Una ronda preliminar de consultas a senadores opositores, oficialistas y no alineados realizaron ayer representantes del Ejecutivo ante la inminente decisión del Presidente Gabriel Boric, quien debe escoger una nueva carta para dirigir el Ministerio Público dentro la lista de cinco candidatos que recientemente completó la Corte Suprema.
Luego de esa ronda de consultas, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, salió hoy a remarcar que el gobierno haría una profunda evaluación de las competencias y de “todo el historial” de los postulantes a dirigir el organismo persecutor, institución crucial para combatir la delincuencia.
Aunque las palabras de Ríos podrían ser entendidas como una obviedad, también eran una señal de que La Moneda tomó nota de los reparos que despertó la nueva postulante para el cargo: la abogada Erika Maira, exfiscal y actual jefa de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público.
Este martes, el pleno del máximo tribunal eligió a Maira como nueva integrante de la quina, en reemplazo de Marta Herrera, quien el lunes de la semana pasada no consiguió los votos suficientes (2/3 de los senadores) para ser ratificada como fiscal nacional.
Herrera era la segunda nominación fallida de Boric, que en primera instancia propuso al fiscal de Santiago Norte, José Morales, quien tampoco reunió los votos necesarios en el Senado, el pasado 30 de noviembre.
Por tal razón, en el Ejecutivo están conscientes de que un tercer rechazo produciría un escenario crítico, en vista de la importancia que tiene el fiscal nacional para combatir la delincuencia (hoy la principal demanda ciudadana), por lo que ya no queda margen para seguir apostando a jugadas riesgosas.
Si bien Maira se ajustaba a un perfil ideal de La Moneda -una mujer, con visión feminista e inclusiva-, sus antiguos comentarios en redes sociales, que comenzaron a difundirse entre bancadas de senadores, sepultaron rápidamente sus chances.
“Alianza por favor, no hagan el loco con Evelyn Matthei. No tiene control de impulsos y odia la maternidad, entre otras cosas. No queremos eso”, decía por ejemplo un tuit de 2013, que molestó en las bancadas de la UDI y RN.
Maira también fustigó a la UDI en 2016, que entonces cuestionaba el papel de la fiscal Ximena Chong en la investigación contra el exsenador Jaime Orpis: “Ay Dios! La acusan por llevar bien la causa de Orpis. No les da vergüenza???”.
La ministra Ríos, al ser consultada por los reparos de la derecha a Maira, dijo que “pediría a los senadores y senadoras que puedan escuchar a la persona que el Presidente decida seleccionar y que no anticipemos opiniones antes que podamos tener una selección”. Sin embargo, precisó que “el Presidente está evaluando todas las competencias, todo el historial, el currículum, la experiencia externa, etcétera, es un análisis conjunto y todos los antecedentes, obviamente serán analizados en profundidad”.
“Ahora, que vamos a enfrentar el tercer proceso, indudablemente vamos a tener, no solamente en consideración, porque lo hemos tenido siempre, pero particularmente, así, en el detalle, mirar todos los antecedentes, todos los… para que nada pueda objetar este nuevo proceso”, dijo la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.
El problema para el gobierno es que hay otros integrantes de la quina conformada por la Suprema con antecedentes que tampoco hacen viable sus postulaciones.
Si bien en un grupo transversal e influyente de senadores, especialmente los que integran la estratégica Comisión de Constitución, hay una marcada preferencia por el abogado Ángel Valencia, en Palacio es claro que el penalista no tiene opciones de ser nombrado por el Jefe de Estado en esta tercera vuelta.
Además de las aprensiones de grupos feministas por su defensa en casos de delitos sexuales, en el gobierno aseguran que el hecho de que haya defendido a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el caso Publicam -que destapó una serie de delitos tributarios y venta de facturas falsas para campañas políticas- es un tema sensible y es algo que no quieren reflotar. Quienes han conocido de las conversaciones del Ejecutivo con los senadores señalan que esa ha sido la respuesta cuando se consulta por qué Boric no nombra a Valencia. Aunque también es un factor que incomoda el estrecho vínculo que el abogado mantiene con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, con quien son compadres.
Para el Ejecutivo tampoco es viable la nominación del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, otro de los integrantes de la quina. ¿La razón? Hoy está investigado por obstrucción a la investigación en el denominado Caso Huracán, por lo que nombrarlo sería dar una señal compleja.
En el caso de la fiscal de Ñuble, Nayalet Mansilla, otra integrante de la lista reconfigurada por la Suprema, ella tiene reparos transversales en distintas bancadas, por su cercanía con exjefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, de quien existe una mala evaluación de su paso por la institución persecutora.
Todo este panorama ha acentuado la molestia que hay en el gobierno con el máximo tribunal pues evalúan que hubo desidia al momento de conformar la lista de postulantes, al no aplicarse filtros necesarios respecto de la idoneidad que tienen algunos postulantes. De ahí, la razón por la que Boric llamó al presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes para plantearle la posibilidad de hacer un nuevo concurso público.
No obstante, tras la negativa del Poder Judicial a reiniciar todo el proceso, por ahora la única alternativa viable que está quedando para el gobierno es la del fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, quien ejerce como fiscal nacional interino, debido a que Abbott debió dejar el cargo el 30 de septiembre por cumplir el límite de edad de 75 años.
Aunque el persecutor valdiviano no concita entusiasmo en las bancadas de senadores ni en el Ejecutivo, es considerado un profesional “correcto” que tampoco despierta mayores rechazos.
El principal promotor de Meléndez ha sido el senador por Los Ríos, Iván Flores (DC). No obstante, en la UDI, el PS, Demócratas y RN creen que su eventual nominación podría reunir los 33 votos necesarios en la sala de la Cámara Alta.
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