La ministra de Interior, Carolina Tohá, abordó esta mañana las implicancias de los convenios por $426 millones suscritos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ligada a la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), quien el martes suspendió su participación en la mesa de la Cámara.
«Más que hablar de lo que complica, el Gobierno lo que hace es preocuparse del problema. A mí me parece que cualquier situación que ponga el duda el uso de los recursos públicos, o que genere las suspicacias que ha generado este caso, merece atención y respuestas categóricas», dijo la ministra a Cooperativa.
Entre las definiciones que ha tomado el Gobierno, Tohá recapituló que incluyen la salida de la seremi implicada, hasta una investigación con un sumario, para levantar antecedentes de los equipos del ministerio de Vivienda, «los que van a ser traspasados todos a fiscalía (…) la fiscalía ya está investigando».
Al ser consultada por si ve en este caso algunos indicios de que se hayan cometido delitos, la ministra precisó que «desde el momento en que la fiscalía está investigando, es porque existen sospechas de delito. La fiscalía sólo se involucra cuando ve sospechas de delito. Ahora, la posibilidad no es lo mismo que la certeza».
«Además, el ministro (Montes) ayer dijo algo importante, y es que los montos de este traspaso de esta subvención que no se hayan ejecutado, deben restitutirse, y si no lo hace la organización, el Ministerio va a iniciar las acciones para que sea compelida a hacerlo», expresó la ministra Tohá.
Por otra parte, la ministra abordó las reflexiones que apuntan a complicaciones para el Gobierno de un caso como este, considerando que buscan impulsar una reforma tributaria y que hoy queda en duda el uso de recursos estatales. «Creo que esa reflexión equivale a una nueva excusa. El mal uso de recursos se combate con transparencia, con leyes que controlen la administración. No se combate desfinanciando las políticas sociales», cerró.
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