La general de Carabineros Karina Soza y la esposa del exfutbolista Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, están citadas, en calidad de testigos, ante el Ministerio Público. Ambas entregarían su versión de los hechos en los próximos días. Ayer declaró, como imputada, la diputada RD Maite Orsini.
Así lo confirman conocedores de la investigación que abrió el fiscal jefe del Centro de Justicia Patricio Cooper, de la zona metropolitana Centro Norte, luego que recibiera la autodenuncia de la congresista.
En ese documento, ella pidió que se la indagara a raíz de las afirmaciones de Aránguiz, en el programa «Mucho Gusto», de Mega, en que le atribuyó influencia sobre fiscales y el poder de «hacer desaparecer papeles».
Las acusaciones se dieron en el marco de la detención de su cónyuge, ocurrida en enero pasado en Vitacura, dado que tras el procedimiento Orsini hizo una gestión. La legisladora reconoció ayer —en el Congreso— una comunicación telefónica con la general Soza, pero sostuvo que la realizó para resguardar a Carabineros. También la jefa policial había admitido el contacto hace unos días.
Debido a que, por ahora, no existen antecedentes sobre gestiones de la diputada que involucren a persecutores, como se acusó por Aránguiz, el Ministerio Público centró las pesquisas de la autodenuncia en el llamado telefónico a la general.
Así, la investigación se centrará, por ahora, en el eventual delito de tráfico de influencias. Esto, porque aún no existen antecedentes que den cuenta de otros posibles ilícitos.
Se espera que Soza concurra, de manera presencial, a las dependencias de la fiscalía, para explicar su versión. Se buscaría ahondar, comentan quienes conocen las diligencias del caso, en las declaraciones que hizo a la prensa, en las que menciona que fue contactada por la diputada.
Además, agregan, el Ministerio Público pedirá los antecedentes del sumario que inició Carabineros por la detención de Valdivia, en el contexto de un control de identidad.
Igualmente, esta semana Aránguiz debería acercarse al Centro de Justicia de Santiago, donde se emplaza la fiscalía, para declarar presencialmente.
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