La aguda crisis que vivió el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera a raíz del estallido social ha derivado estos días a un debate respecto a un presunto golpe de Estado «no tradicional». Así lo planteó recientemente el exmandatario en la previa al encuentro del Grupo Libertad y Democracia en Argentina.
La finalidad para Piñera era «debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia (…) estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo: iglesias, colegios, hospitales, monumentos, lo que se cruzara».
Lo anterior ocurrió días después de que el Mandatario Gabriel Boric destacara que «no tengo ninguna duda que el Presidente Piñera es un demócrata», en medio de la firma del documento por los 50 años del golpe de Estado.
Si bien la teoría del «golpe de Estado no tradicional» ha concitado opiniones encontradas, hay un incipiente consenso respecto a que existió un riesgo de un quiebre democrático en el contexto de las manifestaciones sociales.
«A partir del 18 de octubre, ciertos actores políticos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del Gobierno. Eso técnicamente es un intento de golpe de Estado. Fracasaron gracias a liderazgos que cooperaron en esas oscuras horas», señaló el ex director del INDH, Sergio Micco.
Además, Micco apuntó a los actores políticos que cooperaron para que el intento de golpe fracasara, mencionando que «el Presidente Gabriel Boric, que tuvo la valentía de firmar el solo el acuerdo del 15 de noviembre, eso lo enaltece, lo hace entrar en la historia de Chile; Jaime Quintana; Felipe Harboe, que junto a Gonzalo Blumel hicieron un esfuerzo enorme para llegar a un acuerdo; Isabel Allende cuando ella dijo que los Presidentes en Chile tenían que terminar sus mandatos».
Las dos AC
De lo anterior existieron múltiples alertas en la medida se iban presentando mociones desde el mundo parlamentario para viabilizar la salida el otrora Presidente.
Dentro de las más cuestionadas hasta hoy, están las dos acusaciones constitucionales contra Piñera. La primera de ellas, presentada en noviembre del 2019, buscó la destitución de su cargo de primer Mandatario y su inhabilidad para ejercer cualquier rol público por un plazo de cinco años, por su responsabilidad -según acusó la oposición- en las violaciones a los derechos humanos registradas en el estallido social.
En ese entonces, la diputada e impulsora del líbelo acusatorio, Carmen Hertz (PC), explicó que el documento se sustentaba en dos causales: la responsabilidad del jefe de Gobierno en las «graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el último mes y por haber comprometido gravemente el honor de la nación, dada la preocupación expresada por la comunidad internacional».
La acusación fue firmada por Hertz y Daniel Núñez (PC); Emilia Nuyado y Jaime Naranjo (PS); Tomás Hirsch (PH); Vlado Mirosevic (PL); Jorge Brito (RD); Gael Yeomans (CS); Carolina Marzán (PPD); Claudia Mix (Comunes) y Esteban Velásquez (FRVS).
La arremetida no prosperó en el hemiciclo de las y los diputados, al aprobarse la cuestión previa que invocó la defensa del Mandatario.
Un segundo intento tuvo lugar tras la publicación de los «Pandora Papers», filtración de datos financieros en paraísos fiscales que vinculaba a mandatarios y líderes de al menos 35 países. Las supuestas irregularidades perpetradas por Piñera -que motivaron el líbelo- se remontaban a la venta de la Minera Dominga -propiedad de la familia Piñera- al empresario y amigo del Presidente, Carlos Alberto Délano.
La oposición en bloque -en una cruzada que tuvo de protagonistas a Jaime Naranjo (PS) y Giorgio Jackson (RD) -logró aprobar la acusación en la Cámara. Ahora bien, el documento no corrió la misma suerte en el Senado, al no alcanzar el guarismo de los 2/3.
Recurso de inhabilidad
Otra arremetida ocurrió en abril del 2021 liderada por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). El partido requirió al Senado dar a conocer bajo qué mecanismo se puede declarar la inhabilidad del Presidente con el argumento de un impedimento físico o mental.
En esa fecha, el diputado Esteban Velásquez argumentó que los «registros están en conocimiento de todos los ciudadanos de todo el país; por ejemplo, ningún Presidente puede declararle la guerra a su país y el Presidente así lo ha hecho desde el día uno (…) Luego, cada vez que el Presidente interviene, los conceptos que usa son beligerantes y el lenguaje construye realidades. Entonces, él ha puesto una fuerza desmedida para un clima que no debería seguir cultivándose». En ese contexto, el constitucionalista Tomás Jordán advertía que «esto estresa las instituciones porque estamos iniciando un proceso constituyente y paralelamente evaluando si el Ejecutivo está inhabilitado mental o físicamente para apoyar el proceso».
«Lo que las instituciones requieren es que se fortalezcan este año. Entonces, veo riesgoso este recurso, que es improcedente, porque debe haber una inhabilidad mental fundada. Para este reproche político, está la acusación constitucional», añadió.
Del mismo modo, la investigadora de la CEP, Silvia Eyzaguirre, criticaba que «esta petición deja en evidencia la ausencia de valores democráticos en algunos representantes. La oposición intentó destituir al Presidente a través de una acusación y fracasaron y ahora, un grupo busca resquicios para vencer la democracia. Es grave, además de irresponsable».
Adelanto de elecciones
Quien lideró el llamado a precipitar la convocatoria a elecciones fue el entonces senador y excandidato presidencial, Alejandro Guillier. «Políticos y empresarios ven que esta situación es insostenible (…) Hay muchos que, aunque no lo quieran decir en público, ya admiten que esto no se sostiene dos años más», sostenía entonces.
Una propuesta que se allanó a estudiar el entonces presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín. «Me parece que es algo que debiéramos analizar, la posibilidad de anticipar elecciones para tener un Gobierno y un Parlamento de transición a la nueva Carta Fundamental».
Peticiones del PC
Los cuestionamientos del Partido Comunista hacia la permanencia de Piñera en el cargo, surgieron un día después de haber detonado el estallido social. El 19 de octubre del 2019, el timonel de la tienda política, Guillermo Teillier, hizo el primer llamado.
«Si no tiene capacidad de gobernar, lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones ahora y que el pueblo, con el sentimiento que tiene hoy día, elija a un nuevo gobernante», sostuvo.
Plegándose a las declaraciones, la diputada Karol Cariola insistió vía Twitter en que «Piñera debe salir. Por su voluntad o acusación constitucional».
Consignas contra el Gobierno
Al margen del mundo político, la remoción del Presidente también se empujaba desde la sociedad civil organizada. En el Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT) se levantó la consigna de que «debemos preparar la gran huelga general y un plan de lucha hasta que caiga Piñera».
A su vez, el ex mirista, Jaime Castillo Petruzzi, durante la promoción del libro Chem Ka Rakiduam. Pensamiento y acción de la CAM -actividad que se realizó junto al líder del movimiento, Héctor Llaitul- afirmó que no habría solución posible si es que no se hacía «colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, que son las Fuerzas Armadas y la policía».
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