La conducción del Ministerio de las Culturas y las Artes ha sido cuestionada interna y externamente en esta administración y el peak de la crisis ocurrió hace pocos días, cuando la subsecretaria de Culturas, Andrea Gutiérrez y la seremi de la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez, tuvieron que renunciar tras conocerse que aprobaron el traspaso de fondos a lugares con los que tuvieron un vínculo laboral.
A raíz de esto y del Caso Convenios, surgen dudas sobre la adjudicación de dineros públicos a proyectos vía trato directo, es decir, sin licitación o concurso por medio. En el caso de la seremi de Culturas de la Región de Valparaíso, ha llamado la atención que entre 2022 y junio de 2023, se realizaron 17 convenios por más de $230 millones, número que en el sector se considera inusual. Además, ninguno de los proyectos pasó por el Consejo Regional de las Culturas, como se hacía en la administración anterior.
La seremi de Culturas de esa región es Patricia Mix (Comunes), licenciada en Filosofía, cuentacuentos, ex directora de la Fundación Ludoferia, hija del actor Víctor Mix y hermana de la diputada Claudia Mix, quien tiene amplias redes familiares en el Gobierno.
Su nominación a seremi fue polémica dentro de su propio partido. “No fue un nombre de consenso porque no pasó por los mecanismos internos del partido para la designación de nombres, ni fue parte del acuerdo regional (…) es familiar de una diputada, lo que constituye un acto de nepotismo”, dijo en ese entonces el secretario general de la tienda, Francisco Peñaloza.
Exceso de convenios “a dedo”
Advertidos de un exceso de tratos directos en relación al periodo anterior, desde la Cámara de Diputados solicitaron un oficio a la seremi de Culturas, donde se detallan los proyectos (ver al final). Allí salió beneficiada con $30 millones en total la fundación de una ex candidata a Consejera Constitucional PC, Carolina Fernández Quezada; la de una ex candidata a CORE por la misma cantidad y se le otorgaron $48 millones a una Sociedad por Acciones (Spa) -es decir, con fines de lucro- constituida sólo dos meses antes de adjudicarse los recursos.
“Es un exceso de tratos directos en relación al periodo anterior, sin ningún tipo de evaluación o una comisión evaluadora, que es lo que se hacía en el periodo anterior. Son $234 millones que nos parece un monto alto, a organizaciones, una de ellas que nace dos meses previos (…) por lo tanto, hay sospechas respecto a la transparencia, además de la expertise y obviamente por una eventual simpatía política a la hora de a quién se le entregan esos recursos, lo que obviamente se incrementa cuando tú lo entregas a dedo y sin ningún proceso previo para que otras organizaciones participen a través de un concurso o bien a través de una comisión evaluadora«, dijo a El Líbero el diputado RN por Valparaíso, Andrés Longton, quien esta semana solicitó los informes de ejecución de cada proyecto, pues con una simple revisión de las fundaciones en redes sociales en varios no aparecen noticias sobre su materialización.
“Tú te metes en sus redes y no sabes si nacieron al alero de la campaña del Apruebo o si es una red para la candidatura de una constituyente”, ejemplificó el diputado.
La comisión evaluadora a la que se refiere Longton, es el Consejo Regional de las Culturas.
Según explica un alto ex funcionario del ministerio a El Líbero, la entidad siempre ha tenido la potestad de hacer tratos directos en casos muy justificados. Para evitar suspicacias y que no fuera el solo seremi quien tomara la decisión, durante el Gobierno anterior los tratos directos pasaron siempre por ese consejo, compuesto por seremis, pero también por actores de la sociedad civil. El primero funcionó entre 2017 y 2022 y recientemente se constituyó el de 2023-2027.
Junto con esto, advierte que otro hecho cuestionable que estaría pasando en este caso, es que se estarían traspasando fondos de programas centralizados hacia las regiones, para entregarlos sin convocatoria a concursos. Pone un ejemplo: uno de los proyectos aprobados, es de apreciación musical (justamente el de la SpA Tékne), “y ese programa lo lleva la Secretaría de la Música, que no es regional”.
A su juicio “es un desorden que afecta a las políticas públicas culturales, que afecta a la institucionalidad cultural”, pues cada año el ministerio recibe 12 mil postulaciones y con este método “no sabemos cómo se entregan las platas y por qué a una organización y no a otra”. Debido a esto, cree que “nos podemos encontrar con muchas más sorpresas (…) me parece una discrecionalidad y una potestad inaceptable”.
Este medio consultó a la Seremi de las Culturas por qué estos proyectos se financiaron por trato directo y sin pasar por el Consejo, pero no obtuvo respuesta.
Esta laxitud y discrecionalidad en regiones, se suma a los menores requisitos a los Gobiernos Regionales que la Dipres autorizó en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2023. En la oportunidad se abrió el abanico de posibilidades de postulación a fondos de fundaciones, se les eximió del requisito de dos años de experiencia y se les aceptó que el dinero entregado se tomara por ejecutado de inmediato.
