Las acciones judiciales en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por eventuales ilícitos cometidos en el marco del funcionamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), suman y siguen.

Y es que a pesar de que la investigación que lidera la fiscal Giovanna Herrera al respecto lleva varios meses en curso, recientemente se sumó una nueva querella en contra del jefe comunal y de quien se desempeñara como secretario ejecutivo de la mencionada asociación, José Muñoz Becerra.

En esta ocasión, se trata de una arremetida que lidera el abogado José Alfredo Rojas, en representación y en el carácter de liquidador concursal de la Achifarp, por hechos que estiman son constitutivos del delito concursal de ocultamiento parcial de bienes de empresa deudora y del delito de administración desleal.

Lo anterior, porque tras la realización de una serie de acciones en medio del proceso de liquidación de la citada asociación, se advirtió que había una serie de insumos que inicialmente no pudieron ser incautados y que, en suma, tendrían un valor que supera los $100 millones.

Como se relata en la querella por parte del liquidador, un año y cuatro meses después de que él incautó los bienes disponibles, “tomé conocimiento que, en el marco de diligencias de investigación realizadas en la presente causa, en particular por el OS7 de Carabineros, se logró la incautación de nuevos bienes, de los cuales no tuve conocimiento o la debida noticia de su existencia, ni ubicación a la fecha de diligencia judicial de incautación e inventario primitivamente efectuada, no obstante que éstos sí existían a la fecha de la resolución de liquidación y más bien se encontraban ocultos”.

Sostuvo, en ese sentido, que las especies ocultas y posteriormente entregadas por Carabineros, están avaluados en aproximadamente $100.000.000, “lo anterior, en directo y claro perjuicio para la masa acreedora de la Asociación, por cuanto a esta fecha se han devaluado y aun cuando se encuentran en correcto estado de conservación, la posibilidad de recuperar dineros en favor de los acreedores es prácticamente ilusoria”.

Entre los nuevos bienes incautados, se detalla, había dos impresoras 3D, un scanner 3D, 10 aparatos de control de glucosa, 37 cajas de tiras reactivas, entre otros.

Más de $1.200 millones en deudas

La incautación temprana de los insumos habría sido mas que relevante, como se explicita, porque a la fecha, el total del pasivo reconocido en el procedimiento concursal que afecta a la Asociación, corresponde a $1.291.937.035.

Como acreedores reconocidos se han identificado 16 personas jurídicas y naturales, siendo los mayores acreedores las empresas Best Quality, por $1.012.744.108, V Exponencial SpA, por $217.198.000, y Nuevo Capital S.A. (Factoring), por $24.990.000.

El querellante hace presente, en ese sentido, que, a sabiendas de que los insumos de Achifarp serían incautados producto del proceso de liquidación, el alcalde ocultó o ordenó el ocultamiento de parte de ellos.

“El señor Jadue estaba en conocimiento de la existencia pretérita de los bienes entregados a este liquidador con fecha 19 de diciembre de 2023 y, sabiendo su existencia o no pudiendo menos que conocerla, en atención al cargo y facultades que ostentaba el querellado en favor de la Asociación, decidió ocultar u ordenó su ocultamiento u omisión de la diligencia realizada con fecha 29 de agosto de 2022″.

Cabe hacer presente que, como publicó hace algunas semanas La Tercera, los elementos en cuestión se encontraron en dependencias donde funcionaba la fundación constituida por Jadue y otros alcaldes tras la apertura del proceso de liquidación de Achifarp.

Considerando que estos hechos son parte de la causa actualmente en marcha, esta nueva querella se sumará a la carpeta que lidera la fiscal Herrera, al igual que las acciones que desde el Consejo de Defensa del Estado adelantaron presentará.

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