La intencionalidad criminal se erige como la hipótesis principal tras la ola de incendios forestales que, hasta este lunes, han devorado 34.690,3 hectáreas de ecosistemas, cultivos y viviendas en las regiones del Biobío y Ñuble, con un saldo trágico de 19 víctimas mortales. Esta perspectiva surge del análisis del patrón de ignición y de las declaraciones de autoridades, planteando una compleja interrogante sobre el origen humano de la catástrofe.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el incendio de mayor magnitud, bautizado «Trinitarias», permanecía activo tras consumir 14.187 hectáreas. La crisis, iniciada la semana pasada, presentó dos picos críticos: 62 focos el martes 13 y 60 el sábado 17, un despliegue sincronizado que sugiere coordinación. El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, argumentó a T13 Radio que «los múltiples focos conectan con la dirección del viento para que esto se transforme en un gran foco (…). Es evidente que había una intencionalidad».
La investigación penal avanza con fuerza. La fiscal regional Marcela Cartagena precisó que existen al menos 10 investigaciones formales sustentadas en denuncias, lideradas por una fuerza de tarea de la Policía de Investigaciones (PDI), sin descartar ninguna línea de indagatoria. Ante la magnitud del desastre, el Presidente Gabriel Boric decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en ambas regiones.
Trascendencia del Factor Intencional. La posibilidad de una origen deliberado reavúa el espectro de dos fenómenos siniestros: la piromanía patológica y, más alarmantemente, la generación criminal de incendios para beneficio económico, patrón ya investigado en Chile. Esta eventual responsabilidad penal adquiere una gravedad extrema por las muertes ocurridas. La fiscal Cartagena confirmó que 17 fallecidos procedían de la población Correos de Chile en Lirquén (localidad destruida en un 80%), sumándose una víctima en Punta de Parra (Tomé) y la decimonovena en Bulnes, Ñuble.
Hipótesis Complementarias: Negligencia y Fallas Técnicas. Si bien la intencionalidad cobra fuerza, las autoridades manejan un abanico causal. El fiscal nacional Ángel Valencia advirtió que «estos incendios pueden tener no sólo un origen intencional, también pueden estar originados en accidentes eléctricos, en actividades que son propiamente negligentes«. Según fuentes cercanas a las indagatorias, en siniestros de Perales y Nacimiento (Biobío) se investigan posibles fallas en redes eléctricas. Para el caso de Bulnes, la fiscalía indicó que se analiza una posible actuación negligente, descartando por ahora la intencionalidad.
El Precedente de Valparaíso y el Modelo Criminal. La sospecha de incendios provocados para lucrar encuentra un precedente judicial grave en la Región de Valparaíso. Tras los incendios de 2024 que dejaron 136 fallecidos, la justicia decretó en noviembre de ese año prisión preventiva para exbomberos y exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), acusados de asociación criminal, incendio con resultado de muerte y daño ambiental.
Uno de los imputados, el exjefe de cuadrilla de Conaf José Stalin Atenas Gaete, declaró ante la PDI y entregó una clave estructural: confirmó la hipótesis de que los incendios eran causados para alargar la temporada y obtener pagos de horas extra, descartando la piromanía como motivación principal. En su testimonio, detalló cómo un colega, Franco Pinto, le confesó haber generado incendios intencionales en temporadas anteriores –incluso dentro de la Reserva Nacional Lago Peñuelas– con el expreso objetivo de incrementar sus ingresos económicos, e incluso le pidió autorización para replicar el método. «Yo en ese momento comprendí que la generación de incendios tenía la finalidad de obtener mayores ingresos económicos», declaró Atenas. Esta crisis condujo a la renuncia del entonces director de Conaf, Christian Little.
La tragedia en el Biobío y Ñuble, por tanto, no se analiza como un evento aislado, sino a la luz de un potencial patrón delictivo que transforma el fuego en un instrumento de lucro, enfrentando al Estado a una amenaza compleja donde el factor humano intencional se combina con condiciones climáticas adversas, exigiendo respuestas que trasciendan la mera contención para adentrarse en la persecución de redes criminales.
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