De qué se tratan los 17 proyectos
Las fundaciones que obtuvieron más recursos fueron el Centro Cultural de Playa Ancha, la Corporación de Educación, Arte y Cultura Ceac; Tékne, Cultura, Educación, Trabajo SpA y la Fundación Vicente Huidobro.
El Centro Cultural de Playa Ancha recibió $30 millones para realizar el conocido Carnaval de los Mil Tambores en octubre pasado. Su presidenta es Karem Jorquera Apablaza, ex candidata a CORE. En sus redes sociales aparece reiteradamente el diputado Luis Cuello (PC) y en el cronograma de la actividad agregaron una charla sobre “vivienda digna”, tema que dista del tenor del carnaval.
El año pasado también aparece una asignación desde la Subsecretaría de las Culturas, de diciembre de 2022 para ese centro cultural, para “obras de mejoramiento del suelo y accesibilidad universal para las artes, Parque de las artes, Violeta Parra, por más de $249 millones, un monto que se escapa de lo que normalmente recibían (máximo $40 millones en 2014).
La Corporación de educación, arte y cultura, Ceac, recibió $32 millones para dos proyectos ($12.000.000 y $20.000.000). Uno para una serie de talleres y conciertos para niños y jóvenes, y el otro, para extender actividades para niños en el marco del incendio que hubo en el sector Forestal. La representante legal es Carolina Fernández Quezada ex candidata a Consejera Constitucional del PC. Según el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, sus fondos estatales vienen principalmente de la seremi y de la Municipalidad de Valparaíso.
Tékne recibió $ 48 millones y su representante legal es Sonia Sanhueza Carrasco, gestora cultural, con formación en filosofía. Lo que llama la atención es que se trata de la Sociedad por Acciones (SpA) con inicio de actividades en abril de 2022 y que apenas dos meses después, se les asignaron los fondos para el proyecto “Programa Apreciación de la Música Nacional”, un área donde la región tiene gran diversidad de exponentes que podrían haber concursado. El programa constaba de ciclos de mediación musical con ejes en “musicoterapia, perspectiva de género y estilos musicales y bohemia porteña”, a aplicarse en 20 establecimientos educacionales entre junio de 2022 y noviembre de ese año. No tienen web ni redes sociales.
La Asociación Multicultural de Migrantes de la Provincia de Petorca Entre Mundos, del ex candidato a concejal PPD por La Ligua, Erick Castillo, recibió $4.500.000 para el Festival de la Voz Migrante (sin redes sociales).
Las otras fundaciones beneficiadas fueron Fundación nacional para la superación de la pobreza (tres proyectos); la ONG Tejiendo Huellas, la Asociación gremial de la industria musical Imuva, la Fundación Vicente Huidobro, la Asociación Parque Cultural de Valparaíso y Centro Cultural Roberto Matta para las artes y la educación. Si bien en redes sociales, algunas de estas organizaciones también publican preferencias políticas, sus representantes no postularon a ningún cargo público.
Los proyectos de DD.HH
De los 17 convenios por trato directo hay cuatro que tienen relación con la memoria y derechos humanos.
Uno es “Espacio Fátima: memorias del estallido”, de la Corporación para la promoción, educación y defensa de los derechos fundamentales, Espacio Fátima, organización creada en abril de 2022 por la profesora de religión Jessica Acosta (PS). El proyecto, planteaba una investigación participativa en el sector Forestal de Viña del Mar, para contar el rol de la de la Iglesia de Fátima, a través de Espacio Fátima “durante la dictadura, para luego vincularlo al presente y la historia actual que se llevó a cabo desde el estallido social”.
Tras la investigación, el material se publicaría y lanzaría en una página web. La seremi entregó $4.166.666 en una cuota para este proyecto que se debería haber desarrollado entre noviembre de 2022 y marzo de este año. No han publicado nada al respecto en su cuenta de Instagram ni de Facebook.
La fundación Julio Guerra Olivares lleva el nombre de uno de los frentistas que protagonizaron el atentado a Augusto Pinochet que luego fue abatido en la Operación Albania. La organización se constituyó en febrero de 2020 y su proyecto se llama “Por el rescate de tu vida y dignidad”. Su objetivo es “generar acciones de reparación simbólica en tres familias” con parientes detenidos desaparecidos, por medio de encuentros con psicólogas, talleres y la creación de tres murales en homenaje a sus familiares frente a playa Carvallo, la Estación Barón, Av. España con Av. Argentina y en calle Progreso. Los trabajos se harían entre noviembre y abril de 2023 y contemplaban la inauguración y un acto artístico cultural. El aporte de la seremi fue de $4.166.666.
Un tercer convenio por $6.166.666 para desarrollarse entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, se realizó con la Corporación de memoria y cultura de Puchuncaví con el fin de recuperar un diorama que representaba “una escena de la historia del campo de prisioneros políticos Melinka-Puchuncaví”, con 25 figuras. Otro objetivo del proyecto era reforzar la seguridad del espacio.
Asimismo, se destinaron $4.166.666 a la Agrupación de beneficiarios de leyes de reparación política de Quilpué, reunida en el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS); para realizar “difusión de los hechos ocurridos en dictadura”.
Original de El Líbero
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