Una semana de debates y opiniones cruzadas generó el senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, quien afirmó que el gobierno debía “convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas”, dado que en el Congreso, particularmente en el Senado, «hay un quiebre brutal».
Pero palabras más, palabras menos, lo concreto es que el 11 de abril ese anhelo del parlamentario se comenzará a cristalizar de la mano de un paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones vinculadas al PC.
El llamado a volver a levantar el descontento social para «quebrar el empate político y el bloqueo empresarial», lo está haciendo la CUT, la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, la Asociación Nacional de Consejos de Usuarios de Salud Pública, la Convergencia Nacional de gremios pyme y cooperativas de Chile*; la Mesa Intersindical del Transporte Público y la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), quienes ahora se agrupan en la autodenominada Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales.
Una de ellas, Convergencia, acusa haber sido suplantada para hacer la convocatoria a paro.
Coordinadora de Pobladores
La Coordinadora Metropolitana de Pobladores nació como la “Coordinadora Metropolitana de Pobladores por el Cambio a la Constitución” en 2014. Según un reportaje de Ciper de 2019, la coordinadora “además de gestionar el acceso a viviendas, organiza clases para dar a sus socios herramientas que les permitan entender lo que significa que el Estado chileno sea subsidiario o por qué el Tribunal Constitucional tiene capacidad de veto”. En su corta vida en Twitter -mayo a julio de 2016-, promovieron una “vivienda digna y nueva Constitución”, y llamaron a votar por candidatos del PC en primarias.
Desde sus inicios la organización se ha mostrado cercana al PC, compartiendo fotos en marchas con dirigentes de la tienda como Hugo Gutierrez y Karol Cariola, o con Carmen Hertz.
En 2021, para las elecciones municipales, también apoyaron a candidatos del partido, como el postulante a alcalde de Quinta Normal Pablo Reyes, quien les agradecía el respaldo en un tuit donde la coordinadora también llamaba a votar por el actual secretario general de la CUT, el PC Eric Campos, cuando compitió para constituyente.
La presidenta de la coordinadora es Giannina Jara, administradora en Recursos Humanos de la Universidad de Santiago de Chile, que el 25 de julio de 2022 realizó un llamado público por el “Apruebo” a la nueva Constitución, donde afirmó que habían participado en la creación de los capítulos de la propuesta que hablaban de derechos a la vivienda y propiedad privada.
Este 2024, Jara también expuso en el módulo temático de vivienda durante la Fiesta de los Abrazos del PC, junto al ministro de Vivienda Carlos Montes y la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.
Ex candidata a core del PC y una agrupación suplantada
La Asociación Nacional de Consejos de Usuarios de Salud Pública (Ancosalud), está compuesta por «agentes comunitarios/as, gestores/as territoriales y consejeros de instituciones de salud» y se definen como «una organización de usuarios independientes y sin fines de lucro». Su lema es “por la defensa y recuperación de la salud digna, gratuita, de calidad y universal”, y para desplegar su trabajo territorial, convocan a usuarios de la salud pública a conversatorios en consultorios -como los de La Bandera o San Joaquín- hospitales y universidades, como la Universidad Abierta de Recoleta y la Humanismo Cristiano, donde han realizado encuentros.
Están dirigidos por Rosa Vergara Díaz, quien fue candidata a consejera regional de la Región Metropolitana por el Partido Comunista en 2017 y quien antes había intentado ser concejal de San Ramón por la misma tienda en 2008, obteniendo sólo 525 votos.
Abiertamente impulsaron la opción del «Apruebo» en el primer proceso constituyente y apoyaron varias iniciativas populares de norma, como por ejemplo: “La participación como derecho autónomo en salud”. “Por una salud digna, oportuna y de calidad para todas y todos” y “Salud, un derecho humano y social asegurado por un sistema universal centrado en APS, financiamiento solidario y garantizado por el Estado”. Además, como Ancosalud, promovieron la presentación de una querella contra autoridades a raíz de la gestión de la pandemia del Covid-19.
Vergara, al igual que Giannina Jara, dirigenta de los pobladores, fueron expositoras del seminario por los 50 años del golpe de Estado «El proyecto de la Unidad Popular: a 50 años del golpe. Continuidad y cambios, aprendizajes y desafíos», del Insnstituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical), Rosa de Luxemburgo y Clacso.
En tanto, Convergencia Nacional de gremios pyme y cooperativas de Chile* representa a 10 confederaciones y federaciones, y agrupa -calculan- a más de 200 mil socios, sin embargo, en Convergencia aseguran que ellos no han adherido a esta convocatoria y que quienes lo hacen, están usando su nombre y su logo, maliciosamente.
¿Qué pasó? según explicó Convergencia por medio de una carta a El Líbero (*ver al final de la nota), «desde hace bastante tiempo hay personas que de forma ilegal e inescrupulosa vienen utilizando el nombre de Convergencia, el logo, e incluso una cuenta de la red social X (ex Twitter), haciéndose pasar por representantes del gremio, cuando en realidad esas personas optaron precisamente, en 2022, no seguir en Convergencia, porque no compartían los principios del gremio de no adherir a ninguna corriente ni partido político. Una de esas personas es Roberto Rojas, quien en esa época representaba a Conupia, y que hoy se autodenomina presidente de Converpyme (Confederación de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile), que no tiene validez legal en el Ministerio de Economía, y que también integra Marcos Illesca (de Asexma), como secretario general, pero que no tienen ninguna relación con Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, pero utilizan de forma ilegal el nombre de nuestro gremio».
