Bajo el marco de la investigación penal que abrió el fiscal nacional, Ángel Valencia, para analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas bajo el contexto del estallido social y que cuentan con antecedentes penales, durante la tarde de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) sostuvo una reunión con el jefe de gabinete del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Boris Bezama.
En dicho encuentro, se entregó el oficio con el requerimiento de información del Ministerio Público, organismo que solicitó “todas las carpetas”, entregándole al INDH un límite de tiempo máximo de diez días para que haga entrega de los antecedentes de manera voluntaria.
La Fiscalía y la PDI llegaron al acuerdo de que todo fuera “en reserva”, por lo que fue sin comunicación.
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