vuelven a quedar por debajo de lo proyectado, anticipando nuevos desvíos que impactarían directamente en el balance fiscal y que dejarían una pesada herencia para la próxima administración.
Ingresos bajo presión
Aunque en noviembre los ingresos fiscales repuntaron con un crecimiento cercano al 7%, tras una caída superior al 10% en octubre, el acumulado del año muestra un avance de apenas 5% real, claramente por debajo del 6,8% proyectado en el IFP de septiembre. Para cumplir esa meta, los ingresos de diciembre debieron crecer cerca de 26%, un resultado que los economistas consideran altamente improbable.
“La principal desviación se encuentra en los ingresos tributarios no mineros y en las expectativas asociadas a la recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario”, advierte Cristina Torres, exdirectora de Presupuestos y académica de la Universidad San Sebastián. Según explica, Hacienda ajustó la base de proyección de estos ingresos, pero agregó sobre ella los recursos esperados por dicha ley, lo que deja espacio para nuevos desvíos si su rendimiento resulta menor al previsto.
Una mirada similar entrega Mauricio Villena, decano de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, quien sostiene que el crecimiento de los ingresos descansa “de forma desproporcionada en la recaudación minera, mientras la tributación no minera, más representativa del dinamismo interno, avanza a un ritmo acotado”.
Desde Libertad y Desarrollo, la economista Macarena García agrega que a noviembre los ingresos solo alcanzaban el 88% de lo esperado en el último IFP, el cual ya era inferior a lo presupuestado. “Dada la ejecución histórica de diciembre, difícilmente se alcanzará la totalidad de los ingresos proyectados, cerrando el año con una subejecución relevante”, señala.
¿Otro año con déficit superior al 3% del PIB?
El antecedente inmediato no es alentador. En 2024, el déficit fiscal sorprendió al alza: el balance estructural cerró en -3,3% del PIB, muy por encima del -1,9% estimado, mientras que el déficit efectivo pasó de un -2% proyectado a -2,8% del PIB.
Pese a los esfuerzos realizados por la Dipres junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las proyecciones de ingresos —incluyendo 13 recomendaciones técnicas—, los datos disponibles sugieren que 2025 repetiría una historia similar.
“El cierre de año apunta a un déficit efectivo cercano a 2,5% del PIB, por sobre el 2% estimado”, afirma Andrés Sansone, economista jefe de Santander, quien agrega que el balance estructural podría acercarse al -3% del PIB, debido a una menor recaudación tributaria no minera.
Villena proyecta un déficit estructural de -3,2% del PIB, reflejo no solo de factores cíclicos, sino de un descalce persistente entre ingresos y compromisos de gasto. Torres, en tanto, advierte que los ingresos podrían ser más de US$2.000 millones inferiores a lo esperado, lo que empujaría el déficit por sobre el 3% del PIB. García sitúa el rango entre -2,9% y -3,4% del PIB, mientras que Alejandro Fernández estima un resultado cercano a -2,5%, aunque “no sorprendería” que se acerque al -3%.
De confirmarse estas cifras, sería el segundo año consecutivo con un déficit estructural superior al 3% del PIB y el tercer incumplimiento de la meta fiscal del gobierno saliente.
Una herencia fiscal compleja
Un déficit estructural de 3% del PIB equivale a cerca de US$10.500 millones, cifra que se eleva a US$12.250 millones si alcanza el -3,4% del PIB. Este desequilibrio implica mayor endeudamiento, que ya llega a 43,3% del PIB, reduciendo aún más el espacio fiscal.
Este escenario preocupa al presidente electo, José Antonio Kast, quien ya planteó al Presidente Gabriel Boric la posibilidad de pausar proyectos con alto costo fiscal, como el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y la sala cuna. “Tenemos que estar seguros de que existen los recursos suficientes”, señaló.
Para Sansone, un cierre fiscal peor al esperado deja obsoleto el marco presupuestario 2026 y obligará a ajustes de gasto si se quiere cumplir la meta de déficit estructural de -1,1% del PIB. García advierte que la convergencia fiscal exigirá ajustes por cerca de US$10.000 millones, muy por encima de lo anunciado hasta ahora.
Desde una mirada política, Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la UC y expresidenta del CFA, sostiene que subir impuestos parece inviable, y que la clave estará en contener el crecimiento del gasto más que en recortarlo abruptamente. “La verdadera herencia se conocerá cuando se evalúe la Ley de Cumplimiento Tributario”, concluye.
el Informe de Ejecución Fiscal de diciembre, documento que permitirá conocer el cierre preliminar de las cuentas públicas de 2025. Se tratará de la primera radiografía fiscal que tendrá el nuevo gobierno, que asumirá el 11 de marzo de 2026, respecto de la situación que deberá enfrentar al inicio de su mandato. El cierre definitivo, en tanto, se conocerá recién entre fines de marzo y comienzos de abril.
La atención del equipo económico que encabezará Jorge Quiroz estará puesta especialmente en los resultados del déficit fiscal —tanto efectivo como estructural—, la evolución de la deuda pública y el desempeño de los ingresos fiscales, variables que definirán el estrecho margen de maniobra con que contará la próxima administración.
Según la última proyección oficial de la Dipres, liderada por Javiera Martínez, contenida en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre, los ingresos fiscales de 2025 alcanzarían los $75.010.477 millones, equivalentes al 22,4% del PIB, lo que implicaría un crecimiento real anual de 6,8% respecto de 2024. Los ingresos estructurales, en tanto, se estimaron en $74.044.006 millones.
