Ayer, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dejará el cargo con motivo de su formalización, programada para el 7 de mayo.

El jefe de la policía uniformada enfrentará cargos por su presunta responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad en el estallido social de 2019.

En una entrevista televisiva, Vallejo apuntó al “criterio” de gobierno donde las autoridades que sean de confianza del Presidente deberán dejar sus cargos. “Ahora, nosotros tenemos un criterio político, no procesal, que es independiente del nombre o de la autoridad (…) básicamente es una definición política del gobierno que busca no distraer a instituciones clave, en este caso para la seguridad, frente a eventuales formalizaciones o procesos de formalización de quienes están a cargo de esas instituciones”.

Este jueves, el general director de Carabineros participó de una actividad sobre seguridad junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, donde fue requerido por la prensa sobre su posible renuncia. Sin embargo, no confirmó una fecha para que esto ocurra. “Hablar de mi permanencia o no en el cargo creo que está absolutamente fuera de lugar desde el punto de reunión y concentración que tenemos hoy día que es hablar de la seguridad de todos los chilenos”.

“Mi cargo finaliza constitucionalmente en el mes de noviembre. Es un cargo que es de absoluta confianza del Presidente de la República y obviamente las circunstancias y los momentos dirán la oportunidad de cuándo se tengan que tomar las decisiones cuando así sea”, agregó.

En las últimas horas, la defensa de la autoridad ingresó en la Corte de Apelaciones de Santiago una orden de no innovar en la que solicita suspender su formalización. El documento acusa una “grave vulneración de sus derechos. Esa acción se suma a un recurso de amparo preventivo presentado ayer, también en la Corte de Apelaciones.

Consultado sobre estas acciones legales, dijo: “Cualquier persona que se vea enfrentada a una situación judicial tiene derechos a garantías que son propias de los procesos penales y eso lo va a ver mi abogado, no es un tema que me corresponda hablar a mí”.

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