Este miércoles, el pleno del Consejo Constitucional estuvo citado para votar el capítulo II de la propuesta constitucional sobre derechos y libertades fundamentales. Los artículos discutidos, y posteriormente aprobados, elevaron la tensión que se vive entre los consejeros del oficialismo y la oposición. Tal como ha sido la tónica hasta el momento, la derecha nuevamente hizo valer su mayoría y aprobó todos los artículos más emblemáticos y polémicos que venían incorporados en este acápite.

Pese a que al inicio existían dudas respecto de qué haría Chile Vamos, luego de que el viernes cuatro de sus consejeros se abstuvieran y, por lo tanto, se rechazara la norma que planteaba que “todo ser humano es persona”, en esta jornada no hubo sorpresas y los representantes de la UDI, RN y Evópoli cumplieron sus compromisos con republicanos. Por lo mismo, dirigentes del Partido Republicano, como su presidente, Arturo Squella, la exconvencional e integrante de la directiva, Ruth Hurtado, y el asesor Cristián Valenzuela estuvieron todo el día en el Congreso en Santiago monitoreando el pleno.

De corbata amarilla, el abogado Cristián Valenzuela. De espalda, el jefe de los asesores republicanos, Jorge Barrera. A ambos costados los consejeros de ese partido, Jorge Ossandón y Sebastián Figueroa.

En primer lugar, se visó el artículo 1 del capítulo, el cual establece el derecho a la vida, junto con señalar que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Esta nomenclatura constituye un cambio respecto de lo regulado en la Constitución vigente, ya que en ese texto se señala que “la ley protege la vida del que está por nacer”. Los articulados, aunque similares, significan una importante diferencia, pues el oficialismo acusa que la expresión “de quien” pone en peligro la aplicación de la ley de aborto en tres causales, ya que de esa palabra se infiere que se hace referencia a una persona, en cambio la Carta Fundamental vigente, al utilizar la palabra “que” deja abierta la interpretación a una protección de un objeto o cosa.

“No es inocuo el cambio, no es cualquier cosa, cuando hablamos de lenguaje constitucional, no es un juego, es lenguaje político, es lenguaje que crea realidades, que abre la vía para consagrar derechos o para hacer todo lo contrario, y este es el caso de lo que se está proponiendo con la protección de la vida de quien está por nacer”, manifestó la consejera María Pardo (CS) en el debate. La izquierda aseguró que el aborto en tres causales no es lo único que se pone en riesgo, sino que también la entrega de la píldora del día después.

Ante lo expuesto por Pardo, el consejero Germán Becker (RN) le respondió inmediatamente señalando que “hemos conversado con muchos constitucionalistas, yo sé que ella lo es, pero hay muchos que difieren de su opinión, en el sentido de que esto prácticamente no haría ningún cambio con el aborto en tres casuales”.

Este artículo, además, motivó la dura intervención de la consejera Ángeles López (republicana), quien acusó al oficialismo de proponer una “enmienda sobre derechos sexuales y reproductivos, e incluso se oponen a la objeción de conciencia institucional, poco más que obligando a todos los profesionales e instituciones a estar de acuerdo con su nefasta, eso es violencia”. En su extensa intervención, López continuó su acusación a los consejeros de izquierda afirmando que “si les escandaliza que a los republicanos defendamos la vida, es que su razón está corrupta. A mí me escandaliza que sancionen a quien mate a un animal, pero avalen e inciten derecho para que se mate a un ser humano”.

Esta intervención motivó que el oficialismo, posterior a la sesión, enviara una respuesta a la consejera republicana. Pardo indicó que “tratar de caricaturizar nuestras posturas, tratar de hacer ese tipo de comparaciones nos parece muy mezquino de su parte. Hay que tomarse las posturas con la mayor humildad posible, estos ataques que se dieron en el pleno no nos parecen razonables ni que están a la altura de la discusión que tenemos que dar”.

El delegado de la bancada socialista, Alejandro Köhler, agregó que “las injuriosas y calumniosas declaraciones de la señora María López rayan no solo en la ofensa a nuestro bloque, sino que también son meritorias de análisis jurídicos porque son altamente calumniosas. Queremos reservamos el derecho a analizar estas declaraciones”.

Entre otras materias, el pleno visó el derecho a la integridad física y psíquica; que el desarrollo científico y tecnológico “estará al servicio de los seres humanos y se llevará con respeto a la dignidad humana”; la igualdad ante la ley y la no discriminación; el derecho a la libertad personal y seguridad individual.

En este último artículo, la atención -y tensión- estuvo puesta en la norma que permite que los condenados que acrediten tener una enfermedad terminal cumplir la pena en sus casas. En esta norma la derecha fue prácticamente en bloque con su voto a favor, exceptuando a las consejeras Lorena Gallardo (RN) -quien votó en contra- y Gloria Hutt (Evópoli), quien se abstuvo.

Este artículo se trata del reemplazo de una de las enmiendas que republicanos se comprometió públicamente a desechar. Esa norma establecía lo siguiente: Las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición solo será aplicable a aquellos casos en que la conducta sancionada no represente un peligro actual para la sociedad”.

Es por eso que la izquierda criticó esta indicación, acusando que significa un “perdonazo” a los reos de Punta Peuco. Así lo marcó el consejero Yerko Ljubetic (CS) en su intervención en el pleno. “Hay diversas razones por las cuales nos asiste el derecho legítimo a pensar que esto es simplemente una enmienda que es la legítima sucesora de la enmienda Punta Peuco retirada por los republicanos por haber generado reproche ciudadano generalizado”, dijo el consejero de CS.

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