Esta mañana, el comité técnico que se formó al interior de la Comisión de Salud del Senado con el objetivo entregar un informe para que los parlamentarios revisen las propuestas y propongan indicaciones para votar la ley que viabiliza el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a utilizar la nueva tabla de factores con todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, entregó su propuesta final.

En el documento final, los expertos volvieron analizar una vez más el monto que las aseguradoras deberían devolver, y que la Superintencia había estimado en primera instancia que correspondía a casi US$ 1.400 millones. Sin embargo, el ente técnico calculó un valor diferente, pues según la información que entregó el ente técnico la deuda se redujo a 402.341 millones (451 millones de USD aprox.).

También fue materia de análisis el establecer el período que la ley debiera contemplar para hacer las devoluciones a los afiliados por parte de las Isapres. En ese contexto, los 16 expertos propusieron que la norma determine un plazo de diez años para la devolución de estos excedentes de forma de evitar los riesgos de incumplimiento y quiebra.

En base a estas estimaciones, las Isapre deberán destinar cerca de US$45 millones anuales por los próximos diez años únicamente a saldar la deuda derivada del fallo de la Corte Suprema. Durante este período con deuda vigente, tal como establece la propuesta del Ejecutivo, las isapres no podrían hacer retiro de utilidades.

Además, el ente técnico, compuesto por 16 profesionales que representan al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Asociación de Isapres y dos institutos que han sido sugeridos por las partes, que son el Centro de Estudios Espacio Público y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, debatieron sobre la reforma de salud.

“La crisis actual del subsistema isapre subraya la necesidad y urgencia de esta reforma que no es posible resolver mediante una ley corta. Es por esto que la Comisión acuerda recomendar, tanto al Congreso Nacional como al Ejecutivo, avanzar de manera urgente en un trabajo técnico y político que permita el diseño y aprobación de cambios sustantivos a nuestro sistema de salud, los cuales sean materializados con la mayor urgencia posible”, establece el documento de 105 páginas.

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