El proyecto de nueva Constitución elaborado por el Consejo Constitucional ofrece una gran oportunidad para la renovación del pacto democrático y el reforzamiento de la estabilidad y la gobernabilidad. El fin de la incertidumbre en el terreno constitucional puede beneficiar el esfuerzo de Chile orientado a retomar el camino del crecimiento económico y responder eficazmente a las necesidades de seguridad pública, creación de empleos, atención de salud, superación del atraso educacional, etc.
La Comisión Experta revisará ahora el texto, y es de esperar que no surjan diferencias insalvables con lo aprobado por el Consejo, que es el órgano mandatado para adoptar las decisiones finales sobre el texto que será sometido a plebiscito. Ya no hay espacio para las discusiones genéricas, sino para propuestas específicas sobre la redacción del articulado, lo que supone tomar decisiones en las que la precisión idiomática será crucial. Los asuntos semánticos, al revés de lo que suele decirse, son muy importantes, porque se refieren al significado de las palabras Es indispensable evitar los equívocos y las ambigüedades.
El proyecto es una síntesis realista de continuidad y cambio. Conserva contenidos esenciales de la Constitución vigente, integra las contribuciones del anteproyecto de la Comisión Experta, y agrega los aportes surgidos en los debates del Consejo. Se pueden criticar legítimamente determinados artículos, incluso cuestionar el rango constitucional de ciertas materias (algunas de las cuales podrían justificarse como proyectos de ley), pero lo que no está en duda es que la columna vertebral del proyecto cumple con los requisitos de una democracia moderna.
Hay quienes prefieren no fijarse en el articulado, sino levantar consignas procaces, como decir que el texto es “antimujeres” o “anti-pueblos originarios”, o que es tan partisano como el de la Convención, pero esta vez de derecha. Algunos parecen buscar un empate entre lo hecho por el Consejo y lo hecho por la Convención, y borrar así el Rechazo del 4 de septiembre. Es otra forma de ilusionismo. Existe una distancia inconmensurable entre el nuevo proyecto y el de la refundación, por el cual el presidente Boric y sus ministros hicieron campaña sin fijarse ni en la ética ni en la estética.
Se discute hoy, legítimamente, sobre cómo entender la libre elección en salud, o si la propiedad de los fondos previsionales puede articularse con la solidaridad, o sobre las contribuciones a la primera vivienda, pero no está en tela de juicio lo que ahora establece el Artículo 3: “El Estado de Chile adopta para su gobierno la república democrática, con separación de poderes y régimen residencial. La soberanía reside en el Pueblo de Chile, Nación única e indivisible, y se ejerce a través de elecciones periódicas, plebiscitos y de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio”.
La izquierda octubrista no pudo imponer un texto que avalara la irracionalidad de 2019. Su amenaza de nuevos estallidos de violencia hizo retroceder a mucha gente respecto del compromiso con el orden democrático, pero no logró someter al país. Ojalá que quienes, en el mundo de la antigua centroizquierda, aceptaron la desmesura, creyendo que así ayudaban a la causa de los derechos sociales, contribuyan ahora a sostener los valores que necesitamos preservar: las garantías individuales, la igualdad ante la ley, el estatuto de ciudadanía, que son las condiciones para mejorar la sociedad.
De aquí al 17 de diciembre, veremos con cuánta rectitud actúan los diversos partidos y con cuánto apego a la verdad. Veremos si se distancian o no de las tretas populistas. Será una nueva prueba respecto del objetivo de sanear los hábitos políticos, rechazar la demagogia y bregar por el civismo. Confiemos en que crezca la voluntad de reforzar el régimen de libertades y, consiguientemente, las normas y procedimientos que lo hacen posible. Al respecto, tiene enorme relevancia el Artículo 10 del proyecto.
- “Son deberes u obligaciones fundamentales del Estado:
a) Garantizar la seguridad de la población, promover la integración armoniosa y solidaria de sus habitantes y su participación en la vida nacional.
b) Resguardar y mantener la paz social y el orden público. El uso de la violencia como método de acción política es contrario a la Constitución y la democracia.
c) Proteger la vida, libertad y bienes de las personas.
- Es obligación fundamental del Estado y la comunidad política trabajar por la paz social. El orden constitucional supone el uso de métodos pacíficos de acción política”.
La mayor responsabilidad por la suerte del proceso es, naturalmente, del Partido Republicano y de Chile Vamos, que suman 33 miembros de los 50 que tiene el Consejo. Pero, la minoría debe ser respetada. Hay que insistir en la idea de construir un amplio arco constitucional con todas las fuerzas comprometidas genuinamente con la defensa del régimen democrático
¿Puede cambiar la tendencia de las encuestas? Por supuesto que sí. Dependerá de que la mayoría de los ciudadanos perciba que el nuevo texto puede ayudar a reforzar la paz interior y la legalidad. Es hora de despejar el panorama y crear un clima de confianza para la convivencia en libertad. Será crucial que el Consejo y la Comisión Experta no lo pierdan de vista.
Por Sergio Muñoz Riveros para ex-ante.cl
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