Cada vez son más las autoridades que apuntan a la intencionalidad de los incendios que se desataron especialmente el fin de semana del 3 y 4 de febrero en la Región de Valparaíso y que causaron 131 fallecidos, más de 55.000 hectáreas quemadas, cerca de 15.000 viviendas afectadas y más de 39.500 damnificados, según cifras oficiales.

El Presidente Gabriel Boric dijo por esos días que no habría impunidad. «A esos miserables los vamos a encontrar y los vamos a meter tras las rejas. Ya hay varios detenidos. Cualquiera que se encuentre prendiendo un foco y desatando la tragedia que hemos visto, lo vamos a buscar por todas partes y les va a caer todo el peso de la ley», sostuvo el martes 6 de febrero.

Una semana después, El Líbero consultó a la Fiscalía de Valparaíso desde donde indicaron que efectivamente hay una investigación abierta, de carácter reservada, que una de las aristas de las averiguaciones es la intencionalidad de los incendios, pero que no hay ningún detenido hasta el momento.

Para el 6 de febrero, pero del año pasado, también arreciaban los incendios, aunque afortunadamente con una cifra mucho menor de fallecidos: 26. Igual que ahora, desde La Moneda apuntaban hacia la hipótesis de que los incendios eran provocados y advertían sobre las consecuencias judiciales que sufrirían los responsables.

“La generación intencional de incendios va a ser perseguida penalmente por el gobierno”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el 5 de febrero de 2023. «Hay 11 personas que han sido detenidas por esto», dijo la ministra de Interior, Carolina Tohá, un día después.

Al cumplirse un año de esas declaraciones, El Líbero revisó en la página del Poder Judicial las causas de 10 de esos procesados. Ninguno se encuentra tras las rejas.

En cuanto al único expediente al que El Líbero no pudo tener acceso -el de una mujer presuntamente responsable de provocar el incendio de 5.000 metros de pastizales en Lago Ranco-, ya desde el inicio del proceso La Tercera había informado que esa persona había quedado apercibida y sin medidas cautelares, es decir, en libertad.

Aunque en los incendios del año pasado se habló de un «modus operandi» en el que los llamados «incendios multifoco” eran generados de forma «lineal y simultánea» por personas que se desplazaban en motos con líquidos acelerantes, ninguno de los detenidos, al menos en las fechas señaladas, correspondía con ese perfil.

El que salió corriendo del Hospital de Parral cuando ya no tenía cautelar

Según el portal del Poder Judicial, el único de los 10 detenidos que en principio había quedado con medida de prisión preventiva, David Lindor, «salió corriendo» del Hospital de Parral. Gendarmería había ido a dejarlo para que le realizaran una evaluación psiquiátrica, luego de que le retiraron la cautelar. Por los antecedentes del imputado no se tenía seguridad de que fuese imputable.

El hombre había sido detenido el 3 de febrero del año pasado en la Ruta 5 Sur, en Parral, región del Maule. «Tengo ganas de quemar pasto, porque yo puedo, porque soy choro», dijo al momento de ser detenido, cuando tenía en su mochila velas y fósforos. Testigos señalaron que había estado prendiendo fuego en unos pastizales.

Luego de que huyó del centro asistencial, se tuvo conocimiento de que había sido detenido y se encontraba a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte. El tribunal de Parral ordenó evaluación psiquiátrica del procesado y su internación en un hospital mental, con custodia de Gendarmería. Varias instituciones respondieron por escrito que no tenían cupo. El procesado fue ubicado en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio y finalmente, según consta en el expediente con fecha 22 de noviembre del año pasado, quedó sometido a firma cada 15 días y prohibición de salida del país.

Pasado un año de los incendios de 2023 aún hay un procesado que está a la espera de audiencia de juicio oral

Otro es el caso de Jorge Araneda Gallardo, que está a la espera de la audiencia de preparación del juicio oral, prevista para el próximo 19 de marzo.

El hombre es procesado por ser el presunto responsable de haber generado un incendio de 38 hectáreas, en una ruta entre Pitrufquén y Villarrica, luego de que saltaran chispas cuando cortaba unos fierros con un esmeril.

