“Para que a nadie más le pase lo que le pasó a Jorge”. Con esa frase se difunde en redes sociales el spot que protagoniza Ana María Martínez en la franja televisiva por el ‘A favor’ en el proceso constitucional. Martínez es la viuda del comerciante Jorge Maulén. Ambos sufrieron un atentado terrorista en el camino entre Tirúa y Quidico el 13 de diciembre de 2018; ella sobrevivió, pero las secuelas del disparo que Maulén recibió en el rostro acabaron con su vida cinco meses después.

La pareja se trasladaba por la zona como parte de su trabajo, ya que se dedicaban a la venta y distribución de cigarros y bebidas energéticas. Ese día primero apedrearon el vehículo e inmediatamente después fueron interceptados por al menos tres encapuchados, uno de ellos portando una escopeta. El disparo impactó de lleno en la cara de Jorge, quien perdió el control del auto y cayeron en una zanja. El comerciante quedó con perdigones incrustados en el cerebro, perdió masa encefálica y huesos del cráneo. Debió permanecer hospitalizado hasta mayo de 2019; pero el mismo día que le dieron el alta falleció en el departamento que habían arrendado en Concepción para su recuperación.

“Hoy no es sólo el sur el que sufre con la violencia, sino que el país completo”, dice Martínez en el spot. “Si votamos ‘A favor’, vamos a cerrar por fin este proceso. Votar ‘A favor’ es la única forma de que a nadie le pase lo que le pasó a Jorge”, agrega.

A propósito de esta pieza de la franja que ha sido muy comentada, El Líbero consultó la opinión de otras víctimas de atentados de la Macrozona Sur, así como de alcaldes y representantes indígenas acerca de la propuesta constitucional. Al igual que Martínez, están por el ‘A favor’ y entregan sus razones.

La Defensoría de las Víctimas

“Yo me di el trabajo de leer el texto, de informarme y, hoy en día, lo veo con muy buenos ojos y con una mirada de bastante esperanza”, indica Yasna Navarrete, emprendedora de La Araucanía en el rubro forestal y agrícola, y cuya familia ha sufrido múltiples atentados y amenazas.

Aspectos como la Defensoría de las Víctimas, que exista una fiscalía “supraterritorial”, las definiciones que se plantean con respecto al terrorismo, así como el reconocimiento de sus víctimas son los aspectos que señalan desde la Macrozona Sur como positivos, a efectos de lidiar con la crisis de violencia que se vive en La Araucanía y el cono sur de la Provincia de Arauco.

Lo primero que señala como punto positivo Navarrete es la Defensoría de las Víctimas; que busca garantizar el acceso a la justicia y brindar apoyo de carácter psicológico y social. “Existe la posibilidad de que cuando tú no tienes para un abogado, que hoy en día me pasa, no solo a mí, sino que yo veo la realidad de otras víctimas que tienen aún menos recursos y están en una situación mucho más vulnerable. Y tienen el acceso a que te pongan un defensor penal público en el fondo”, indica.

“Lo mejor de eso, es que usted va a poder seguir su caso. Hoy en día, con suerte, le toman la declaración y usted nunca más supo qué pasó, a menos que sea un caso de alta connotación, pero si usted no está en la palestra, usted nunca más sabe de su causa. El fiscal no lo llama. Si no tiene dinero para un abogado, nadie le dice. No tiene conocimiento de nada. Y la verdad es que la sensación que le queda a una persona que sufre de esto es que su caso no importa, porque no hay quien resguarde los intereses de la víctima”, agrega Navarrete, a quien le han quemado maquinarias y, además, han intentado extorsionar para permitirle cosechar.

Otro punto que señala Navarrete con respecto a esta defensoría es que además de la asesoría jurídica también se pretende evitar que haya revictimización. “Cuando hay un atentado, a las personas las pueden entrevistar siete veces, ocho veces, vienen las policías, se cruzan las policías y le preguntan el hecho que para usted fue tan difícil una y otra vez. Hoy en día el asunto de la revictimización no se resguarda”, dice.

Víctima y consejero

No habían pasado ni 48 horas desde que Héctor Urban fuera electo como consejero constitucional –con la primera mayoría en la Región de La Araucanía– cuando nuevamente fue víctima de un atentado. La familia Urban ha sido atacada más de 400 veces en los últimos 23 años y, en esa ocasión, dispararon a su casa, horas después de que también le habían disparado a su padre.

