Un posible caso de conflicto de interés podría pesar en el recién asumido fiscal nacional, Ángel Valencia, luego que este miércoles se revelara que el abogado trabajó por cuatro años para la Municipalidad de Lo Barnechea, cuando Felipe Guevara era alcalde, ex autoridad que ha sido relacionada al caso que investiga el Ministerio Público por presunta corrupción en el municipio de Vitacura cuando fue liderado por Raúl Torrealba.

Un reportaje de Centro de Investigación Periodística (Ciper) profundizó en la relación entre ambos personeros, luego que en la jornada de su ratificación en el Senado, las senadoras Yasna Provoste (DC) y Loreto Carvajal (PPD) emplazaron a Valencia por su relación con el municipio de Lo Barnechea por una causa de 2008.

“No conozco a don Luis Felipe Guevara Stephens. No soy su abogado, nunca he tenido causas que este me haya encargado, o me haya delegado, o me haya designado como su abogado de confianza de forma directa. No lo conozco, no recuerdo haber tenido una reunión con él”, afirmó a la Cámara Alta.

“El escrito que se me exhibe corresponde a un escrito mediante el cual el abogado Juan Domingo Acosta y quien habla, constituimos poder a nombre de una persona (…) es posible que la confusión obedezca a un desconocimiento de las reglas procesales”, agregó.

Su relato terminó reiterando: “Yo no conozco a Felipe Guevara, no tengo ningún vínculo profesional actual con él, no he tenido ninguna reunión profesional con él, no soy su abogado”.

No obstante, el medio citado dio cuenta de que entre 2015 y 2019, Valencia trabajó para el municipio de Lo Barnechea, representó a Guevara en una causa por desacato por un permiso de edificación -resultó sobreseído- y lo asesoró en 2019 cuando el militante de Renovación Nacional (RN) asumió como intendente de la Región Metropolitana en pleno estallido social.

El nuevo fiscal aparece con 57 boletas de pagos mientras Guevara era alcalde de Lo Barnechea, cuya función fue cambiando con el paso de los años. En tanto, el rol que tuvo con el ex intendente en el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera fue de “asesorar y apoyar al Sr. Intendente en materias judiciales en donde el Gobierno Regional Metropolitano sea parte o tenga interés”.

Guevara negó el vínculo

En entrevista con el medio citado, el ex alcalde negó tener un vínculo con Valencia: “Hasta donde tengo entendido, yo no tengo ningún contrato con él. Nosotros en la municipalidad contratamos, previo concurso público, aprobado por el concejo municipal, al señor Juan Domingo Acosta. Y el señor Acosta se podrá hacer acompañar por quien estime conveniente para cumplir con los objetivos del contrato que tenía. Nosotros con el señor Valencia nunca tuvimos ningún contrato ni ninguna relación contractual. La relación laboral con el señor Valencia nunca ha existido”.

El medio le hizo llegar a Guevara los registros de transparencia municipal y de la Intendencia donde sí se constata la relación laboral entre ambos. “¿Puede ser que haya alguna contratación? Puede ser. Son cientos de abogados los que contrata una municipalidad, son menos los que contrata una intendencia, pero también son muchos. Pero de ahí colegir que hay alguna relación, no. Porque lo que no tengo es una relación bipersonal, ni lo conozco, ni tengo su teléfono y nunca he estado en un mismo lugar con él. Es más, no lo reconocería si me lo topo en una reunión social con él, no sé quién es”, respondió.

Al respecto, Ciper le dijo al ex alcalde: “Lo que quisiéramos saber, entonces, es ¿por qué si no lo conoce y no tiene ni su teléfono, lo ha contratado tantas veces?”.

“Pucha, porque en una municipalidad trabajan cinco mil personas y los temas judiciales los ve la dirección jurídica, no las ve el alcalde. El alcalde no está pendiente de las contrataciones de ese tipo, ni de las cobranzas. Al alcalde le hacen un resumen”, contestó.

Gobierno: “Es algo que tiene que responder el Ministerio Público”

Este jueves, se le consultó por la situación al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero: “Es poco lo que puedo decir ahí. Primero, porque el nombramiento del fiscal Valencia ha sido ratificado por el Senado, su decreto de nombramiento ha sido tomado de razón y hoy ha asumido funciones. Pero además, hay un aspecto constitucional que es relevante: el fiscal nacional, y la Fiscalía Nacional, es una autonomía constitucional respecto de la cual el Ejecutivo no tiene ningún vínculo, ni siquiera de dependencia ni de supervigilancia“.

“Cualquier respuesta a esa pregunta es algo que tiene que responder el Ministerio Público, en particular el fiscal Valencia”, sentenció.

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