El martes 23 de abril se cumple un año desde que la Fiscalía abrió una inédita investigación para saber qué fue lo que pasó con 30 escuchas telefónicas en que se indagaban delitos de corrupción, asociados a una causa de cohecho por parte de la empresa Itelecom. Los imputados en esta causa, denominada “la arista Recoleta” del caso LED eran: Marcelo Lefort, gerente de la firma; Rodrigo Garay, abogado; Ramón Sepúlveda, abogado; Luis Moreira, funcionario de la municipalidad de Recoleta; Alfredo Parra, también trabajador municipal; y el alcalde, Daniel Jadue.
La investigación para saber qué pasó con las escuchas se ha dilatado. Hasta ahora, lo que tiene la Fiscalía, son declaraciones del personal de la empresa contratada para proveer el software que guardaba las interceptaciones; de los detectives que trabajaron en el caso y de los fiscales que reportaron la pérdida. En esta causa, existen dos oficiales de la PDI investigados en calidad de imputados: Gonzalo Vicencio y Marcelo Martínez. El primero declaró y el segundo guardó silencio.
Un informe de la PDI atribuyó las pérdidas a “negligencias” en el proceso de almacenamiento, como también de problemas técnicos al cargar más de 30 escuchas, cuando ese era el máximo que soportaba el programa para grabar. El comisario Vicencio, en tanto, afirmó que sólo grabó las conversaciones de interés en la investigación, pues la Fiscalía no le solicitó guardarlas todas.
Por lo mismo, en el Ministerio Público permanecen las dudas. Por lo mismo, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, y el investigador del caso, Francisco Lanas, afinaron las pesquisas y pidieron nuevos peritajes, pero esta vez cambiaron de equipo, y solicitaron un informe al OS-9 de Carabineros.
Es que hasta el 10 de enero la investigación estuvo radicada exclusivamente en la PDI, precisamente en el Laboratorio de Criminalística y en el Departamento de Asuntos Internos. Sin embargo, hubo ajustes.
Así se evidencia de una “instrucción particular” que la fiscal Parra envió al OS-9 de Carabineros, en que pidió “realizar informe técnico acerca de las pericias que está realizando la Policía de Investigaciones con el objeto de recuperar audios perdidos desde los discos duros que servían de base al servidor que almacenaba las escuchas telefónicas”.
Además, en el escrito se lee que para levantar esa información “deberá concurrir a dependencias de LACRIM/Cibercrimen y tomar declaración en calidad de testigos a los funcionarios a cargo de la diligencias, realizar las operaciones técnicas que sean necesarias y verificar en terreno el desarrollo de las diligencias realizadas”.
Querellante pide nuevas diligencias
Las diligencias de Carabineros en el caso podrían ser más.
El abogado querellante en el caso, Alejandro Peña, solicitó nuevos peritajes en la causa, a través de un escrito enviado al Ministerio Público. Allí pidió “efectuar una pericia forense por Labocar de Carabineros a fin de determinar manipulación, edición o eliminación de archivos de audios de las escuchas telefónicas autorizadas entre Daniel Jadue, Marcelo Lefort y Ramón Sepúlveda”.
En esa misma línea, requirió que “se despache instrucción particular al Depto. V de la PDI a fin que recabe los números de celular y direcciones de correos electrónicos que ocupaban los imputados Gonzalo Vicencio Bahamondes y de Marcelo Martínez Bravo a la época de los hechos, hecho lo anterior, recabar de las compañías telefónicas respectivas el tráfico de llamados en la época de ocurrencia de los hechos, llamadas entrantes y salidas y ubicación de las respectivas antenas. Determinados las direcciones de correo electrónico solicitar autorización judicial para acceder a dichos medios de prueba”
En tanto, otro de los puntos, fue remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que pueda hacerse parte del caso, en que se indaga el delito de obstrucción a la investigación.
Llamado de 8 minutos, “no encontrado”
Por ahora la causa sigue avanzando, donde de las 13 conversaciones entre Jadue y Lefort sólo una pudo ser recuperada, la del 20 de diciembre del 2019, en que hablaron 72 segundos. “Estay hasta, ¿estay estudiando acciones legales?”, le dijo el alcalde PC, cuando comentaban una interpelación de Evelyn Matheii sobre el caso Led. Lefort le advirtió, “ese es un tema que tenía que conversar un poquito contigo, sobre todo pa que, pero no da pa llamar si no que…”. Ambos quedaron en tomarse un café.
El resto de las llamadas no fueron recuperadas. Ahí habían conversaciones iniciadas por Jadue y otras por Lefort, la primera por ejemplo, ocurrió el 28 de enero del 2019, donde hablaron por cerca de dos minutos. El 30 de enero hablaron dos veces, primero 8 minutos y luego, 5 minutos. El respaldo de esa aparece como “no encontrado”, lo mismo que las otras 12 llamadas.
El caso lo resume un informe policial que originó la “arista recoleta“: “Se investiga la donación realizada por la empresa Itelecom a la Corporación Cultural de Recoleta por la suma de $50.000.000, parceladas en tres pagos (…). Dicho dinero habría sido destinado a financiar el evento Womad 2019, organizado por la Municipalidad de Recoleta. Al tenor de lo anterior, es coincidente coetáneamente una liberación de fondos cuantificado en US$5.000.000, en beneficio de Itelecom, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, donde una de las exigencias para dicho financiamiento, es que Itelecom tuviera subsanadas todas las observaciones al proyecto de luminarias públicas realizadas por la Municipalidad de Recoleta”, se lee.
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