La acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, anunciada este martes por el Partido Republicano, pegó fuerte en el Gobierno. La arremetida contra el titular de Desarrollo Social vino a ahondar el ya complejo entramado que se vive en los pasillos de La Moneda, y en el propio despacho presidencial, respecto a cómo evitar que una eventual salida de Jackson del gabinete se transforme en una condena política por el «Caso Convenios» para quien es amigo personal del Presidente Gabriel Boric y uno de los fundadores del Frente Amplio.
El paso de los días -desde que estalló el caso Democracia Viva- han transformado en un calvario la estancia del ministro en La Moneda, quien pese a los cuestionamientos ha intentado mantener su agenda. De hecho, mientras se anunciaba la acusación en su contra, el ministro participaba de la comisión de Hacienda de la Cámara.
No es un misterio, reconocen en el oficialismo, lo difícil que se ha hecho la permanencia de Jackson. En el propio Gobierno se ha comenzado a hablar de la incomodidad que genera este escenario.
En algunas carteras del Ejecutivo y en conversaciones reservadas, se comenta incluso que mientras Jackson siga en el cargo, es difícil visibilizar lo que está haciendo el Gobierno en ese y en todos los demás ministerios.
Mientras, en el mundo parlamentario la presión interna al Ejecutivo para que el ministro renuncie se ha hecho cada vez más fuerte.
El dilema del Presidente Boric
La situación de Jackson, sin embargo, no sólo ha sido difícil para el oficialismo y los otros ministerios, sino, para el propio Presidente Boric, tanto en lo político, como en lo personal. Se trata de su amigo y compañero, con quien ha construido una historia política, y a quien Boric incluso sentiría le debe parte importante del estar hoy en La Moneda.
Sin embargo, tanto en el Gobierno como en el oficialismo dicen que hay conciencia de que la permanencia de Jackson no resiste mucho más, por lo que de forma soterrada la discusión interna estaría centrada en cómo construir el relato de su salida.
Cómo hacerlo es la pregunta que más apremia en el entorno más íntimo de La Moneda. Ahí sólo hay una claridad: el Presidente no está dispuesto a dejarlo caer como responsable o culpable del escándalo. «Sería condenar su carrera política», explican fuentes de Gobierno.
En las primeras semanas en que estalló el caso, incluso, en el Congreso se comentaba que la renuncia del ministro era una de las cartas que se barajaba, sin embargo, la presión de la oposición por su salida, y las acusaciones en su contra por la responsabilidad política en el caso, habrían frenado esa opción.
Otra posibilidad que ha estado puesta sobre la mesa, es un ajuste que incluyera a otras carteras, una vez que el caso ya haya declinado en intensidad, y bajo el relato de dar aire al Gobierno tras un desgaste natural.
Incluso, semanas atrás, relatan en el oficialismo, y en medio de algunas presiones del PS para que saliera Jackson, en el Gobierno y el FA le habrían hecho ver a esos sectores que si el ministro de Desarrollo Social tenía que salir por el caso, también lo debería hacer el ministro de Vivienda Carlos Montes. «O los dos, o ninguno», sería la consigna.
Otra fórmula que dicen se ha analizado en La Moneda es esperar para un ajuste hasta septiembre. En esa fecha se cumple el plazo para que aquellas autoridades que quieran competir en la próxima elección municipal y de gobernadores renuncien.
Este escenario también permitiría alejar una eventual salida de Jackson de una responsabilidad por el caso.
La acusación y el enredo en La Moneda
Sin embargo, en medio de la búsqueda de una «salida digna» para Jackson, en el oficialismo reconocen que la acusación constitucional que se presentará la próxima semana volvió a enredar todo.
Hasta antes del anuncio, en el oficialismo se había instalado nuevamente la idea de que la salida del ministro estaba cerca. «Había señales» en esa línea, dicen en el mundo parlamentario. Sin embargo, la arremetida republicana habría frenado todo.
“Las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. En este caso, creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por trabar y evitar que el gobierno saque adelante sus reformas», cuestionó esta semana el Mandatario.
La acusación, sin embargo, fue un golpe duro para La Moneda y para el propio ministro, que no esperaba que la oposición emprendiera una segunda arremetida acusatoria en su contra, luego de la derrota que sufrieron en enero y con el antecedente reciente de la fallida acusación contra el ministro de Educación.
Esta vez, sin embargo, el timing de la oposición fue más certero y con un objetivo preciso: No permitir que el ministro Jackson salga sin responsabilidad política del Gobierno.
En la oposición, de hecho, quienes estuvieron detrás de la arremetida, explican que la decisión se apuró luego de que hubiera señales de que el ministro podía renunciar.
Algo que alertó en el mundo político, fueron las declaraciones del ministro esa mañana del martes en la subcomisión mixta de presupuesto, donde reconoció la existencia de irregularidades en su cartera en el marco del caso convenios. Uno de ellos el caso que afecta a la Región de Atacama, y donde el propio ministro, una vez conocida la denuncia, ordenó un sumario en la Seremi de esa región.
La defensa que hizo el Presidente de Jackson, este miércoles, también fue leída como una defensa más resignada, donde no se apuntó directamente al ministro, lo que daría cuenta del ánimo en Palacio.
La presión del oficialismo para que Jackson renuncie
Esta vez, además, Chile Vamos se plegó a la ofensiva de republicanos rápidamente y poco a poco en el Ejecutivo se han empezado a contar los posibles apoyos que tendría la ofensiva en otros sectores, como el Partido de la Gente, algunos CDU, e incluso en el oficialismo.
Entre los parlamentarios de Gobierno aseguran que defender al ministro se está haciendo cada vez más difícil, al mismo tiempo que está trabando debates importantes y trayendo costos innecesarios a todo el sector.
Ante riesgo real que representa la acusación para los intentos de que Jackson no salga como el rostro del escándalo, en el oficialismo ya han comenzado a presionar interna y públicamente para que sea el propio secretario de Estado el que dé un paso al costado y que eso incluya a otras figuras de RD, como el jefe del segundo piso Miguel Crispi.
En el oficialismo, creen que el margen ya se está acabando y que la única opción de una salida menos compleja para el ministro es que él mismo ponga a disposición su cargo, bajo el argumento de que se ha transformado en un problema para la agenda del Gobierno. De hecho, dicen, esa decisión permitiría liberar al Presidente de una presión innecesaria.
«Cuando uno es parte de un equipo y está jugando un partido y se lesiona, uno mismo pide el cambio. Lo que ocurre con Jackson y Crispi es que ellos no pueden jugar bien y están afectando a todo el equipo. Esa es la reflexión que le pedimos. Ellos no tienen tiempo para dedicarse a las tareas de gobierno, no le podemos pedir que prescindan de ocuparse de sus problemas personales y por lo tanto tienen que preguntarse si son un activo para el gobierno o son un mochila muy pesada», explica a El Libero el diputado del PPD, Jaime Araya.
Entre los parlamentarios de Gobierno y el Ejecutivo se ha comentado incluso que en el caso de renunciar el ministro, el ánimo de republicanos sería no continuar adelante la acusación.
Original de El Líbero
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