Suspensión condicional del proceso: Los señalados de hacer fogata para asado, quemar basuras y usar un esmeril

De entre los 10 procesados, cinco se encuentran con suspensión condicional del proceso. Freddy Muñoz, Danitza Gatica Mancilla y Gesenia Jara Pilar forman parte de esa lista.

Según la narración de los hechos que figura en el respectivo expediente, los tres llegaron al cerro Curamavida, en la comuna de Los Ángeles, el 4 de febrero de 2023 y encendieron una fogata con la intención de realizar un asado, a pesar de la situación que se vivía en la zona por los incendios forestales. Tenían un bidón con cinco litros de un líquido acelerante.

El Juzgado de Garantías de Los Ángeles los dejó sometidos a las cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acceso al predio en el cual habían ocurrido los hechos. El pasado 20 de noviembre esa instancia judicial decretó la suspensión condicional del proceso por un año. A los procesados se les impuso como única obligación fijar domicilio y dar cuenta a las autoridades ante cualquier cambio.

Lurde Muñoz Soto también quedó con suspensión condicional de proceso, decretada el 24 de octubre del año pasado por el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno.

Según la querella presentada por la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, el 6 de febrero de 2023 «realizando una quema de basura de su hogar, precisamente en el patio que colinda con un predio agrícola, momentos en los cuales concurre a verificar el estado de sus sobrinos menores de edad al interior de su hogar, se percató que el fuego se habría propagado hacia un predio agrícola contiguo, afectando matorrales y desechos
agrícolas». Las llamas se extendieron por una superficie aproximada de 250 metros cuadrados.

La mujer había estado sometida a firma mensual -que según el expediente había incumplido en cinco oportunidades- y a arraigo nacional. Para la suspensión condicional del proceso, el tribunal decidió volver a imponerle la primera de estas medidas, así como a fijar domicilio.

Siegfried Laube Laib, ciudadano alemán de 63 años, también está en la lista de quienes quedaron con suspensión condicional del proceso, en este caso desde el 11 de agosto del año pasado.

De acuerdo con el expediente, Laube estaba «cortando unos tubos de fierro con un esmeril
eléctrico, al lado del bosque y pastizales donde comenzó el foco del fuego», en la comuna de Bulnes, Ñuble. El hombre reconoció de inmediato lo ocurrido y de hecho intentó apagar las llamas.

El último documento que figura en esta causa en la página del Poder Judicial, del 11 de agosto de 2023, da cuenta de que Laube concurrió a registrar su firma y huella, condición a la que quedó sometido, y a notificar que viajaría a Alemania hasta el 4 de octubre del año pasado. No está sometido a arraigo nacional.

Sobreseimiento y remisión condicional de la pena para responsables de incendios

De acuerdo con la revisión de los expendientes, de los procesados en cuestión solo tres fueron condenados: dos quedaron con remisión condicional de la pena y el otro con suspensión de la imposición de la condena, que finalmente devino en sobreseimiento definitivo de la causa.

José Ruiz Neira, según la página del Poder Judicial, fue judicializado por generar un incendio luego de hacer una fogata para espantar un panal de avispas. Esto, el 6 de febrero del año pasado en Panguipulli.

La imposición de la condena a 1 UTM, dictada mediante procedimiento monitorio, fue suspendida por seis meses. El 17 de octubre del año pasado se dictó el sobreseimiento de la causa.

Anibal Enrique Jerez Florez fue procesado por hechos ocurridos el 2 de febrero de 2023, en los que, conforme al expediente, provocó un incendio en Cerro Colorado, en Arauco, cuando reparaba un cerco metálico con una soldadora.

A Jerez lo condenaron a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y a multa de 3 UTM. Posteriormente se decretó la remisión condicional de la pena.

Otra persona a favor de la cual se dictó remisión de la condena fue Antonio Flores Peralta, judicializado luego de que se quemara una hectárea de pastizales y plantación de eucaliptus en la comuna de Tiruá, en Biobío. El hecho ocurrió cuando el hombre procedió a limpiar el predio en el que se encontraba, usando fuego para ello.

Flores, que admitió su responsabilidad en audiencia de procedimiento abreviado, fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio y a una multa de 1/3 de UTM

Original de El Líbero

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