La economía se contrajo 0,9% en el primer trimestre de este año, dando cuenta del enfriamiento por el que atraviesa la actividad. En línea con este freno, otros indicadores comenzaron a dar cuenta del menor dinamismo que enfrenta el país. Uno de ellos son las cifras de solicitudes de quiebra, que mensualmente publica la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
En abril, las solicitudes totalizaron 91 lo que se traduce en un alza de 3,4%, siendo el primer incremento desde abril de 2021. De allí en más solo hubo retrocesos hasta ahora. En el acumulado del año, en tanto, las cifras muestran una caída en 2023 en relación a 2023. Si el año pasado hubo 368, este año el registro es de 349, lo que significa una caída de 5,2%.
Los expertos afirman que puede comenzar cambiar la tendencia, dado el ajuste que está teniendo la actividad. Sin embargo, estas cifras que recopila la superintendencia son bastante volátiles, por lo que no hay una certeza absoluta que así lo sea.
Carlos García, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, afirma que “lo interpreto como una caída sustancial en el nivel de actividad y, por tanto, no es un dato puntual sino un cambio de tendencia”, sostiene. Asimismo, acota que “el escenario económico es peor que el año pasado y agudizándose, por lo que no sería extraño un aumento en las quiebras de las empresas hasta septiembre, luego se estabilizaría para mejorar a fines de año”.
Tomás Flores, economista de LyD, subraya que “la recesión por la cual atraviesa nuestra economía genera un incremento de incumplimiento de pagos, lo que activa el sistema de quiebra o reorganización. Es probable que se mantenga este incremento durante el primer semestre para recién cambiar de tendencia en el último trimestre del año”.
Pedro Eguiguren, socio del estudio jurídico Eguiguren y Abogados, puntualiza que “las tendencias van cambiando, dependen de varios factores, entre ellos la situación económica del país, las políticas de Estado -en especial los subsidios y ayudas a las empresas”. En ese contexto, asevera que “recientemente varias constructoras han bajado la cortina y esto ha afectado tremendamente a los proveedores, lo que podría provocar una tendencia al alza en procedimientos de liquidación voluntaria de pequeñas y medianas empresas”.
Eguiguren prevé que la tendencia es al alza, principalmente “porque hace un par de días se publicaron las modificaciones a la actual Ley de Insolvencia y Reemprendimiento facilitando el acceso a los procedimientos de reorganización y de liquidación de empresas, disminuyendo los requisitos y costos para estos procesos”.
Ese análisis lo refuerza Álvaro Lavín, abogado del estudio jurídico Silva Ibáñez Abogados, quien dice que “es muy probable que se produzca un cambio de tendencia al alza, toda vez que las condiciones macroeconómicas no sólo no han mejorado, sino que estamos ad portas de una recesión, tal como fuera anticipado por el Fondo Monetario Internacional”.
Personas
En cuanto a las solicitudes de insolvencia de las personas, la superintendencia informó que totalizaron 177, lo que se traduce en una caída de 1,7% en comparación al mismo mes del año pasado. En los primeros cuatro meses del año, el registro muestra que 742 personas iniciaron este proceso frente a los 768 del año pasado.
Según detalló la superintendencia, en el periodo enero-abril del presente año han ingresado un total de 1.310 casos en los distintos procedimientos concursales, un 36,3% corresponden a la Región Metropolitana (475) y un 63,7% a las otras regiones del país (835).
En este sentido, mencionan que, al observar los procedimientos concursales de renegociación de la persona deudora, se han declarado 202 procedimientos admisibles, un 34,2% corresponde a la Región Metropolitana y 65,8% al resto de las regiones. Los procesos de liquidación de bienes de la persona deudora alcanzaron a 742, concentrándose en la Región Metropolitana con un 32,9% y en el resto de las regiones un 67,1%.
Por otro lado, tratándose de las empresas deudoras, han ingresado 17 procedimientos concursales de Reorganización, de los cuales el 58,8% corresponde a la Región Metropolitana y un 41,2% al resto de las regiones. En el caso de Liquidación de activos de la empresa deudora, los procedimientos ingresados son 349, los cuales se distribuyen con un 43,6% en la Región Metropolitana y un 56,4% el resto de las regiones del país.
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