Integrantes de la disuelta Convención Constitucional ocupan cargos en ministerios, seremías, municipalidades, gobiernos regionales y embajadas. Son al menos 19 los ex constituyentes que se incorporaron al sector público, tras el fracaso de la Convención; y de esos 10 forman parte del gobierno central, con salarios que en la mayoría de los casos superan los $2,7 millones brutos, que recibían por ser parte de la instancia redactora.
Dentro del Ejecutivo, el Ministerio del Interior es el que más ha contratado a ex convencionales, con cuatro: dos en la Subsecretaría de Interior y dos en la de Prevención del Delito. Dos más son parte del Ministerio de Cultura. Hacienda y Desarrollo Social cuentan con un ex convencional, cada uno. Al igual que otro caso en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También se encuentra una ex convencional como jefa de gabinete en una seremi de salud regional.
Asimismo, dentro de la estructura del Estado, otros siete ex convencionales se desempeñan en municipalidades (la mayoría en Valparaíso) y dos en gobiernos regionales.
El segundo proceso constituyente arrancó formalmente. En la reforma quedó establecido que “las personas que hayan integrado la Convención Constitucional no podrán ser candidatos al Consejo Constitucional, ni tampoco integrar la Comisión Experta ni el Comité Técnico de Admisibilidad”. Esto considerando, además, que los ex constituyentes tienen inhabilidad de hasta un año después de que cesaron en sus cargos en la Convención para ser candidatos a cargos de elección popular.
Sin embargo, tales disposiciones no los inhabilitan para que sean designados en puestos en instituciones públicas; y con altos salarios.
De constituyente a embajadora
Mientras estuvo en la Convención, la periodista Beatriz Sánchez dirigió la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.
Fue nombrada embajadora de Chile en México en noviembre de 2022 y enseguida recibió el beneplácito del gobierno de Manuel López Obrador.
La ex candidata presidencial del Frente Amplio compitió en la elección para convencionales en calidad de independiente en cupo de Revolución Democrática y como parte del pacto Apruebo Dignidad.
Dentro del grupo de once ex convencionales contratados por el gobierno es quien recibe el salario más alto, una remuneración propia de la investidura de una embajadora que, además, es funcionaria de planta.
Agradezco al presidente @GabrielBoric la confianza depositada en mí.
Me comprometo a dejar en lo más alto el espíritu chileno en tierras mexicanas.
🇨🇱❤️🇲🇽— Beatriz Sánchez (@labeasanchez) November 10, 2022
De acuerdo con la información disponible en el portal de Transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene un sueldo bruto mensual de 15.964 dólares (13,1 millones de pesos al cambio del 13 de enero). Su contratación empezó a correr desde el 16 de noviembre de 2022 y su fecha de término es indefinida.
Las contrataciones del Ministerio del Interior
En el Ministerio del Interior es donde aterrizó un mayor número de ex convencionales. A la Subsecretaría de Interior llegaron los abogados Ricardo Montero Allende (PS) y Constanza Schönhaut (Convergencia Social).
Montero es el jefe de gabinete de la ministra Carolina Tohá, cargo que ejerce desde el 6 de septiembre de 2022; con una remuneración bruta mensual de $6.891.201.
El abogado ya tenía experiencia como jefe de gabinete, puesto que tuvo ese cargo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet en las carteras de Defensa (2014-2015) e Interior (2015-2017).
Montero, del Colectivo Socialista en la Convención, participó en la comisión temática sobre Sistema Político, Poder Legislativo y Sistema Electoral, y también en la comisión de Armonización. Tras conocerse su designación el senador socialista Fidel Espinoza tuiteó: “Si van a comenzar a instalar en los cargos del Gobierno de Chile a los principales responsables de la debacle del 4/S, mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada. Al menos conmigo no. No aprendieron, ni entendieron nada de nada”.
