Una indemnización de $200 millones es la compensación económica que exige a la Municipalidad de Vitacura uno de los funcionarios involucrados en el escándalo que remeció a la administración encabezada por la alcaldesa Camila Merino. El caso se originó luego de que dos trabajadores municipales fueran grabados desde la vía pública manteniendo relaciones sexuales al interior del edificio consistorial, registro audiovisual que se viralizó rápidamente y derivó en un sumario administrativo que concluyó con la destitución de ambos.
El demandante es un ingeniero informático que el pasado 18 de diciembre ingresó una acción judicial ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, acusando la existencia de un “daño moral” como consecuencia directa de su desvinculación. Según informó La Tercera, el sumario determinó que los hechos ocurrieron específicamente en la Oficina de Atención al Vecino del Centro Cívico, lo que llevó al municipio a fundamentar la destitución en faltas graves a la probidad administrativa. En su momento, ambos funcionarios reconocieron el error cometido y ofrecieron disculpas públicas.
A diferencia de su excompañera de funciones, quien no presentó acciones judiciales, el ingeniero optó por judicializar el conflicto mediante una demanda laboral en contra del municipio. Desde la administración comunal, liderada por Merino, declinaron emitir comentarios al ser consultados por este medio, argumentando que el caso se encuentra actualmente en tramitación judicial.
En el escrito presentado ante el tribunal, el exfuncionario sostiene que el sumario administrativo en su contra “se desarrolló de modo absolutamente ilegal”, denunciando una serie de arbitrariedades tanto por parte del fiscal instructor como de la propia alcaldesa Camila Merino Catalán. En particular, acusa que la jefa comunal habría anticipado públicamente la destitución de los funcionarios antes de que concluyera formalmente el proceso disciplinario, lo que —según argumenta— afectó gravemente sus posibilidades de defensa, deterioró su posición dentro del procedimiento y tuvo consecuencias directas en su salud psíquica y en su honra personal.
El demandante profundiza en una acusación de discriminación y vulneración de derechos fundamentales, señalando que el trato recibido le provocó un daño psicológico y emocional sostenido. En el texto judicial afirma que las supuestas conductas vejatorias y vulneraciones laborales por parte de la actual gestión municipal impactaron negativamente en su autoestima y estabilidad emocional, generándole miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados, configurando —a su juicio— una lesión extrapatrimonial que no estaba obligado a soportar.
En este contexto, el ingeniero solicita una serie de medidas reparatorias, entre las que se incluyen el pago de $200 millones como compensación económica; la publicación, en un diario de circulación comunal de Vitacura, de una declaración en la que se reconozca que se vulneró injustamente su integridad psíquica; la condena a la alcaldesa a realizar capacitaciones en materias de vulneración de derechos fundamentales; y la exhibición en el diario mural del municipio de un documento que deje constancia de la transgresión de sus derechos laborales.
La demanda ya fue notificada formalmente y se encuentra en pleno proceso de tramitación judicial. En su presentación, el exfuncionario dedica un apartado a detallar su trayectoria laboral en la Municipalidad de Vitacura, señalando que ingresó a la institución en 2016, que estuvo a cargo de proyectos relevantes, ejerció funciones de coordinación, lideró capacitaciones para cerca de 200 funcionarios y asumió suplencias de jefaturas. Además, destaca que durante sus nueve años de servicio mantuvo evaluaciones de desempeño de excelencia, con calificación máxima, afirmando haber cumplido de manera íntegra y sin reproches con todas las responsabilidades asignadas.
