El director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Juan Pablo Glasinovic, entregó detalles del proceso de extradición que se está llevando adelante en contra del ciudadano venezolano Dayonis Orozco, imputado por el crimen del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez Soto.

Orozco se encuentra detenido en Colombia -condición en la que puede estar como máximo cinco días, de acuerdo a la legislación de ese país-, donde fue capturado luego de la notificación roja que fue emanada por la Policía Internacional (Interpol), al encontrarse prófugo y huir de Chile, tras ser sindicado como uno de los autores del homicidio del carabinero. Ayer jueves la Corte de Apelaciones acogió la solicitud de la Fiscalía Centro Norte para que el venezolano sea devuelto a Chile para ser enjuiciado.

De hecho, ayer el canciller Alberto van Klaveren, aseguró que se intensificaron las gestiones diplomáticas para acelerar la extradición del imputado. “Estamos justamente haciendo todas las gestiones, viendo también con las autoridades colombianas, con las cuales mantenemos una relación muy estrecha, cuál es la vía más efectiva para apurar toda esta tramitación”, sostuvo.

Bajo ese escenario, Glasinovic, en conversación con Radio ADN, aseguró que “la tramitación que continúa es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En los tratados de extradición, la Cancillería es la autoridad central, es decir, aquella que canaliza todo esto. Y la Cancillería de Chile hace llegar esto a la Cancillería colombiana, quien a su vez remite esto al Poder Judicial de ese país”.

En ese sentido, el director detalló que, “lo que viene es, una vez recepcionado esto por las autoridades colombianas, pasa a trámite judicial al Tribunal Supremo de Colombia, que es la Corte Suprema de ellos”.

“Ahí cumplirá con todo lo que es un examen de admisibilidad y todo lo propio del proceso de extradición, para finalmente llegar a un fallo que, como lo he dicho en ocasiones anteriores, en el caso de Colombia, la particularidad es que es una instancia doble, o sea, no solamente una resolución judicial, sino que también tiene que contar finalmente, una vez aprobado judicialmente, con el visto bueno del poder Ejecutivo”, explicó.

La autoridad señaló que “en el caso de la legislación colombiana, se procede a una detención de hasta cinco días, y durante esos cinco días se tiene que hacer llegar la solicitud de extradición para que se prolongue esa detención, pasa a ser prisión preventiva y ahí entonces entra la extradición. Así que estamos en esa etapa con Colombia”, detalló.

En ese sentido, aseguró que no debiese haber problemas con el procedimiento, puesto que el imputado, si bien es venezolano, en Colombia no existiría “un impedimento de extraditar a sus nacionales”. En esa línea, precisó que, a su parecer no debiese haber ”ningún impedimento” para la extradición.

Distinto hubiese sido el caso si Orozco hubiese llegado a Venezuela en su huida. “Venezuela constitucionalmente prohíbe la extradición de sus nacionales, cosa que ocurre también con muchos otros países, eso no obsta a que sean juzgados internamente en función de los antecedentes que haya llegar el país cuya extradición es denegada por esa causa”, indicó.

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