Aunque es improbable que el Presidente Gabriel Boric sea acusado constitucionalmente por el escándalo de los indultos presidenciales, hay buenas razones para creer que el Mandatario realizó un notable abandono de deberes cuando optó, con conocimiento de causa, por indultar a varios delincuentes con un amplio prontuario con la excusa de que estaba tratando de sanar dolores causados por el estallido social de 2019.

Si bien la negligencia en el ejercicio del poder no es una causal para una acusación constitucional, sí es razón suficiente para que la opinión pública le quite su confianza y lo castigue con niveles récord de desaprobación presidencial en las encuestas de opinión pública.

A la luz de los hechos, ya no queda duda que el único responsable directo de la decisión de indultar a delincuentes con un amplio prontuario a fines de diciembre de 2022 fue del Presidente de la República, Gabriel Boric.

Las declaraciones hechas el fin de semana por el nuevo titular de Justicia, Luis Cordero, contradicen directamente lo que en su momento dijo el propio Boric y la vocera de gobierno Camila Vallejo.

Mientras Boric y Vallejo hablaron de desprolijidades en el proceso, apuntando a lo que hizo o dejó de hacer la entonces Ministra de Justicia, Marcela Ríos, en el proceso de indulto, las palabras de Luis Cordero dejaron en claro que el Presidente Boric contaba con toda la información disponible cuando decidió proceder con el indulto a los delincuentes con ese extenso prontuario.

Es verdad que el Presidente tiene la facultad constitucional de indultar a quien estime conveniente. Sus predecesores hicieron uso de esa facultad también. En el caso del ex Presidente Sebastián Piñera, cientos de personas fueron indultadas. La mayoría, por razones humanitarias. Varios connotados casos de criminales que violaron derechos humanos en la dictadura, y que estaban con enfermedades terminales, fueron indultados para que pudieran pasar sus últimos días en sus hogares.

Esto se explica porque incluso los violadores de derechos humanos tienen derechos humanos y son personas que pueden recibir un trato digno y humanitario en democracias que funcionan adecuadamente -un trato digno y humanitario que ellos negaron a sus víctimas.

Pero los indultos del Presidente Boric responden a una lógica distinta. Boric no indultó a enfermos terminales ni usó la potestad del indulto para dejar libres a personas que se arrepintieron de sus delitos y que querían enmendar rumbo.

El Presidente indultó a personas convictas, alegando que sus condenas fueron injustas, como en el caso del ex guerrillero Jorge Mateluna. Cuando Boric justificó ese indulto, por cierto, provocó una inmediata reacción de la Corte Suprema que le recordó, en una declaración pública sin precedentes, que la Constitución prohíbe explícitamente al Presidente de la República comentar fallos judiciales.

Boric también indultó a delincuentes que tenían un extenso prontuario y que jamás han pedido perdón por sus delitos. Es más, uno de ellos, el delincuente Luis Castillo Opazo realizó incendiarias declaraciones después de quedar en libertad. En vez de expresar su agradecimiento por el indulto, Castillo Opazo declaró: «Me dieron mi libertad, nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme y fuerte» y convocó a sus compañeros de causa a «que salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa». Como guinda de la torta, Castillo Opazo se refirió a otros presos de la revuelta, condenados por delitos comunes, como presos políticos.

Un delincuente que recibe un indulto presidencial debiera expresar su agradecimiento por ese inmerecido regalo, no autoproclamarse como un luchador social que defiende una causa justa. El hecho que los indultados por Boric compartan la lectura del propio Presidente de que estaban presos injustamente no es sorpresivo, pero es igualmente decepcionante.

En todo caso, en última instancia, la culpa no es de los indultados. Los indultados se han convertido en noticia y han tenido tribuna pública precisamente porque el Presidente Boric decidió usar el poco capital político que le quedaba para liberar a delincuentes.

Ahora, el inexperto Mandatario debe asumir el costo de su decisión. Peor aun, por el resto de la vida cargará con ese peso de haber tomado una decisión tan inadecuada de forma tan intempestiva e irreflexiva. Para su negligencia en el ejercicio del poder, lamentable para Boric, no hay indulto posible en los libros de historia.

Por Patricio Navia, Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP, para El Líbero

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