Michelle Bachelet condenó este lunes la persecución contra los defensores de derechos humanos y líderes sindicales en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro y critica la falta de divulgación de datos públicos en el país.

“El papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido”, resaltó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en su discurso de apertura de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

La ex mandataria chilena expresó su preocupación por la intimidación y criminalización de los activistas y alentó el diálogo para elecciones en universidades.

En cuanto a la falta de transparencia por parte del régimen de Nicolás Maduro, indicó que la falta de datos públicos impide un adecuado monitoreo de las políticas públicas.

También, dijo que su Oficina ha evaluado y formulado recomendaciones sobre los centros de detención preventiva del régimen y pidió la liberación de los presos políticos: “Seguimos dispuestos a acompañar las reformas policiales y judiciales en curso para apoyar el cumplimiento de las normas de derechos humanos aplicables. De los casos compartidos a través de nuestros mecanismos de cooperación, 152 detenidos han sido liberados desde junio de 2020. Reitero mi llamado a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, y celebro la absolución de Jaulio Bratar”.

Además, lamentó las penurias de la población en el marco de la crisis económica, ya que los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, lo que afecta a la alimentación y a la educación. “La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de covid-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones”, señaló.

En el informe de la oficina de Bachelet se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela, en particular en lo referido a la pandemia, y que para ello se asegure una distribución justa de las vacunas, que han estado ampliamente disponibles en los países ricos en detrimento de los pobres.

Bachelet anunció que el pasado viernes se renovó el acuerdo entre su oficina y el Gobierno venezolano para que personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país. Gracias a este último entendimiento los observadores de su entidad en Venezuela han pasado de seis a doce.

“Confío en que el diálogo político que tiene lugar actualmente en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en más avances para la protección de los derechos humanos”, culminó, en referencia al proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición.

Afganistán y China

En otros aspectos de su discurso, la Alta Comisionada denunció que el nuevo régimen talibán en Afganistán está incumpliendo sus promesas de respetar los derechos humanos de las mujeres y amnistiar a personas relacionadas con el anterior gobierno apoyado por EEUU.

En su informe, aseguró que en un mes de control talibán “las mujeres han sido progresivamente excluidas del espacio público”. Ya se ha prohibido a las niñas mayores de doce años asistir a la escuela en muchos lugares del país, y numerosos departamentos de protección de la mujer en el país han sido desmantelados, mientras su personal era amenazado, denunció.

Bachelet también lamentó no tener “un acceso significativo” a la región china de Xinjiang, donde vive la etnia musulmana uigur, y dijo por primera vez que su oficina está “finalizando la evaluación de la información disponible sobre las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en esta región, para hacerla pública”.

China rechaza que se lleve a cabo una investigación en Xinjiang. Estados Unidos, basándose en estudios de investigadores occidentales, acusa a China de haber internado a más de un millón de uigures en “campos” en la región. Beijing niega esta cifra y afirma que se trata de “centros de formación profesional”.

La crisis medioambiental

Las amenazas medioambientales que se intensifican constituyen “el desafío más importante para el ejercicio de los derechos humanos de nuestra era”, afirmó Bachelet, pidiendo a los políticos que pasen a la acción.

“Las crisis interdependientes vinculadas con la contaminación, el cambio climático y la biodiversidad multiplican las amenazas, amplificando los conflictos, las tensiones y las desigualdades estructurales, y volviendo a las personas cada vez más vulnerables”, declaró.

Bachelet subrayó que esta “triple crisis planetaria”, en gran medida provocada por la acción del hombre, ya tiene un impacto amplio y directo sobre toda una serie de derechos humanos, como “los derechos a una alimentación adecuada, al agua, a la educación, a la vivienda, a la salud, al desarrollo e incluso a la vida”.

La contaminación “es la causa de una de cada seis muertes prematuras”, destacó. Bachelet enumeró una lista de crisis ambientales como, entre otras, la hambruna en Madagascar, la desertificación en el Sahel, la escasez de recursos hídricos en Oriente Medio, los incendios en Siberia y California y las inundaciones en China y Alemania.

“Abordar la triple crisis ambiental mundial es un imperativo” y es “alcanzable”, dijo.

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