Roberto Rojas Puga fue secretario regional del Partido Comunista en Valparaíso y fue protagonista de una crisis que vivió la tienda entre 2014 y 2016.
Según las redes sociales de los descolgados de Convergencia, Ana María Ramírez, presidenta de Párvulo Red, la Asociación Gremial de Dueñas de Salas Cunas y Jardines Infantiles Particulares de la Quinta Región; fue invitada en representación de Convergencia a ser parte de la delegación de empresarias que acompañaron al Presidente Gabriel Boric en la gira que realizó a Europa en julio pasado.
Otra organización de Convergencia es la Confederación General de Cooperativas (Confecoop), cuyo presidente es Horacio Azócar Bustamante, militante del PS, que fue candidato a alcalde y dos veces a concejal en Cerrillos, sin lograr llegar al municipio. El resto de las organizaciones que forman parte de Convergencia son la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma), la Unión Nacional de la Agricultura Familiar (Unaf), la Asociación de Distribuidores de Combustibles (Adico), la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte menor (Conttramen) y la Unión de Dueños de Farmacias (Unfach)
Frente al tema del aumento del salario mínimo, en Convergencia marcaron una distancia en 2023 con la CUT. Ese año dijeron en radio Cooperativa que no era conveniente «sentarse a conversar con la CUT, que mayoritariamente tiene gente sindicalizada del sector público, y no sentarse a hablar con las pymes (que hay que tener en consideración que las pymes no se sindicalizan) y la voz de las pymes, son las asociaciones gremiales. Si el gobierno quiere subir el sueldo mínimo, tiene que sentarse con aquellos que lo van a pagar».
La Coordinadora Nacional de Conductores del Transporte Público, en tanto, publica constantemente en su cuenta de Twitter material del gobierno. También comparten publicaciones del Partido Socialista, en donde aparece el presidente de la CUT, y son cercanos al diputado independiente del FA, Andres Giordano.
La Confech dará un giro con esta incorporación a la Coordinadora, pues de momento en sus redes sociales se muestra que han estado dedicado sa asuntos de género y a apoyar la reconstrucción en la Región de Valparaíso tras los incendios. De hecho, en sus redes sociales no hacían mención -hasta ayer- de esta convocatoria (en Facebook no tienen movimiento desde noviembre de 2022, en Twitter desde el 4 de febrero y en Instagram, desde el 23 de marzo).
Las demandas del paro nacional
La Coordinadora que está llamando a paro nacional el 11 de abril, también difundió un «Manifiesto social» (leer completo abajo), donde mencionan que desde el estallido social se ha tratado de deslegitimar la movilización y que desde entonces «hemos visto cómo la derecha y los grupos empresariales se empeñan en la profundización de la crisis política, social y económica con el objetivo de entrampar el proceso de reformas que Chile demanda y necesita«. En paralelo, aseguran, han sido testigos de un gobierno «sin iniciativa ni acción propia» que ha aislado a las organizaciones sociales del debate público, por lo que el llamado a paro responde a la «reunificación de los movimientos sociales en el rearme de las ideas progresistas del siglo 21».
La primera demanda que plantean es que el gobierno abra una mesa en materia salarial, que permita «llegar al final del mes» y termine con la brecha de género. La segunda es que se le ponga prioridad a una política de generación de empleo donde se denuncie a las empresas que distribuyen utilidades «para no reinvertir».
El tercer punto lo dedican al fondo de los planteado por el senador Núñez: la reforma tributaria y la de pensiones. Eso sí, consideran que están tan «desfiguradas» por «el chantaje político de la derecha y la falta de unidad del oficialismo», que llaman a retirarlas y hacer un plebiscito.
Luego piden un proyecto de ley para fortalecer la negociación colectiva, fortalecer la función pública, la educación pública; que se priorice la construcción de «viviendas dignas» y un «banco de suelos». En salud, solicitan que se concrete un plan universal y se reconozca a los trabajadores.
También tienen ideas en seguridad: «En momentos de crisis se deben tomar medidas inmediatas, por lo cual demandamos invertir recursos en instalar la política de seguridad comunitaria», donde entre otras cosas, se consideren lugares y horarios laborales como «de alto riesgo». «Demandamos que hoy Carabineros de Chile, cuente no solo con mayor dotación si no con mejores condiciones laborales», agregan.
Respecto a lo laboral, aseguran que «el modelo neoliberal» nunca funcionó para las mipymes y que la informalidad «no es el problema central de nuestra economía».
* Una vez publicada esta nota, el presidente de Convergencia de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile, Eduardo del Solar, hizo llegar a este medio una nota aclaratoria donde ahondan en que existe un grupo de personas haciéndose pasar por representantes de esa entidad y que no son ellos quienes están llamando a paro nacional.
La carta íntegra a continuación:
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