Si van a comenzar a instalar en los cargos de @GobiernodeChile a los principales responsables de la debacle del 4/S , mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada. Al menos conmigo no. No aprendieron ni entendieron nada de nada. pic.twitter.com/QMFXgCrNLt
— Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) September 8, 2022
En la Subsecretaría del Interior también se encuentra la compañera de partido del Presidente Boric, Constanza Schönhaut. Es asesora en el gabinete de la ministra desde el 5 de octubre, con un salario bruto de $4.000.000.
En la Convención también estuvo en la comisión temática sobre Sistema Político, Poder Legislativo y Sistema Electoral; y en mayo de 2022 se unió a la comisión de Normas Transitorias.
También en Prevención del Delito
El segundo ex convencional con la remuneración más alta se encuentra en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se trata de César Valenzuela Maass, abogado y militante del Partido Socialista.
Valenzuela es personal de planta y tiene un cargo directivo como jefe de programa desde el 6 de octubre y por tiempo indefinido. Su remuneración bruta mensual es de $5.131.257.
Como constituyente, fue uno de los articuladores del Colectivo Socialista; y participó en la comisión temática de Derechos Fundamentales y luego en la de Normas Transitorias.
Tatiana Urrutia Herrera, de Revolución Democrática, se desempeña en la misma subsecretaría. Está contratada a honorarios desde 14 noviembre 2022 y ese mes recibió un salario bruto de $1.133.333 por sus tareas como “experta en labores administrativas”.
Según la descripción del cargo, en el portal de Transparencia, sus labores consisten en coordinar y gestionar la agenda del subsecretario Eduardo Vergara; así como en la articulación de eventos y actividades territoriales. También en la elaboración de minutas temáticas relacionadas a actividades del subsecretario, elaborar presentaciones, hacer seguimiento de correspondencia, gestionar audiencias vía Plataforma Lobby y en la prestación de asesorías al subsecretario en los temas de su competencia.
La llegada de Patricio Fernández a Cultura
El ex convencional independiente Patricio Fernández figura contratado a honorarios en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Su tarea es ser asesor para la conmemoración que prepara el Gobierno de los cincuenta años del golpe de Estado en Chile y por ello percibe un honorario bruto de $3.333.334.
El 4 de julio de 2022 se dictó el decreto que crea la “comisión asesora presidencial interministerial para la coordinación de la conmemoración”, encargada de dar vida al relato gubernamental de la fecha. La incorporación del fundador de The Clinic en estas tareas se dio a conocer en noviembre.
Fernández, de quien es sabida su cercanía con Gabriel Boric, será parte de la comisión en representación de Presidencia. Desde el Ministerio de las Culturas señalaron sobre este nombramiento, citados por La Tercera, que valoran “su capacidad de diálogo y de construir puentes de colaboración, lo que nos posibilita dar una mirada moderna, empática y dialogante a esta conmemoración histórica”.
Por otra parte, Radio Bío Bío dio a conocer en diciembre, que al Ministerio de las Culturas llegó también la ex convencional Jeniffer Mella, abogada independiente cercana al Frente Amplio. Su incorporación sería como la nueva jefa de gabinete de la ministra Julieta Brodsky. Y el mismo medio reporta que recibirá una renta bruta que sobrepasa los 5,5 millones de pesos.
La convencional de escaños reservados en Desarrollo Social
La Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, estuvo vacante desde marzo. Hasta que a principios de diciembre se informó la llegada a ese despacho de la abogada especialista en derecho indígena Rosa Catrileo.
Catrileo fue electa para integrar la Convención vía escaños reservados en representación del pueblo mapuche.
Está contratada por la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social como asesora especial para asuntos indígenas. Entre sus tareas se encuentran coordinar, supervisar y orientar la ejecución global de todas las actividades relativas a la temática indígena velando por el cumplimiento de los lineamientos formulados en el Programa de Gobierno 2022-2026. Además, proponer los mecanismos administrativos, financieros y de gestión que aseguren el eficiente manejo de los recursos humanos y materiales del Programa de Asuntos Indígenas; así como la asesoría al ministro Giorgio Jackson y a la subsecretaria Francisca Perales en materias propias de la temática indígena. Esto por un salario bruto de $3.600.000.
