El 16 de junio Timeline dio a conocer los convenios por $426 millones que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta firmó con la Fundación Democracia Viva para la ejecución de proyectos en campamentos de la zona. No hubo concurso, se trataba de asignaciones que visó directamente Carlos Contreras, hasta entonces jefe de la repartición ministerial regional.
Ante la existencia de eventuales delitos en la tramitación de esos contratos, el Ministerio Público inició una investigación de oficio. Carlos Contreras debió renunciar a su cargo e intervino la Contraloría pidiendo al Minvu detallar todos los recursos traspasados a fundaciones en Antofagasta.
Finalmente, el Minvu optó por cancelar el vínculo con la fundación de Daniel Andrade, exasesor del Ministerio de Defensa que era pareja de la diputada Catalina Pérez cuando se dio a conocer el caso. Carlos Contreras había sido el jefe de gabinete de la legisladora.
“Lo que nosotros podemos informar es que la Seremi de Antofagasta ha dictado una resolución el día lunes que le ha sido comunicada a Democracia Viva para efectos de terminar los tres contratos que tenía con el Ministerio de Vivienda”, explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, al ser consultado este jueves por el tema en una actividad en las afueras de La Moneda.
La autoridad de gobierno precisó que “en esa resolución, no solo se pone término al convenio, sino que además se ordena la restitución de los dineros y la liquidación del contrato. La liquidación del contrato se debe realizar en los próximos cinco días, esto fue dictado el día lunes y Democracia Viva tiene un plazo de 30 días para la restitución de los fondos en arcas fiscales”.
“La obligación que tiene, de acuerdo a lo establecido en la resolución de la Seremi, es la liquidación de los contratos y la devolución en el plazo de 30 días. No hay consideraciones adicionales para esa devolución”, indicó el titular de Justicia. Los montos a restituir se determinarán en la liquidación.
Según la información que dio a conocer la fundación, los convenios 504 y 576 -que implicaban $200 y $170 millones, respectivamente- apuntaban al acompañamiento a la comunidad en la ejecución de obras relacionadas a seguridad y salubridad. Las obras consistían en instalación de luminarias e implementación de medidas para mitigar amenaza de incendios, entre otras y que se desarrollaría hasta febrero de 2024.
El convenio 641 -con una inversión de $ 56 millones- “se enfoca en levantamiento y diagnóstico territorial de campamentos recientemente catastrados por Serviu, así como en la implementación de planes de prevención en el área”. Este convenio tendría una duración de 12 meses, finalizando a fines de enero de 2024.
Según la fundación, de los tres convenios habían rendido el 27% de los montos utilizados a mayo de 2023 y los avances por objetivos de los trabajos eran de entre 30% y 47%.
/psg