“Cuando decidí lanzarme en esta campaña, parte de lo que comprometí fue tratar de buscar soluciones en el tema del conflicto que tanto daño le ha hecho a la región y a la macrozona sur. Parte de eso era que fuéramos consideradas las personas que habíamos sido víctimas, las que hemos sufrido este tipo de delitos, y que además se enfrentara la gran mayoría de estos hechos de violencia como terroristas, que lo que son. Eso me permitió a mí poder darle a conocer al resto de los consejeros y en las diferentes comisiones que este flagelo existe, que estos terroristas están haciendo mucho daño a la región, a las personas, asesinando gente, alejando la inversión y el Estado de Derecho ha desaparecido”, dice Urban.

Con respecto a la Defensoría de las Víctimas señala que no es solo para las víctimas del terrorismo, sino para todo aquel que sufra un delito, “pero sin duda que las personas que sufren un delito terrorista como lo que pasó el fin de semana acá (en Vilcún), que los atacaron en la casa, y lo único que quieren es salir arrancando de lo que le quedó de casa, ellos tendrían un apoyo psicológico, un apoyo social, jurídico, para que el hombre pueda hacer bien su denuncia, para que esté tranquilo. En ese sentido me da mucha tranquilidad que podamos instalar estos temas”, ejemplifica.

Coincide con Navarrete en que cuando se es víctima de un atentado falta acompañamiento y ayuda ya que “el fiscal investiga, acusa, pero no apoya a la víctima en sí”.

Para perseguir el crimen organizado

Otro punto que destacan es la creación de una Fiscalía Supraterritorial que, según la propuesta constitucional, tiene atribuciones en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad. “Todos los delitos de gran connotación, que son el terrorismo, el narcotráfico, que al final se van uniendo unos con otros”, resume Urban.

“Hoy día el delito se denuncia y se investiga donde se comete. Si esta persona tiene nexos con una banda, con otra agrupación de otro sector, cuesta mucho hacer ese ligamiento y hacer que la investigación llegue al final de la banda porque los fiscales no tienen esas atribuciones. Hoy día con la Fiscalía Supraterritorial sí se podría hacer; se podría investigar el delito completo, la banda, hacer el seguimiento, desarticularla, es una forma de combatir el delito y llegar hasta el final”, explica el consejero.

Para Navarrete también es necesaria esta Fiscalía: “Estábamos con un tema tremendo y que se ha podido descubrir con la ley del robo de madera, que eran bandas organizadas que trascienden territorialmente y lamentablemente permean al Estado (…). La información de cada fiscalía regional está encapsulada, no tienen comunicación con la otra región, lo que es tremendamente necesario. Esto va a permitir que se aúnen los procesos de investigación y se actualicen también cómo se debe investigar este tipo de delitos. En la IX Región, lamentablemente, yo le tengo que decir que hay bandas organizadas, inicialmente para el robo de madera, y también para el narcotráfico”.

El alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, también destaca la existencia de esta fiscalía. “Me parece muy importante porque hay una frase que está instaurada en la ciudadanía: ‘la justicia es lenta’. Y a veces, no solamente es lenta, no existe. Si un delincuente que comete un delito no es procesado, si no hay justicia para esa víctima, si el delincuente queda impune, lo más probable es que siga delinquiendo, que siga cometiendo ilícitos. Entonces es muy importante que se puedan tomar las riendas respecto a los delitos que se cometen. Perseguirlos en el instante, que el Estado reaccione. Cuando aquí, por ejemplo, murió don Segundo Catril, no vimos ningún resultado. Él iba a ganarse el pan del día, como cualquier persona humilde de la región. Y fue asesinado. No hay ningún resultado. No hubo un operativo, una persecución, indicios que pudieran dar señales de que había interés de parte del Estado de perseguir a los asesinos. Eso echamos de menos. Por supuesto que es relevante que exista una fiscalía, ojalá dedicada a estos hechos”, asevera Leonelli.

Las definiciones sobre el terrorismo

En el texto presentado por la Convención Constitucional no se hacía mención ni una vez a la palabra “terrorismo”. En cambio, en la propuesta presentada por el Consejo quedó establecido que “el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación”.

Asimismo se agrega que “los responsables de estos delitos no podrán ser beneficiarios de indulto alguno y quedarán inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular”, tampoco podrán ejercer funciones de enseñanza, dirigir o emitir opiniones en un medio de comunicación, ni dirigir organizaciones políticas, sindicales, vecinales o empresariales.

Y en otro ítem la propuesta expresa que “el Estado reconoce especialmente a las víctimas de terrorismo” y que éstas tendrán derecho a ser indemnizadas por el Estado por todo daño sufrido.

Con todo esto, menciona Urban, “de alguna forma les vas cortando los brazos a esta gente que usa la violencia, que, además, siguen publicitando sus delitos cometidos”.

