Con los recursos que el gobierno iba a obtener con la reforma tributaria pretendía aprobar aproximadamente la mitad del programa de gobierno. Por ello, ahora con el futuro incierto del llamado “corazón” tributario, las cuentas fiscales podrían verse presionadas. Si bien no para el cortísimo plazo, ya que el Presupuesto 2023 no incluyó los recursos del proyecto tributario, el problema se podría producir para el mediano plazo si es que el Ejecutivo quiere perseverar con sus propuestas en pensiones y salud principalmente.
Esto, alertan los economistas, generaría un mayor estrés para las cuentas fiscales, ante lo cual, por lo mismo, plantean que el gobierno debe avanzar en su programa sólo en la medida que cuente con los recursos, y que en ningún caso debe emitir más deuda pública de la que ya tenía prevista.
Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, sostiene que “con el rechazo a la reforma tributaria no habría recursos para financiar el incremento en Pensión Garantizada Universal (PGU) y por ello le pone más presión a la reforma de pensiones”. En ese sentido, añade que “habrá mayores presiones de gasto y será clave ver cómo el ministro Marcel los enfrenta sin arriesgar su objetivo de alcanzar un equilibrio fiscal en los próximos años”.
Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, subraya que “hacia mediano y largo plazo hay claramente un escenario de presión por más gasto por el aumento de la PGU, lo cual tiene que ser financiado de alguna manera, por lo que se va a requerir de una reforma tributaria de todas maneras”. Sin embargo, subraya que “el punto en discusión será que esa reforma va a tener que ser consensuada por un espectro político más amplio, lo que tendría que desembocar en un proyecto más moderado y probablemente que ataque impuestos que no fueron contemplados en el proyecto que fracasó”.
En cuanto a si el Ministerio de Hacienda debe replantear la trayectoria fiscal futura, el economista dice que “dependerá de la estrategia que se siga. Si deciden insistir en el Senado de manera viable y negociada, o financiarse con un proyecto distinto. Pero deberán generar algún cambio”.
Misma visión entrega Tomás Flores, economista de Libertad y Desarrollo, quien menciona que este rechazo “obliga al gobierno a reprogramar la trayectoria fiscal, porque evidentemente no podrá pretender tener la misma trayectoria de expansión de gastos sin una reforma. Entonces diría que el impacto en términos de trayectoria de gasto público o de política fiscal es sustancial”.
Luis Eduardo Escobar, economista y consultor de empresas, ve “difícil que el gobierno pueda abdicar todo su programa”, pero sí cree que lo “debe hacer más gradual” y que se avance en la medida que tenga recursos. Escobar acota que “más que cambiar las metas de balance fiscal, el ministro debería buscar acuerdos y avanzar en las principales reformas, quizá a un paso más lento, pero que se avance”. Argumenta, además, que “en ningún caso es recomendable emitir deuda para financiar el programa”.
Alejandro Fernández, economista de Gemines, asevera que “este año no hay problema con el financiamiento y, en principio es pequeño para 2024, por lo que hay tiempo para evaluar estrategias que permitan resolver las dificultades de financiamiento”. De hecho, apunta que “para 2024, según el último Informe de Finanzas Públicas, existe una holgura importante de gasto, que puede crecer 7% y ser compatible con la reducción de los déficit efectivo y estructural, de manera que el problema de financiamiento es, en principio, de 2025 en adelante”.
De acuerdo al Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2022, las mayores presiones de gastos vendrán por la reforma previsional, proyecto que fue presentado hacia fines del año pasado.
De esta manera, los montos de gastos actualizados del Gobierno Central Total presentan un aumento de 2,3% real anual en 2024 respecto de la proyección actual para el año 2023; un aumento real de 1,% el 2025, con relación a lo proyectado para el año 2024; un aumento real de 1% en 2026, respecto de lo proyectado para 2025, y de 0,5% en 2027 en relación a la proyección actual de gastos comprometidos para 2026.
El propio informe destaca que “el componente con mayor incidencia en el crecimiento del gasto en este período corresponde a Prestaciones Previsionales, producto del ingreso en noviembre 2022 de la Reforma de Pensiones que tiene un efecto significativo sobre las finanzas públicas, aumentando los gastos comprometidos en todo el horizonte de proyección”.
En ese mismo reporte, el gobierno tenía una meta de balance fiscal estructural que apuntaba a reducir el déficit estructural en aproximadamente 0,3% del PIB en comparación a 2023, para luego reducirlo en torno a 0,75% del PIB por año y así alcanzar un -1,1% en 2025 y lograr el equilibrio en 2027. Ahora, en relación al déficit fiscal efectivo, la trayectoria trazada indicaba cerrar con -1,2% su periodo de gobierno. Todo esto, a juicio de los expertos, ahora debe revisarse.
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