Esta mañana el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió al caso que involucra a un grupo de militantes de su partido con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, donde se firmaron convenios por un total $ 426 millones entre el Serviu de dicha región, liderado en ese entonces por Carlos Contreras -exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez- y la Fundación Democracia Viva, presidida y fundada por la entonces pareja de la legisladora, Daniel Andrade (RD).
Otra figura de RD cuestionada es la ahora exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, a quien el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia en los últimos días.
En un inicio, el timonel del partido defendió a la parlamentaria y miembro de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, respecto a su vinculación con el caso, declarando incluso, hace poco más de una semana en El Mostrador Radio: “Catalina (Pérez) no tiene por qué hacerse responsable de acciones de otros, por más que sea su círculo cercano”.
Esta mañana, sin embargo, en conversación con T13 radio, el legislador dio un giro en su discurso y dudó del desconocimiento de la situación por parte de la diputada.
“Es muy poco probable que no supiera, es su propia región, es su círculo cercano y habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio, puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos y por eso hay que despejar su grado de responsabilidad y ella va a tener derecho al debido proceso y a presunta inocencia. Pero ella tendrá que, proactivamente, poner los antecedentes a disposición, no esperar que la pillen”, señaló Latorre.
Ayer, el senador junto a la directiva de RD llegó hasta el Centro de Justicia de Santiago, con la finalidad de presentar una querella en contra de todos quienes resulten responsables de eventuales delitos en el marco de los convenios suscritos entre la Seremi de Antofagasta y Democracia Viva.
En la instancia y tras presentar la querella, el senador entregó declaraciones a la prensa, donde explicó “el giro” que tuvo el partido sobre la eventual responsabilidad de sus militantes en el caso.
En esa línea, Latorre señaló que “los antecedentes iniciales que teníamos, tanto el gobierno como nosotros, era que acá en principio no había nada que estuviera fuera de regla, sino que había más bien un descriterio político, pero en la medida que se van conociendo más antecedentes, hay ya sospecha de delitos y obviamente por eso entra la fiscalía”.
Además, advirtió que “hay sospecha de corrupción, hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado con muy amplia diversidad de temas para sacar provecho de los recursos públicos y eso hay que investigar”.
Sobre la presentación de la querella, esta mañana Latorre indicó que, “hay indicios de que pudiese haber un diseño de aprovecharse del Estado con recursos públicos orientados a campamentos, lo cual es muy grave traiciona la confianza con la ciudadanía, traiciona la confianza pública y para una fundación que en su origen de poco tiempo estaba más bien para cuestiones de carácter política de participación ciudadana”.
La Fiscalía Regional de Antofagasta está llevando adelante una investigación para esclarecer si en el caso hay hechos que reviertan características de delito.
En en el marco de esa investigación, es que la tarde del martes la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI allanó el domicilio que la diputada Catalina Pérez mantiene en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, y que compartía con Andrade cuando eran pareja.
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