El pacto fiscal avanza. Sí, pero a un paso muy pausado y sin todavía conocer qué materias de los ítems centrales que deben generar recaudación, terminarán siendo impulsados por el gobierno. Si bien el jueves pasado el Ministerio de Hacienda entregó a los partidos políticos un borrador con las propuestas en materia de reformas al Estado trabajadas en el marco del pacto fiscal, que incluye 11 iniciativas, nada se sabe del proyecto antievasión y elusión, y menos de la iniciativa relativa al impuesto a la renta.
El objetivo de recaudación que se busca con este pacto fiscal es de 2,7% del PIB, unos US$8.000 millones. De ese total, ha dicho el ministro Mario Marcel, 1,2% es para financiar pensiones, 0,9% para salud, 0,3% para protección social y 0,3% para seguridad pública.
La gradualidad para llegar a los 2,7% del PIB sería de cuatro años. Así, el primer año la necesidad de gasto asciende a 0,5% del PIB; el segundo año es de 1,1%; el tercer año de 1,5%, y ya el cuarto año se entraría en régimen, completando el 2,7% del PIB. Por ello, apurar su concreción es clave para contar con algo de esos recursos durante este gobierno.
De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió la semana pasada que no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no se aumentan las fuentes de financiamiento, también permanentes, las que pueden provenir de un mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, menor evasión, reasignaciones, o mayor eficiencia del gasto.
Los economistas se suman al CFA y, por lo mismo, recomiendan al Ejecutivo reorientar su programa y las fuentes de financiamiento, en caso que no avance el pacto fiscal. Esto, porque de lo contrario alertan que se pone cuesta arriba cumplirlo tal como estaba previsto, sin generar problemas en las cuentas públicas.
Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores, sostiene que “dado que el programa de gobierno supone un aumento importante en el gasto, faltando recursos, el programa no se puede llevar a cabo. Esa es la garantía que da el actual ministro de Hacienda y que el gobierno no tenga mayoría en el Congreso”.
También plantea esas dudas Francisca Pérez, economista de Bci, quien afirma que “tendrá que buscar recursos en otras partes, reduciendo aquellos gastos que no son necesarios”. Pero también señala que “si no hay pacto fiscal, el mayor ingreso debe venir por parte de mayor crecimiento, aunque últimamente las proyecciones de crecimiento para 2024 están tendiendo a la baja”.
Por su parte, Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, dice que el “error es plantear que la única fuente de ingresos es subir impuestos. En una situación tan precaria de la economía, con una tasa de desempleo en 9%, sin crecimiento, con inversión y consumo que se contraen fuertemente y niveles de ingresos de los hogares menores que el año 2017, más impuestos sólo significarán más pobreza”.
Macarena García, suma otra mirada al análisis: “Hasta el momento el gobierno cuenta con cerca de 0,85%-0,9% del PIB en mayores ingresos permanentes, donde están el royalty con 0,45% del PIB y los ingresos del litio que representan 0,4% del PIB. Si bien no es bastante relevante, podrían ser mayores si flexibiliza el acceso al litio y si efectivamente implementa medidas potentes para un mayor crecimiento económico”. No obstante, añade que “en lo que se ha sabido del nuevo pacto fiscal, las medidas procrecimiento no son lo suficientemente potentes como para generar un cambio”.
¿Qué hacer con el programa?
La mayoría de los economistas consideran que en caso de no contar con los recursos permanentes para financiar gastos permanentes, el gobierno deberá pausar su agenda en la segunda mitad de su período para no generar desajustes en las finanzas públicas, aunque algunos plantean que todavía tiene espacio para emitir deuda. Sin embargo, la mayoría no está de acuerdo con ello.
Para Fernández, “si no hay pacto fiscal y, por lo tanto, tampoco mayores ingresos, salvo lo del royalty, el gobierno debería enfatizar el gasto en obras públicas (inversión en general) y en concesiones, y no en gasto corriente”. Asegura que “la situación fiscal es muy débil y recurrir a más endeudamiento sería un error tremendo, ya que aseguraría la baja en la clasificación de riesgo”.
Mientras que para Weber, “si el programa de gobierno sigue incluyendo la condonación del CAE o el pago de la llamada deuda histórica de los profesores, entonces lo mejor para los chilenos sería sacrificar el programa y cuidar las finanzas públicas”.
García argumenta que “si no hay pacto para generar nuevos ingresos, el gobierno debe ordenar su propio gasto, priorizarlo, focalizarlo, evaluarlo, y tomar decisiones, aunque sean políticamente difíciles. Si no toma este camino y continúa gastando sin tener el financiamiento permanente, la deuda pública sólo se incrementará, lo que generará aumentos de tasas de interés tanto para el gobierno como para los privados, afectando a todos los que busquen crédito”.
En tanto, Natalia Aránguiz, socia y gerente de estudios en Aurea Group, menciona que “es un tema de prioridades y responsabilidad, toda vez que la sostenibilidad fiscal es absolutamente prioritaria y el avance del programa de gobierno debe estar sometido a ella”. Sin embargo, enfatiza que “el problema no es que exista una complicación en el avance del programa, la cuestión es si su programa pone en riesgo las arcas fiscales. Lamentablemente el gobierno aún no cae en cuenta que sin crecimiento es imposible hablar de un incremento tributario”.
Una visión distinta entrega el director del programa económico en Fundación Chile 21, Eugenio Rivera. En su análisis, las pensiones, salud, educación y seguridad públicas son prioridades urgentes, “por ello, no es posible descartar un nuevo estallido social”. En ese contexto, sostiene que, “en estas condiciones, cabe recurrir al endeudamiento, pues los niveles actuales que alcanza la deuda son comparativamente muy bajos y resulta muy rentable invertir en paz social satisfaciendo las demandas sociales”.
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