Sólo en el primer trimestre de 2023, la compañía eléctrica CGE registró 336 robos de cables entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, que es donde opera, contabilizando 49.508 metros o 49,5 kilómetros.
Estos robos, perpetrados por lo que la compañía afirma son “bandas organizadas”, resultaron en más de 65.172 clientes afectados, quienes no contaron con suministro eléctrico durante horas, debido a los consiguientes trabajos que deben realizar las brigadas de la compañía para reponer la infraestructura dañada o destruida.
En un comunicado, indicaron que las zonas que registran mayor número de incidentes en el periodo nombrado, según la cantidad de metros del conductor de cobre sustraído, son la región de O’Higgins, con 13.930 metros, seguido por Coquimbo con 12.194 metros; las regiones de Arica y Tarapacá, que en conjunto acumulan 12.174 metros de cable robado entre enero y marzo; Biobío, con 5.188 metros y la región Metropolitana con 4.458 metros.
La compañía distribuidora también informó que el costo de reposición de la infraestructura dañada o destruida alcanzó los 1.016 millones de pesos en el primer trimestre de este año.
Matías Hepp, director de Operaciones de CGE, señaló que “el robo de cables eléctricos ha tenido un aumento exponencial en los últimos años y es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto. Nosotros como compañía realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país”.
El delito no es nuevo, y ya viene al alza desde hace un par de años. En 2022, la empresa registró un aumento de 217% en la cantidad de cable robado respecto de 2021, alcanzando 170 kilómetros. Esto significó un total de 854 delitos y más de 277 mil clientes afectados en su suministro.
“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, agregó Hepp.
Asimismo, el director de Operaciones llamó a las autoridades a combatir el delito con más fuerza. “Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades, de distintas regiones, han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante Carabineros y Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los autores de estos delitos”, enfatizó.
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