Las alarmas se encendieron en Chile, cuando uno de los diputados de la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte consultó a un prefecto inspector de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre posibles antecedentes de la entrada de maras -las famosas y peligrosas pandillas presentes principalmente en Centroamérica- a territorio chileno. Ante la consulta, el miembro del organismo policial solicitó una reunión “reservada”, es decir, secreta, para discutir el asunto.

Durante la sesión, dos prefectos inspectores exponían sobre crimen organizado y secuestros, prácticas detectadas con mayor frecuencia en el norte del país, principalmente. Constituida el 21 de diciembre del año pasado, la comisión fue el escenario ideal para que el diputado Jaime Araya (Ind. PPD) consultara por la posible presencia de miembros de las maras en territorio chileno, considerando la agresiva y polémica “guerra” declarada por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a estas organizaciones criminales, las que se han visto empujadas a salir del país.

“En su combate a la delincuencia (por parte de Bukele), ¿no tiene como efecto derivado que buena parte de las bandas que operaban se trasladaran a otros países? ¿Y tenemos antecedentes de si esas están llegando a Chile?”, le preguntó Araya.

“Para ser fiel a esa respuesta, pediría hacer una sesión reservada”, respondió el jefe nacional antinarcóticos y contra el crimen organizado, el prefecto inspector Paulo Contreras Cortés.

Acto seguido, se agendó la realización de una reunión secreta para el próximo lunes a las 15:00, con el fin de exponer los antecedentes que, presumiblemente, la institución policial dispone sobre la presencia de miembros de las maras en Chile.

La “guerra” contra las maras

Apilados, semidesnudos y esposados, cientos de hombres posaban involuntariamente ante las cámaras, las que registraron una de las fotografías que impactaron al mundo durante 2022. Eran miembros encarcelados de las maras, pandillas a las que Bukele les había declarado la “guerra”, lo que mantiene al país en un largo período de estado de excepción. La justificación, dicen las autoridades, estaría en el bajo número de asesinatos registrados en comparación a años anteriores, pese a las numerosas y constantes críticas de organismos internacionales por el resguardo de derechos fundamentales de la población.

Autoridades realizan redadas en las cárceles de El Salvador, en marzo de 2022.

¿Cómo se llegó a esa situación? Las maras, pandillas radicadas principalmente en Centroamérica y especializadas en secuestrar, asesinar y extorsionar por dinero a la población, son uno de los tipos de organización criminal más reconocidos, lamentablemente, de esa zona del continente, y según estimaciones de marzo de 2022 citadas por las BBC, sus filas contaban con cerca de 70.000 pandilleros en El Salvador.

Fue en respuesta a la particularmente sangrienta jornada del 27 de marzo del año pasado, cuando se registraron 62 homicidios en un mismo día, que la Asamblea Legislativa decidió aprobar la puesta en marcha del estado de excepción que, a 10 meses de su implementación, aún se mantiene vigente tras la aprobación mes a mes de su reinstauración. Este martes entró en vigor la nueva extensión, la que durará hasta el 15 de febrero.

Aquellos días marcaron el inicio de una “guerra” declarada por el Presidente Bukele contra las maras, logrando miles de arrestos de pandilleros, pero también de personas luego declaradas por la justicia como inocentes tras ser arrestadas en el contexto de “detenciones arbitrarias”, reclaman organismos internacionales.

En la práctica, la cruzada de Bukele, defendida a rajatabla por el mandatario y sus seguidores, se ha traducido en la detención de más de 61.000 personas bajo el estado de emergencia, según estimaciones oficiales, en una medida que, según encuestas y el nivel de apoyo en el Congreso unicameral, cuenta con pleno respaldo. La consultora CID Gallup aseguró en su última medición de diciembre que el mandatario goza de un 86% de aprobación ciudadana, convirtiéndose en el líder nacional con mayor respaldo en la región y manteniendo la tónica de sondeos previos. En el Congreso, por otro lado, contó con los votos de 67 legisladores de los 84 escaños disponibles para extender por décimo mes consecutivo el estado de excepción.

Entre las restricciones a los civiles y las atribuciones de las fuerzas de orden que más destacan, están la limitación a la libertad de asociación, la suspensión del derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos, así como al informar de las razones de su arresto, y la asistencia de un abogado.

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