Más de un año ha pasado desde que el gobierno, tras el crimen del suboficial de Carabineros Daniel Palma, el 5 de abril del 2023, anunció el Plan Calles sin Violencia. Programa dirigido por el Ministerio del Interior que busca frenar en alza de los homicidios.

Según un estudio del Instituto Libertad, ligado a Renovación Nacional, el plan de gobierno para 48 comunas no ha logrado los resultados que se había planteado. Por el contrario, afirma que los asesinatos aumentaron en la Región Metropolitana y en el sur del país. El análisis, en cambio, sostiene que en el norte sí han disminuido los homicidios.

La efectividad del Plan Calles sin Violencia quedó en entredicho luego de que la semana pasada se registraran 18 asesinatos en un lapso de solo cinco días.

El gobierno, sin embargo, ha defendido la efectividad del programa e incluso anunció una “segunda etapa” que incluye a todas las comunas de la Región Metropolitana con ejes de aplicación: persecución penal efectiva, aumento de patrullajes, control de incivilidades y recuperación de espacios públicos.

En su evaluación, el Instituto Libertad plantea que aún falta “una estrategia realmente integral, que contemple a todos los actores, recursos y factores que inciden en el programa, con acciones de corto, mediano y largo plazo”.

De norte a sur

Para llegar a esa conclusión, el informe del organismo analizó las cifras del Sistema Táctico de Operaciones Policiales de Carabineros (STOP) de las 48 comunas que forman parte del Plan Calles sin Violencia. Estas se revisaron con las estadísticas del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito que recoge el número de delitos de alta connotación social.

El estudio realizado por el Instituto Libertad también consideró la separación del programa en cuatro zonas: norte, centro, sur y RM. En cuanto al tiempo, el análisis compara las estadísticas cuando aún no se aplicaba el programa, desde enero a abril del 2023, con el mismo periodo de este año, cuando ya estaba en ejecución.

Bajo esos parámetros, el organismo privado concluye que en las 48 comunas, a nivel nacional, los homicidios aumentaron un 1,3%. En detalle, en las 24 comunas de la Región Metropolitana incluidas en el Plan Calles sin Violencia, este tipo de delitos aumentaron un 2,5% respecto al año anterior. Aquello se traduce en que 10 comunas vieron un alza en los homicidios, siete no tuvieron una variación, y en las otras siete restantes, bajaron los asesinatos.

El informe afirma que los índices de delitos de mayor connotación social -homicidios, violaciones, robos, entre otros- de las comunas integradas en el programa, también aumentaron. Según las cifras recogidas por el organismo, si el año pasado durante los primeros tres meses se sumaban 23.725 casos, este año la cifra de delitos llega a 26.341, un 9,9% más.

Excluyendo la RM, en las comunas de la zona centro del país donde se implementó la medida de Interior -Valparaíso, Viña del Mar, Cartagena, Quilpué, Rancagua, Talca y Chillán-, también han aumentado un 18,1% los homicidios. Los delitos de alta connotación, por su parte, tuvieron un crecimiento del 0,34%.

Situación que se repite en la zona sur del país -las comunas de Concepción, Los Ángeles, Coronel, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas-, donde según el análisis del Instituto Libertad, el delito de homicidios tiene un aumento del 42,8%.

Cifra diametralmente opuesta a lo que pasa en la zona norte -Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, La Serena y Ovalle-, donde este tipo de delitos ha tenido una caída del 32,5%. Los que también han bajado, tanto en el norte como en el sur, son los delitos de alta connotación pública, los que registran una disminución del 14,9% y 2,9%, respectivamente.

Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad, califica como deficiente al programa del gobierno, ya que a su juicio “evidencia los mismos problemas que vemos en general en la gestión de la seguridad pública, donde no hay una coordinación basada en un diagnóstico territorial bien hecho”. A su juicio, eso explica “resultados dispares y que en definitiva en las comunas principales los homicidios y los crímenes violentos hayan aumentado”.

El también exdiputado plantea que este tipo de programas se hacen “más basados en generar un impacto en la opinión pública que en el combate de la delincuencia”. Pardo afirma que, si bien el plan busca integrar la acción policial, “en la práctica los delitos han seguido al alza y en las comunas en que han disminuido son comunas donde no había acciones anteriores y, por lo tanto, la disminución se puede explicar más por el impacto de una primera intervención que es producto del plan mismo”. Por lo mismo, señala que es una “mala medida” el expandirlo en toda la RM.

Una situación compleja

El estudio del Instituto Libertad también analizó lo ocurrido en las 10 comunas donde se registraron los 18 homicidios en cinco días. De esto, concluye que en 6 de estas zonas estaba aplicado el Plan Calles sin Violencia, mismos lugares en los que aumentaron un 11,1% los asesinatos en un año.

Por otro lado, también se revisó la dinámica en la que ocurrieron esos hechos, la que da cuenta, según el informe, que existe una “marcada predominancia de participación de personas que pertenecen a agrupaciones o conjuntos de personas que están vinculadas a bandas”. Esta situación, a juicio del citado estudio, “se condice con el galopante crecimiento que ha tenido la instalación del crimen organizado en nuestro país y cómo estos grupos de personas se han ido tomando progresivamente las calles, entregando a la ciudadanía una sensación de abandono de parte del Estado”.

El director ejecutivo del Instituto Libertad concluye que se debe pensar en un diagnóstico integral, “tanto en la agenda legislativa como en las gestiones que se realizan por parte de los distintos actores para el combate de la delincuencia”. Respecto al plan de gobierno, Pardo concluye que hay que hacer “un estudio acabado para ver por qué tiene estos malos resultados”.

Precisamente la agenda legislativa es otro de los aspectos destacados en el informe, el cual sostiene que aún faltan leyes importantes consideradas en el fast track legislativo, como el proyecto del Ministerio de Seguridad, la Defensoría de las Víctimas, las fiscalías supraterritoriales o el Sistema de Inteligencia Financiera, entre otros.

“El tema legislativo sin duda es importante, pero no es lo único, y precisamente los proyectos de ley más importantes que debieron haber estado listos hace años y que habrían incidido a no llegar a los niveles que llegamos”, concluye el director ejecutivo del Instituto Libertad.

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