Catrileo fue coordinadora de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional y ante las críticas que recibió esa propuesta dijo en una entrevista concedida en agosto -antes del plebiscito de salida-: “La Convención se hizo cargo de resolver las asimetrías entre las cámaras”.
Mientras que en cuanto a la plurinacionalidad la abogada recalcó: “Acá hay quienes pensaban que bastaba con el reconocimiento de los pueblos indígenas para que quedara todo perfecto. Un mero reconocimiento vacío no era significativo para nosotros. Lo importante era el reconocimiento y la materialización de derechos que nosotros ya tenemos en el ordenamiento jurídico internacional con o sin constitución”.
El cientista político llegado a Hacienda
Tomás Laibe Sáez milita en el Partido Socialista, es cientista político y, de acuerdo con el portal de Transparencia de la Subsecretaría de Hacienda, tiene un máster en Gobierno y Gerencia Pública. Allí también se indica que se integró contratado a honorarios a esa subsecretaría el 10 de noviembre de 2020. Mes en el que tuvo una remuneración bruta por $2.800.000, un “monto proporcional de los días trabajados en el mes”, por lo que sus honorarios deberían ser más altos.
Laibe fue vicepresidente adjunto de la mesa de la Convención desde el 6 de enero de 2022.
Según la descripción de sus funciones en la cartera que dirige Mario Marcel le corresponde asesorar y apoyar al ministro, de forma permanente y dentro de su especialidad, en los requerimientos de comisiones, mesas de trabajo o consejos; asesorar permanentemente al ministro en lo relativo a las relaciones institucionales, como también, en lo concerniente a las relaciones político-institucionales propias de la cartera; apoyar en el diseño de políticas públicas participando en la elaboración de informes, minutas, proyectos de ley y presentaciones, especialmente en aquellas materias relacionadas y encomendadas por el ministro; elaborar informes, minutas técnicas e insumos, propios de su especialidad, para ser utilizados en las distintas iniciativas lideradas por el ministerio; asistir cuando sea necesario al Congreso o a reuniones con otros ministerios para participar en instancias de estudio y discusión de proyectos de ley de interés o relacionados con el Ministerio de Hacienda, para lo cual deberá actuar en conjunto con la coordinadora legislativa; acompañar al ministro en las reuniones en las que sea requerido; entre otras.
El socialista ya tenía experiencia en el Ejecutivo, ya que entre 2019 y 2020 se desempeñó en la Subsecretaría de Economía como profesional de apoyo en la División Empresas de Menor Tamaño.
La jefa de gabinete de la seremi de Salud de la Región de Valparaíso
La ex convencional María José Oyarzún, profesora de filosofía y militante de Revolución Democrática, asumió como jefa de gabinete de la seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Lorena Cofré, el 3 de octubre de 2022.
Oyarzún fue parte de la comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía y en mayo de 2022 se integró a la comisión de Preámbulo de la Convención Constitucional.
Por sus nuevas tareas recibe un salario bruto mensual de $3.682.971.
También en la Seremi de Salud, pero de Tarapacá, se desempeña la ex convencional Alejandra Flores Carlos. Sin embargo, no fue incluida en los conteos totales de esta nota porque estaba ligada a esa oficina como encargada de salud de pueblos indígenas, desde antes de asumir en la Convención Constitucional.
Los fichajes de Sharp de la Coordinadora Plurinacional
Manuel Woldarsky, Tania Madriaga, Alejandra Pérez y Eric Chinga, que en la Convención Constitucional integraron el colectivo Coordinadora Plurinacional, se sumaron a la Municipalidad de Valparaíso a los pocos días de que el órgano redactor se disolviera.
