Chile Vamos elaboró un documento de 12 puntos que servirán como sustento de la interpelación en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
«Se acabó la paciencia» es el nombre del documento que fue elaborado en la oficina en el Congreso del diputado y secretario general de RN, Diego Schalper -quien además es impulsor de la iniciativa-, junto a parlamentarios que integran la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
En el texto, apuntan a una serie de problemáticas asociadas a la gestión de la titular de Interior, entre ellas, mencionan el episodio en que la ministra citó al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a La Moneda «para reprenderlo»; el recrudecimiento de la crisis migratoria; una reacción «tardía» a los incendios forestales; y retraso en la ley de implementación de armas.
El primer punto, titulado «no apoya lo suficiente a Carabineros», afirma que «las acciones y declaraciones de la ministra han permitido abrir cuestionamientos al accionar policial». No sólo mencionan el episodio con Yáñez, sino que también apuntan a «sus posturas erráticas respecto a la Ley Nain-Retamal y su incapacidad para ordenar al oficialismo detrás de la aprobación del proyecto, pusieron en riesgo el principal apoyo legal que han recibido las policías».
En segundo lugar, cuestionan la «inexistencia de una agenda legislativa y ausentismo de la ministra Tohá», y aunque mencionan los constantes llamados de la ministra y el Presidente Gabriel Boric a construir una hoja de ruta legislativa, «lo concreto es que el Ministerio del Interior carece de una agenda concreta de proyectos», y recalcan que la ministra «solo ha asistido al 3% de las sesiones celebradas» en la Comisión de Seguridad.
En tercer punto, los parlamentarios acusan a Tohá de «incapacidad de frenar el explosivo avance del crimen organizado, el narcotráfico y los narcofunerales». Incluso, detallan que «según datos del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), el número de homicidios y violaciones y robo violento de vehículos («portonazos» o «encerronas») del 2022 son los más alto de los últimos ocho años. Tendencias que se mantienen durante el primer trimestre de este 2023″.
Un cuarto punto aborda el «recrudecimiento de la crisis migratoria y falta de control en frontera», tema que si bien reconocen que se viene dando hace varios años, acusan de que la situación se ha visto potenciada en el último año «producto de complejos ideológicos» por parte del Gobierno. Además, sostiene que distintas circulares y decretos de la Subsecretaría del Interior han permitido un cierto «efecto llamado» que consiste en «dar señales de permisividad al extranjero que está tomando la decisión racional de migrar hacia Chile».
En quinto lugar, acusan de «ineficiente destino de recursos públicos en materia de seguridad». En el texto, los parlamentarios acusan que «el Gobierno ha anunciado una importante inyección de recursos y la implementación de una política nacional contra el crimen organizado, pero de solo revisar las cifras y la ejecución presupuestaria, queda a la vista lo vacío y carente de contenido de dicho anuncio».
El sexto ítem menciona un «inexplicable y opaco pago de pensiones a víctimas del estallido». En esa línea, sostienen que el Ministerio del Interior en concurso con el Instituto Nacional de Derechos Humanos «ha implementado en virtud de glosas presupuestarias el pago de pensiones a víctimas del estallido social, pensiones que se encuentran en la más absoluta opacidad. En efecto, desconocemos los motivos de su concesión y la identidad de las personas que fueron beneficiadas con esta suma de dinero».
«Criterios partidistas en la reestructuración de labores técnicas en la División Jurídica del Ministerio del Interior», señalan en séptimo lugar. Según acusan, el cambio de Gobierno ha estado acompañado de una profunda restructuración de personal de dicha división «que ha derivado en la desvinculación de funcionarios y litigantes que contaban con una larga experiencia y alta calificación técnica. En su lugar se incorporaron sujetos con escasa capacidad técnica y altamente ideologizados, con un resultado desastroso desde la perspectiva judicial, que incluye episodios lamentables como la remoción de la Jefa de la División cuestionada».
El octavo punto sostiene que «no hay plan para combatir el terrorismo». Los parlamentarios detallan que la cartera «ha renunciado a la interposición de querellas por conductas terroristas; al uso de la Ley de Seguridad del Estado, o incluso decretar estado de excepción constitucional en el extremo norte del país». Dicen también que «esto es particularmente grave en la macrozona sur, donde la renuncia ex ante a la aplicación de la Ley Antiterrorista deja a la vista los complejos absurdos que informan el accionar del Gobierno».
El punto noveno acusa de «una reacción tardía e insuficiente ante incendios forestales». En el contexto de estos hechos, dice el documento, «se conoció a una eventual subejecución presupuestaria por parte de los organismos de emergencia encargados de la prevención y actuación ante los incendios, así como un incumplimiento de obligaciones de información que permiten escrutar si se ejecutaron o no las medidas preventivas aludidas». Además, recriminan «la confusión y tardanza en la reacción inicial del sistema de reacción ante emergencias influyó en las cuantiosas pérdidas materiales y sensibles fallecimientos».
El punto 10 menciona una «falta de auxilio a municipalidades y utilización de criterios político-partidistas en la entrega de recursos públicos». Esto, porque según los parlamentarios, «hay comunas que se han visto en un real abandono, siendo válido cuestionarse sobre cómo el Ministerio está ejerciendo este rol, y cuáles son los criterios en base a los cuales se asignan los recursos, que parecen desproporcionadamente favoreceré comunas oficialistas». Agregan que «las cifras indican que solo el 11% de los fondos fueron asignados a Municipios de Alcaldes de oposición».
En ítem 11 apunta a un «retraso en la implementación de la ley de control de armas», y argumentan que «a la fecha, mientras los crímenes con armamento siguen creciendo, no se han dictado los reglamentos necesarios para dificultar la adquisición de armas y restringir su inscripción».
Finalmente, el punto 12 señala un «nulo avance en la reforma a Carabineros y cambios innecesarios en ENUSC». Aquí acusan al actual Gobierno de bajar sitios web con los avances de dicha reforma -que alcanzaba un 34% hasta el gobierno anterior-, además de «suspender el trabajo de las instancias de supervisión con organismos de la sociedad civil, y en la práctica, durante todo el último año, ha cesado el trabajo en esta materia». Agregan que «para colmo, los cambios en la metodología de la ENUSC resultan absolutamente injustificados e infundados, incrementando el clima de confusión en las estrategias del Gobierno».
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