Por su lado, Navarrete señala que “es sumamente el reconocimiento al fin de que en Chile hay terrorismo… Lo que daría pie siquiera a que el Estado se hiciera responsable por no hacer su trabajo que es resguardar el Estado de Derecho. Es brindarnos seguridad por la cual nos cobra bien caro a través de los impuestos”. Agrega que “no es catalogar cualquier hecho como terrorismo y no es indemnizar a toda la gente a diestra y siniestra y que tengamos una fuga como lo es hoy en día con el tema de los exonerados políticos. No, esto tiene que ser regulado. Entonces, para mí como víctima y para muchas víctimas, la verdad que esta propuesta aborda temas muy centrales que nos afectan”.

Lo resume el alcalde de Los Sauces, Gastón Mella: “Lo que más les preocupa a la gente es la seguridad. Yo me doy cuenta acá, cuando les han quemado sus galpones, sus casas, sus máquinas (…). La gente espera que le devuelvan sus cosas, o parte de los valores, se sienten indefensos porque nadie los defiende en el fondo. Por eso la nueva constitución tiene esta garantía de que van a ser rescatados”.

Por el reconocimiento indígena

Hugo Alcamán, presidente de la corporación de profesionales mapuche Enama, subraya que “en el caso de la macrozona, el problema que tenemos es la violencia que ejercen los grupos radicalizados, donde se identifica la CAM, quienes han señalado desde siempre que optaron por la violencia como instrumento político porque el Estado no nos reconoce y no reconoce nuestros derechos. Esta propuesta de constitución sí nos reconoce por primera vez en los 200 años de historia republicana y sí reconoce nuestros derechos individuales y colectivos. Por tanto, a nuestro juicio se termina el motivo de los grupos radicalizados. De ser aprobada la constitución, esperamos que ellos depongan las armas, la violencia, porque se habrá cumplido la razón de su reclamo, de su demanda”.

Al comparar la propuesta con el borrador anterior, Alcamán especifica que “si bien es cierto, nos reconocía, se excedía… Nos confrontaba con el resto de la población de Chile, con el 87% de la población que no se declara indígena. Entonces, era una propuesta que claramente iba a provocar una mayor violencia en el sur de Chile”.

Alcamán plantea que “en democracia, la violencia no tiene cabida. Y por tanto, las víctimas de la violencia tienen que ser atendidas por ese Estado que no ha sido capaz de resolver el problema que plantean grupos radicalizados”.

Qué pasará

Ahora, con respecto a su perspectiva de si finalmente la propuesta terminará por aprobarse, Navarrete señala que en la región se vive con “desilusión”. Describe que hay “un agotamiento con respecto al proceso constitucional y una pérdida de credibilidad enorme de la gente hacia la clase política y hacia el Estado. La gente desconoce bastante el texto, pero cuando ya logran estudiarlo, lo ven con buenos ojos, en general”.

Menciona también que hay una falta de empatía con las víctimas: “Necesitan caer lo bajo que hemos caído nosotros para entender cuál es el camino. Nosotros venimos del futuro. Y todo lo que aún en Santiago se ve lejano, nosotros lo hemos estado padeciendo hace mucho rato. Nosotros llevamos, lamentablemente, en temas de crímenes organizados, y de otra índole que se fue mezclando, lo venimos viviendo hace casi 30 años”.

Urban también cree que la región está orientada hacia el ‘A favor’; y opina que la balanza podría inclinarse hacia esa opción por dos motivos: “porque es muy valiosa en el sentido de la seguridad que estamos pidiendo. Y lo segundo, es para poder cerrar este proceso y darle un corte definitivo”.

Para el alcalde de Lumaco Richard Leonelli, lo primero que necesita la región es seguridad, así como poder escuchar a las víctimas, “a las personas que se sienten no escuchadas por mucho tiempo, por años, por décadas, y poder fortalecer las policías (…). Aquí en el sur, en la región, me da la impresión que la gente quiere aprobar más derechos, más seguridad, sus pensiones, sus bienes, su vida, su trabajo, y eso lo está garantizando la nueva constitución”.

Subraya el alcalde que hoy día “no se garantiza ni siquiera el derecho al libre tránsito, a la vida, a nuestras comunidades mapuche, a nuestros campesinos, a las pequeñas pymes. Hoy día se destruye y nadie hace nada. Está todo normalizado. Eso no puede seguir pasando”; pero advierte que “la constitución no lo arregla todo. También tiene que existir voluntad de escuchar, de dialogar, de entenderse, de reparar daños”.

Original de El Líbero

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