No obstante, esta proyección ya incorporó un ajuste a la baja respecto del escenario considerado al fijarse la meta fiscal, equivalente a 0,2% del PIB, explicado principalmente por menores ingresos ligados al cobre. Por el lado del gasto público, Hacienda proyectó un aumento de 2,6% real anual.
Con estos supuestos, la Dipres estimó un déficit fiscal efectivo de $6.581.385 millones, equivalente al 2% del PIB, mientras que el déficit estructural se ubicó en -2,2% del PIB. Esta última cifra representa un deterioro significativo frente a la estimación inicial del gobierno, que apuntaba a -1,1% del PIB, luego revisada sucesivamente a -1,6%, -1,8% y finalmente -2,2% en septiembre, superando incluso el -1,6% consignado en el decreto de política fiscal.
Sin embargo, el escenario fiscal podría ser aún peor. Las cifras de ejecución a noviembre muestran que los ingresos fiscales vuelven a quedar por debajo de lo proyectado, anticipando nuevos desvíos que impactarían directamente en el balance fiscal y que dejarían una pesada herencia para la próxima administración.
Ingresos bajo presión
Aunque en noviembre los ingresos fiscales repuntaron con un crecimiento cercano al 7%, tras una caída superior al 10% en octubre, el acumulado del año muestra un avance de apenas 5% real, claramente por debajo del 6,8% proyectado en el IFP de septiembre. Para cumplir esa meta, los ingresos de diciembre debieron crecer cerca de 26%, un resultado que los economistas consideran altamente improbable.
“La principal desviación se encuentra en los ingresos tributarios no mineros y en las expectativas asociadas a la recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario”, advierte Cristina Torres, exdirectora de Presupuestos y académica de la Universidad San Sebastián. Según explica, Hacienda ajustó la base de proyección de estos ingresos, pero agregó sobre ella los recursos esperados por dicha ley, lo que deja espacio para nuevos desvíos si su rendimiento resulta menor al previsto.
Una mirada similar entrega Mauricio Villena, decano de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, quien sostiene que el crecimiento de los ingresos descansa “de forma desproporcionada en la recaudación minera, mientras la tributación no minera, más representativa del dinamismo interno, avanza a un ritmo acotado”.
Desde Libertad y Desarrollo, la economista Macarena García agrega que a noviembre los ingresos solo alcanzaban el 88% de lo esperado en el último IFP, el cual ya era inferior a lo presupuestado. “Dada la ejecución histórica de diciembre, difícilmente se alcanzará la totalidad de los ingresos proyectados, cerrando el año con una subejecución relevante”, señala.
¿Otro año con déficit superior al 3% del PIB?
El antecedente inmediato no es alentador. En 2024, el déficit fiscal sorprendió al alza: el balance estructural cerró en -3,3% del PIB, muy por encima del -1,9% estimado, mientras que el déficit efectivo pasó de un -2% proyectado a -2,8% del PIB.
Pese a los esfuerzos realizados por la Dipres junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar las proyecciones de ingresos —incluyendo 13 recomendaciones técnicas—, los datos disponibles sugieren que 2025 repetiría una historia similar.
“El cierre de año apunta a un déficit efectivo cercano a 2,5% del PIB, por sobre el 2% estimado”, afirma Andrés Sansone, economista jefe de Santander, quien agrega que el balance estructural podría acercarse al -3% del PIB, debido a una menor recaudación tributaria no minera.
Villena proyecta un déficit estructural de -3,2% del PIB, reflejo no solo de factores cíclicos, sino de un descalce persistente entre ingresos y compromisos de gasto. Torres, en tanto, advierte que los ingresos podrían ser más de US$2.000 millones inferiores a lo esperado, lo que empujaría el déficit por sobre el 3% del PIB. García sitúa el rango entre -2,9% y -3,4% del PIB, mientras que Alejandro Fernández estima un resultado cercano a -2,5%, aunque “no sorprendería” que se acerque al -3%.
De confirmarse estas cifras, sería el segundo año consecutivo con un déficit estructural superior al 3% del PIB y el tercer incumplimiento de la meta fiscal del gobierno saliente.
Una herencia fiscal compleja
Un déficit estructural de 3% del PIB equivale a cerca de US$10.500 millones, cifra que se eleva a US$12.250 millones si alcanza el -3,4% del PIB. Este desequilibrio implica mayor endeudamiento, que ya llega a 43,3% del PIB, reduciendo aún más el espacio fiscal.
Este escenario preocupa al presidente electo, José Antonio Kast, quien ya planteó al Presidente Gabriel Boric la posibilidad de pausar proyectos con alto costo fiscal, como el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y la sala cuna. “Tenemos que estar seguros de que existen los recursos suficientes”, señaló.
Para Sansone, un cierre fiscal peor al esperado deja obsoleto el marco presupuestario 2026 y obligará a ajustes de gasto si se quiere cumplir la meta de déficit estructural de -1,1% del PIB. García advierte que la convergencia fiscal exigirá ajustes por cerca de US$10.000 millones, muy por encima de lo anunciado hasta ahora.
Desde una mirada política, Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la UC y expresidenta del CFA, sostiene que subir impuestos parece inviable, y que la clave estará en contener el crecimiento del gasto más que en recortarlo abruptamente. “La verdadera herencia se conocerá cuando se evalúe la Ley de Cumplimiento Tributario”, concluye.
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