Si hay un tema crucial para Chile –ciertamente de la sociedad en su conjunto, pero también los padres, los estudiantes y las asociaciones intermedias– es la educación. Por eso los temas vinculados con la enseñanza tienen tanta importancia, con una dimensión ideológica clara y múltiples aspectos prácticos, donde se mezclan los niveles parvulario, básico, secundario y superior; los modos de financiamiento; la demanda por una mayor calidad o la pertenencia de las instituciones y sus consecuencias.

No es casualidad que el Presidente Gabriel Boric haya cimentado los comienzos de su carrera política en la dirigencia universitaria, liderazgo generacional, con un carácter contestatario, con agenda propia y desafiante del orden existente en la educación superior chilena. Igual cosa ocurrió con muchos representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista, hoy instalados en importantes cargos del gobierno o del Congreso Nacional. Desde el 2006 en adelante la educación se transformó en un tema sensible, central en las disputas públicas y que se mostró capaz de marcar la agenda política, aunque eso haya sufrido un desgaste. Sin embargo, ello se dio más en el plano discursivo que en los logros efectivos.

La verdad es que las cosas han cambiado, pero para mal. Los problemas de la educación quedaron más en la disputa de la calle y la aprobación de leyes de escasos resultados (cuando no son negativos), con todo lo que ello implica para la ciudadanía, especialmente en la enseñanza básica y media. A escasos días de la cuenta pública del Presidente Boric, la verdad es que hay pocas buenas noticias en este ámbito: Chile tiene malos números en el abandono escolar y los resultados del aprendizaje en el último tiempo muestran estancamiento o decadencia. No está claro que las autoridades tengan conciencia de la gravedad del problema y que las medidas adoptadas puedan revertir esta lamentable situación.

En las semanas previas al 1 de junio, se ha instalado en la coalición de gobierno que la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) debería ser uno de los temas centrales del discurso presidencial, con una solución a esa vieja demanda frenteamplista, aunque su costo sea inmenso y sus réditos sociales más que discutibles. El tema no es ese, como han dicho sus promotores: el fondo del asunto es la concepción de gratuidad universitaria, que debe graficarse en la condonación del CAE. Los detalles habrá que verlos: a quién beneficiará y desde cuándo, si se exigirá o no cierto nivel de pagos realizados, si estarán incluidos quienes hayan estudiado en instituciones con gratuidad o exalumnos de cualquier casa de estudios y otros temas relevantes. En un plano complementario, queda pendiente evaluar de dónde obtendrá el Estado los recursos que dejará de obtener por la condonación del CAE, cómo serán traspasados a los acreedores y los plazos respectivos, el cálculo de la deuda y diversos aspectos del mismo tenor.

No cabe duda que se trata de un tema que llegó para quedarse, sea por convicciones reales del Ejecutivo, porque ya llegó la hora de enfrentarlo o por la necesidad de mantener alineadas a las fuerzas políticas que accedieron a La Moneda en marzo de 2022. Por el momento, el ministro Mario Marcel ha señalado que el proyecto ingresará a tramitación en septiembre y que procurará ser una propuesta “justa con los deudores, que sea justa también especialmente con quienes están pagando sus deudas y por otro lado va a ser una propuesta abordable desde el punto de vista financiero”. Ya veremos.

En otro plano, me parece que el tema más relevante de los últimos días en materia educacional es el rechazo del Concejo Municipal de La Pintana a la instalación de una sede del DuocUC en la comuna, a través de la entrega de un terreno en comodato por 50 años prorrogables por otros 15. A partir de ello, la prestigiosa casa de estudios construiría una sede de 4.500 metros cuadrados, con un costo de $16 mil millones, destinado a prestar educación técnico profesional de alto nivel en una de las zonas más pobres de la capital.

Como sabemos, ahí reside una gran población de esfuerzo, que se desplaza durante horas hacia sus lugares de estudio o de trabajo, para entregar mejores oportunidades a sus familias o para labrar un futuro con más perspectivas para las nuevas generaciones. El cambio crucial que representa este proyecto es que entregaría esa enseñanza de buen nivel en la propia comuna, con lo cual habría mejor calidad de vida, alternativas laborales y otros beneficios evidentes para los pintaninos.

La comuna tiene una situación muy difícil desde hace años. De acuerdo con la encuesta CASEN 2015, en la Región Metropolitana (RM) la pobreza por ingresos era del 6,2% y la pobreza multidimensional del 15%: en el caso de La Pintana alcanzaba el 13,9% y el 42,4% respectivamente. En la comuna el 48,4% de la población se podía calificar de niños, niñas y adolescentes, y si en la RM el 2,2% de los hogares tiene integrantes en edad escolar que no asisten a un establecimiento educacional, en dicha comuna esa cifra se eleva al 5% (datos extraídos del “Informe final Plan de Desarrollo Comunal de La Pintana 2020-203”, de la Ilustre Municipalidad de La Pintana).

¿Qué razón podría existir para rechazar un proyecto de esta naturaleza? ¿Se pueden llevar las diferencias políticas a este nivel? ¿Faltaba información para poder aprobar esta iniciativa? La verdad es que cuesta entender las razones que tuvieron los cinco concejales –la mayoría de partidos de izquierda– para oponerse a una propuesta de bien público que podría haber transformado la vida de La Pintana y de muchos de sus habitantes. La alcaldesa Claudia Pizarro señaló que el rechazo se debió a “pasadas de cuenta” por razones políticas: “Como yo soy alcaldesa y antes (fui) concejala que había fiscalizado a ambas administraciones y denunciado corrupción por lo menos en La Pintana y también en San Ramón, ellos tienen cuentas pendientes conmigo, en el fondo son pasadas de cuenta. Pero insisto, ellos creyeron que me estaban haciendo daño a mí, y realmente lo que han provocado con su rechazo es un daño a la comuna de La Pintana”.

De ser así, se trataría de una miseria política, por cierto más grave que la pobreza material que sufre la comuna. No puede haber venganzas políticas entre las personas o partidos que terminen dañando a la población; es impresentable que para hacer un punto o cobrar una cuenta los perjudicados sean los habitantes de una comuna popular; la principal tarea de la política debe ser contribuir a generar oportunidades para que la gente viva mejor, no procurar escalar cargos para quién sabe qué fines particulares. Es necesario tener más educación para derrotar la pobreza y ampliar las oportunidades; es preciso también contar con más alternativas políticas para derrotar la miseria que en ocasiones se entroniza en la lucha por el poder.

Para mejorar la educación chilena se requiere poner todas las energías sociales en marcha. Es necesario cambiar las leyes malas y hacer otras buenas, mejorar las alternativas de enseñanza (especialmente en los sectores populares), un estudio serio y dedicado de parte de los alumnos en todos los niveles, perfeccionar la calidad de los profesores en las diversas áreas, medir los aprendizajes y tomar medidas radicales ahí donde las cosas no estén funcionando, además de promover iniciativas como la del DuocUC en La Pintana. Derrotar la pobreza debe seguir siendo una prioridad en Chile, así como superar la miseria política es una condición necesaria para avanzar en justicia y libertad.

Por Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica de Chile. Director de Formación del Instituto Res Pública, para El Líbero

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