El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió esta mañana a la carta firmada por el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, y otros líderes de la izquierda iberoamericana en que cuestionan la justicia chilena y expresan un respaldo a Marco Enríquez-Ominami, imputado por el caso SQM.
«Una justicia dilatada es una justicia denegada», dice la misiva en la que también se señala que «fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile».
Ante esto, Cordero comentó en Tele 13 Radio que la carta «desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno».
El secretario de Estado también sostuvo que las «declaraciones que tienen por propósito afectar, comprometer o criticar esa autonomía (del Ministerio Público) me parecen impropias (…). La leería como apoyo político a ME-O, pero desde lo institucional su contenido es improcedente», agregó.
Cordero comentó que ayer conversó del tema con la canciller Antonia Urrejola y mencionó que hoy tiene una reunión de trabajo con la Corte Suprema donde eventualmente se abordará la misiva.
«Es relevante destacar que el Gobierno no solo es respetuoso de la independencia judicial sino que la promueve, y además protege la autonomía del Ministerio Público», añadió el ministro.
Otros firmantes
Respecto a si tiene base la idea de una supuesta persecución contra ME-O por ser un representante de izquierda, Cordero estimó que no es así: «Basta ver el otro imputado que está en esa causa, que es el ex ministro y senador Pablo Longueira».
Además de Fernández, la carta está suscrita por otros líderes como los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Martín Torrijos (Panamá) y Evo Morales (Bolivia). También firman el ex canciller brasileño y actual asesor internacional del Presidente Lula da Silva, Celso Amorin; la presidenta de la Comisión de RR.EE. del Senado de México, Beatriz Paredes; y la diputada chilena Karol Cariola (PC).
Sobre la diputada Cariola, la única parlamentaria en firmar, el ministro comentó que eso «me parece que forma parte del diálogo político nacional, no es la primera vez que parlamentarios de distintas tendencia pueden tener opiniones del desempeño de la justicia».
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