De los cuatro, quien percibe la remuneración mayor es la socióloga Madriaga, quien se desempeña en la administración municipal, con una remuneración bruta de $3.080.721 desde el 11 de julio de 2022. Madriaga ya conocía esta instancia, pues fue directora de la Secretaría de Planificación Municipal de Valparaíso, entre 2017 y 2020, en la primera administración del alcalde Jorge Sharp.
El representante del pueblo diaguita en la Convención Constitucional Eric Chinga y la ex convencional Alejandra Pérez también se sumaron al personal de la municipalidad el 11 de julio. Ambos con un salario bruto de $2.060.000.
Pérez tiene funciones transitorias de apoyo en el programa de planificación territorial integrada, con enfoque de participación y derechos humanos. Por su parte, Chinga apoya el programa comunitario de fortalecimiento de actores sociales.
Woldarsky, por su parte, se desempeña en paralelo en las municipalidades de Valparaíso y de Cerrillos. A la primera se sumó, al igual que sus compañeros de la Coordinadora Plurinacional el 11 de julio de 2022, con honorarios brutos por $1.030.000. Allí cumple funciones transitorias de apoyo para actualizar la información del programa de planificación territorial integrada, con enfoque de participación y derechos humanos.
Woldarsky quien llegó a la Convención como parte del pacto La Lista del Pueblo se integró como personal contratado a honorarios en la Municipalidad de Cerrillos el 1 de agosto de 2022, con un salario bruto de $1.000.000 por participar en el programa de participación ciudadana y como apoyo en gestión comunitaria.
Estos cuatro ex convencionales formaron parte del comando Apruebo Transformar, que organizó la performance de la agrupación travesti Las Indetectables en la Plaza Victoria de Valparaíso.
Los ex convencionales en las municipalidades de Tocopilla, Rinconada y San Antonio
Natividad Llanquileo Pilquiman figura en el portal de Transparencia contratada a honorarios en la Municipalidad de San Antonio.
Fue electa para integrar la Convención Constitucional vía escaños reservados, como representante mapuche. Fue noticia en octubre de 2021 en la Comisión de Sistemas de Justicia por ejercer presiones sobre sus compañeros, no a la hora de votar sobre las normas que se discutían para el borrador de Constitución, sino en la elección de coordinadores de dicha comisión. Es hermana de Víctor Llanquileo, vinculado a la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafquenche (RML) y condenado a 16 años de prisión por el asalto a la caja de compensación de Galvarino, ocurrido en 2018.
Se integró a la Municipalidad de San Antonio el 18 de julio de 2022 con una remuneración bruta de $1.500.000. Allí apoya el programa para la promoción de la participación ciudadana.
El abogado Claudio Gómez Castro que llegó a la Convención en calidad independiente, en cupo del Partido Socialista, se unió al personal de la Municipalidad de Rinconada, con un sueldo bruto de $1.853.049. La información disponible en Transparencia dice que inició tareas el 23 de mayo de 2022; aunque su primera remuneración la cobró en julio.
Por su parte, la profesora de Historia y Geografía Dayyana González Araya, que fue electa en la Convención como parte de La Lista del Pueblo se integró a la Municipalidad de Tocopilla el 5 de julio de 2022, instancia en la que ya había prestado servicios antes de su paso por la Convención. Tiene un salario bruto de $1.441.675 como docente de planta.
Ex convencionales en los gobiernos regionales
La abogada y militante del Partido Comunista Ericka Portilla Barrios aparece en los registros de Transparencia como asesora jurídica del Gobierno Regional de Atacama en los meses de noviembre y diciembre. En noviembre con un salario bruto de $2.154.803 y en diciembre de $2.744.446. Información recibida por El Líbero indica que en el mes de enero de 2023 habría entrado a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Recoleta.
Por último, al Gobierno Regional de O’Higgins se integró el 1 de noviembre el abogado socialista Matías Orellana Cuellar, como jefe de la división de administración y finanzas; con un salario bruto de $3.332.294.
Por Emily Avendaño para El Líbero
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